El crimen, generalmente, es desconcertante; los delitos sexuales son, por cierto, absolutamente desconcertantes. La cautela de los jueces ante el shock que causa el asesinato de Micaela García muestra que el Poder Judicial no las tiene todas consigo, pero el resto de la sociedad, tampoco. El fiscal del caso, Ignacio Telenta, afirmó que "todos los delitos que se le atribuyen a Sebastián Wagner tienen pena de prisión perpetua". El detenido acumula dos condenas por violación. En una tercera denuncia pudo acceder al "beneficio de la duda", a pesar de que la víctima lo señaló a él y el ADN lo condenaba. Se salvó porque tiene un hermano gemelo con el mismo dato genético. Ese hermano y la madre de Wagner son mucho más severos que el juez Carlos Rossi, quien lo dejó salir en libertad antes de cumplir la mitad de la pena y desoyendo los dictámenes periciales. Los jueces de Ejecución, muchas veces, parecen encandilarse con los presos y velar más por sus derechos que por los de la gente que vive en paz con el mundo. Wagner no es un hombre en conflicto con la ley. Es un delincuente. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. La contemplación que merece quien delinque una vez no cabe para quien hace del crimen un modo de vida. La experiencia de la represión ilegal durante la dictadura militar, cuando el aparato del terrorismo de Estado prescindió de la ley y de los valores y se transformó en una maquinaria criminal, alimentó lo que hoy erróneamente se llama "garantismo". El verdadero nombre es el abolicionismo, una filosofía deshumanizante que convierte a la sociedad en culpable y al criminal en víctima. Quienes se embelesan con esa narrativa romántica terminan negando al criminal la condición humana. Le quieren asegurar la libertad física pero lo privan de la libertad sicológica. Esta visión frívola llega a un extremo patético. El jefe del servicio penitenciario del kirchnerismo Víctor Hortel fundó en las cárceles el Vatayón Militante y en 2012 se disfrazó de Hombre Araña, acompañado de otros funcionarios caracterizados como héroes de historieta para una celebración en la cárcel de Villa Devoto. Entre los militantes del Vatayón se contaban el músico de Callejeros Eduardo Vásquez, femicida de Wanda Taddei, y el barra de River Rubén "Oveja" Pintos, con perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro. Los funcionarios deberían tomar en cuenta la advertencia de Carlos Marx: la historia es una tragedia que puede convertirse en farsa. La exjueza salteña María Cristina Garros Martínez demostró una ejemplar libertad de criterio en un caso de violencia de género. Enfrentó a todo el sistema judicial provincial y condenó a un hombre wichi que había embarazado a su hijastra. El resto de los jueces lo absolvía por razones culturales. El caso llegó a la Suprema Corte que le dio la razón a Cristina Garros. La vergenza que causan los atropellos que sufrieron y sufren las comunidades originarias también tiene consecuencias machistas y aberrantes. "Es un precedente nefasto. No es cierto que nuestra cultura esté a favor de las relaciones prematuras ni tampoco del incesto. Basándose en el desconocimiento, la Corte (salteña) no hizo más que profundizar la discriminación de la que somos víctimas las mujeres de los pueblos originarios", denunció entonces la dirigente wichi Octorina Zamora. La historia se convierte en farsa cuando se la frivoliza. El abogado Eugenio Zaffaroni, destacado por sus escritos téoricos de alto vuelo académico, pero también por sus fallos absurdos a favor de los delincuentes, quedó en el ojo de la tormenta. Un discípulo suyo, el juez Axel López, en 2009 otorgó salidas transitorias a un violador, Pablo Marcelo Díaz, que aprovechó el beneficio para matar de 26 puñaladas a la joven Soledad Bargna. El Consejo de la Magistratura lo dejó pasar. Pero Axel López, encandilado por el abolicionismo, en 2012, le dio la libertad condicional al violador Juan Ernesto Cabeza. Al mes de su liberación, Cabeza mató a la joven Tatiana Kolodziez. Zaffaro ni fue defensor de Axel López.
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El crimen, generalmente, es desconcertante; los delitos sexuales son, por cierto, absolutamente desconcertantes. La cautela de los jueces ante el shock que causa el asesinato de Micaela García muestra que el Poder Judicial no las tiene todas consigo, pero el resto de la sociedad, tampoco. El fiscal del caso, Ignacio Telenta, afirmó que "todos los delitos que se le atribuyen a Sebastián Wagner tienen pena de prisión perpetua". El detenido acumula dos condenas por violación. En una tercera denuncia pudo acceder al "beneficio de la duda", a pesar de que la víctima lo señaló a él y el ADN lo condenaba. Se salvó porque tiene un hermano gemelo con el mismo dato genético. Ese hermano y la madre de Wagner son mucho más severos que el juez Carlos Rossi, quien lo dejó salir en libertad antes de cumplir la mitad de la pena y desoyendo los dictámenes periciales. Los jueces de Ejecución, muchas veces, parecen encandilarse con los presos y velar más por sus derechos que por los de la gente que vive en paz con el mundo. Wagner no es un hombre en conflicto con la ley. Es un delincuente. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. La contemplación que merece quien delinque una vez no cabe para quien hace del crimen un modo de vida. La experiencia de la represión ilegal durante la dictadura militar, cuando el aparato del terrorismo de Estado prescindió de la ley y de los valores y se transformó en una maquinaria criminal, alimentó lo que hoy erróneamente se llama "garantismo". El verdadero nombre es el abolicionismo, una filosofía deshumanizante que convierte a la sociedad en culpable y al criminal en víctima. Quienes se embelesan con esa narrativa romántica terminan negando al criminal la condición humana. Le quieren asegurar la libertad física pero lo privan de la libertad sicológica. Esta visión frívola llega a un extremo patético. El jefe del servicio penitenciario del kirchnerismo Víctor Hortel fundó en las cárceles el Vatayón Militante y en 2012 se disfrazó de Hombre Araña, acompañado de otros funcionarios caracterizados como héroes de historieta para una celebración en la cárcel de Villa Devoto. Entre los militantes del Vatayón se contaban el músico de Callejeros Eduardo Vásquez, femicida de Wanda Taddei, y el barra de River Rubén "Oveja" Pintos, con perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro. Los funcionarios deberían tomar en cuenta la advertencia de Carlos Marx: la historia es una tragedia que puede convertirse en farsa. La exjueza salteña María Cristina Garros Martínez demostró una ejemplar libertad de criterio en un caso de violencia de género. Enfrentó a todo el sistema judicial provincial y condenó a un hombre wichi que había embarazado a su hijastra. El resto de los jueces lo absolvía por razones culturales. El caso llegó a la Suprema Corte que le dio la razón a Cristina Garros. La vergenza que causan los atropellos que sufrieron y sufren las comunidades originarias también tiene consecuencias machistas y aberrantes. "Es un precedente nefasto. No es cierto que nuestra cultura esté a favor de las relaciones prematuras ni tampoco del incesto. Basándose en el desconocimiento, la Corte (salteña) no hizo más que profundizar la discriminación de la que somos víctimas las mujeres de los pueblos originarios", denunció entonces la dirigente wichi Octorina Zamora. La historia se convierte en farsa cuando se la frivoliza. El abogado Eugenio Zaffaroni, destacado por sus escritos téoricos de alto vuelo académico, pero también por sus fallos absurdos a favor de los delincuentes, quedó en el ojo de la tormenta. Un discípulo suyo, el juez Axel López, en 2009 otorgó salidas transitorias a un violador, Pablo Marcelo Díaz, que aprovechó el beneficio para matar de 26 puñaladas a la joven Soledad Bargna. El Consejo de la Magistratura lo dejó pasar. Pero Axel López, encandilado por el abolicionismo, en 2012, le dio la libertad condicional al violador Juan Ernesto Cabeza. Al mes de su liberación, Cabeza mató a la joven Tatiana Kolodziez. Zaffaro ni fue defensor de Axel López.