Hacía solo tres días que Juan Pablo II había dejado el país, luego de presidir en Buenos Aires la ceremonia de Domingo de Ramos. Fue entonces cuando en Córdoba estalló lo que hoy se conoce como el “levantamiento de Semana Santa”, ocurrido en abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Al fonsín.
Como decíamos, hacía prácticamente horas nomás que un papa, en siglos, había iniciado Semana Santa lejos de los límites de la Ciudad Eterna. Por aquí aún se agitaban las palmas del Domingo de Ramos, cuando el ministro de Defensa Nacional, José Horacio Jaunarena, dispuso dar de baja al mayor Ernesto Guillermo Barreiro. La causa: no presentarse a declaración ante la Cámara Federal de Córdoba, que lo investigaba por presuntos delitos de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Fue un hecho gravísimo, pues era la primera baja que disponía el Ejecutivo nacional a un integrante de las Fuerzas Armadas.
Pero hubo más: Barreiro fue declarado en rebeldía y se le libró una orden de captura.
Ese mismo día, el fiscal federal Juan Romero Victorica, que tenía a su cargo la acusación contra “el jefe de la organización terrorista ‘Montoneros’, Mario Firmenich”, tomaba declaraciones a los periodistas Juan José Salinas y Jesús Iglesias Rouco.
Estalla el conflicto
Al día siguiente, el 16 de abril de 1987, el país supo que el mayor Barreiro había protagonizado el episodio más grave desde el advenimiento de la democracia: provocar el acuartelamiento del Regimiento de Infantería Aerotransportada, con asiento en Córdoba.
De inmediato, esta rebelión militar desencadenó en todo el país un aluvión de pronunciamientos en defensa de la democracia y repudiando la indisciplina militar. Surgieron espontáneamente desde todos los sectores: partidos políticos, organizaciones sindicales, empresarias, eclesiásticas y de todos los ámbitos nacionales.
La CGT, encabezada por Saúl Ubaldini, -hoy más recordado por los 13 paros que por su defensa de la democracia- fue la primera organización gremial que manifestó su “ decisión de defender la plena vigencia de la Constitución y de la ley”. De inmediato, el secretariado cegetista en pleno se reunió con el titular del Ministerio de Trabajo, el salteño Carlos Alderete, quien resaltó ante el país “la rápida reacción del movimiento obrero en defensa de las instituciones democráticas”.
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Hacía solo tres días que Juan Pablo II había dejado el país, luego de presidir en Buenos Aires la ceremonia de Domingo de Ramos. Fue entonces cuando en Córdoba estalló lo que hoy se conoce como el “levantamiento de Semana Santa”, ocurrido en abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Al fonsín.
Como decíamos, hacía prácticamente horas nomás que un papa, en siglos, había iniciado Semana Santa lejos de los límites de la Ciudad Eterna. Por aquí aún se agitaban las palmas del Domingo de Ramos, cuando el ministro de Defensa Nacional, José Horacio Jaunarena, dispuso dar de baja al mayor Ernesto Guillermo Barreiro. La causa: no presentarse a declaración ante la Cámara Federal de Córdoba, que lo investigaba por presuntos delitos de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Fue un hecho gravísimo, pues era la primera baja que disponía el Ejecutivo nacional a un integrante de las Fuerzas Armadas.
Pero hubo más: Barreiro fue declarado en rebeldía y se le libró una orden de captura.
Ese mismo día, el fiscal federal Juan Romero Victorica, que tenía a su cargo la acusación contra “el jefe de la organización terrorista ‘Montoneros’, Mario Firmenich”, tomaba declaraciones a los periodistas Juan José Salinas y Jesús Iglesias Rouco.
Estalla el conflicto
Al día siguiente, el 16 de abril de 1987, el país supo que el mayor Barreiro había protagonizado el episodio más grave desde el advenimiento de la democracia: provocar el acuartelamiento del Regimiento de Infantería Aerotransportada, con asiento en Córdoba.
De inmediato, esta rebelión militar desencadenó en todo el país un aluvión de pronunciamientos en defensa de la democracia y repudiando la indisciplina militar. Surgieron espontáneamente desde todos los sectores: partidos políticos, organizaciones sindicales, empresarias, eclesiásticas y de todos los ámbitos nacionales.
La CGT, encabezada por Saúl Ubaldini, -hoy más recordado por los 13 paros que por su defensa de la democracia- fue la primera organización gremial que manifestó su “ decisión de defender la plena vigencia de la Constitución y de la ley”. De inmediato, el secretariado cegetista en pleno se reunió con el titular del Ministerio de Trabajo, el salteño Carlos Alderete, quien resaltó ante el país “la rápida reacción del movimiento obrero en defensa de las instituciones democráticas”.
Los partidos políticos rechazan la rebelión militar en Córdoba
La UCR, el partido del gobierno, ordenó a todos sus comités provinciales a que sean “protagonistas de distintas movilizaciones en repudio de un grupo de conspiradores”. “El mayor Barreiro -dijo en un comunicado- deberá ahora comparecer ante la Justicia no solo por su participación en el terrorismo de Estado, sino también por desobedecer a un tribunal de Justicia”. Más adelante la UCR señaló: “El dilema de hoy es democracia o dictadura, y la acción de ahora pasa por defender lo que tanto nos costó conseguir”.
Justicialismo
El Partido Justicialista, presidido por el catamarqueño Leonidas Saadi, además de repudiar la rebeldía de Barreiro, emitió un documento denominado “Al pueblo argentino”. Allí sostuvo que “la anacrónica rebeldía de algunos puede afectar la estabilidad de las instituciones republicanas, y debe ser lamentada y repudiada”. Más adelante agregó “los hechos de Córdoba deben hacernos recordar la prédica de nuestro líder: ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.
Renovadores
A su vez, el peronismo Renovador presidido por Antonio Caffiero, le dio personalmente al presidente Alfonsín “su apoyo y solidaridad ante cualquier intento de rozar las instituciones y la investidura presidencial”. Y ante la prensa declaró: “Estuvimos con el presidente para transmitirle nuestra solidaridad con el sistema democrático. Este es un viejo compromiso que los peronistas renovadores hemos asumido con el país y con la historia...”. Y finalizó: “Vinimos a ver al presidente para explicitarle nuestra absoluta y total decisión de respaldar la democracia y la investidura que tiene por mandato del pueblo argentino”.
Fuerte apoyo de otras organizaciones
La Comisión Nacional Justicia y Paz, instituida por la Conferencia Episcopal Argentina, de la Iglesia Católica, envió un telegrama al presidente Alfonsín. En el que le expresó “ante el grave caso de insubordinación comunica su firme adhesión al estado de derecho”. Con la firma de monseñor Esteban de Nevares, recuerda el “reciente y claro llamado a la justicia, la paz y la reconciliación que Juan Pablo II acaba de hacer en su histórica visita a la Argentina”
La Confederación General Económica del República Argentina también dio a conocer su parecer. Su titular, Jorge David, expreso la “decisión de movilizar al sector industrial, de la producción, comercio y servicios, a efectos de expresar su adhesión activa a la resolución presidencial de no negociar las instituciones democráticas de la Nación ni aceptar que se afecte la dignidad institucional...”.
Condena internacional
Desde el exterior también se condenó la rebelión. Desde España, Felipe González dio su apoyo en favor de la Constitución y la democracia argentina. De Brasil, el presidente José Sarney también expresó su solidaridad personal y del pueblo brasileño, recalcando “que la democracia no se negocia”.
El presidente José Sanguinetti, de Uruguay, dio su “solidaridad ante la rebeldía militar y su apoyo a la democracia argentina”. También se solidarizaron Perú, Cuba, Nicaragua, Paraguay, Colombia, Alemania Federal e Italia.
La repercusión en la provincia
El 16 de abril por la tarde, y ante el cariz que tomaban los acontecimientos en Córdoba, en Salta legisladores y dirigentes de todos los partidos participaron de una asamblea cívica en la Legislatura. La presidió el gobernador Roberto Romero y todos coincidieron en respaldar el sistema democrático. Los discursos fueron verdaderas convocatorias a la defensa de la voluntad popular y el inmediato acatamiento de las FFAA a la Constitución, calificando de “grupo minoritario” a los rebeldes de Córdoba.
Participaron de aquella histórica reunión cívica el gobernador Roberto Romero, Hernán Cornejo, Oscar Folloni, José Yáñez, Alfredo Musalem, Carlos María Cornejo Costa, Abel Mónico Saravia, Hugo Sarmiento Villa, Fernando Chamorro, Oscar Chavez Díaz, Ana María Giacosa, Humberto Bassalo, Juan Carlos Gottifredi, Luis Borelli, Juan Carlos Castiella, Alberto Espeche, César Alvarez, Santos Jacinto Dávalos y Daniel Isa. Luego se elaboró un documento que todos rubricaron. Al final los asambleístas participaron de una concentración en la plaza Güemes, frente a la Legislatura, epicentro aquel día de la política salteña.
Las apostilas
El exteniente coronel Aldo Rico fue detenido en una unidad del Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo, a cargo del director del Instituto, general Augusto Vidal.
Adhesión al Gobierno nacional. Ante los acontecimientos de Semana Santa, Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT, declaró un paro general por tiempo indeterminado.
“Sigue la democracia” dijo Romero. Desde el balcón de Mitre 23, el gobernador Romero dijo: “Hoy, después escuchar al presidente Alfonsín puedo decir: la democracia continua”.