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Las entidades rurales piden definiciones en el uso de los bosques

La paciencia de la dirigencia agropecuaria salteña está al límite ante la incertidumbre por el ordenamiento territorial.
Domingo, 02 de abril de 2017 00:00

Pablo Ferrer [email protected]

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La paradoja de que cambia todo para que nada cambie, cada vez está más presente entre los dirigentes de las entidades rurales locales. La falta de definiciones de la Provincia sobre una readecuación en el uso de las zonas protegidas por la ley nacional de bosques los mantiene en una situación de incertidumbre.

A ello se suma las recientes declaraciones a El Tribuno del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. El miércoles pasado afirmó que no vislumbra "ningún argumento técnico" para modificar el ordenamiento territorial que se dispuso en Salta. En esa zonificación se pintó el mapa provincial en tres colores (rojo, amarillo y verde) para restringir o habilitar la utilización productiva de tierras de acuerdo un valor ambiental que se les asignó.

Así, más de cinco millones de hectáreas quedaron categorizadas como amarillas, donde no pueden haber emprendimientos agrícolas y ganaderos intensivos. De esa superficie, unas dos millones de hectáreas comprende gran parte de Rivadavia y el este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.

El pedido de la dirigencia rural es justamente que se redefinan las zonas productivas en esos departamentos, que tienen grandes posibilidades de desarrollo agrario de no ser por el cepo de la ley de bosques. Consideran, además, que es la única vía de solución, factible, para la postergación del Chaco salteño.

Repudio

"Las declaraciones del ministro Bergman son extremadamente irresponsables, porque él no tiene ninguna injerencia sobre la ley provincial", sostuvo a este diario el titular de la asociación de productores Prograno, Ezequiel Vedoya.

En contraposición al funcionario nacional, Vedoya sostuvo que "no hay ningún sustento técnico para pintar la provincia como la pintaron".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Lucas Elizalde, insistió en que se debe rever el ordenamiento territorial. "Se tiene que pintar a la provincia de acuerdo a su actitud productiva y al real valor de conservación de los bosques. Hoy lo que está pintado de amarillo son los bosques que menos valor tienen y donde hay zonas de alta capacidad productiva", consideró.

En esa línea, el presidente de Prograno resaltó que desde que se reguló la ley de bosques en Salta, en diciembre de 2008, "no se pudo producir ni conservar los bosques y tampoco se generó trabajo y hay unos índices de pobreza en el interior de la provincia gravísimos".

Trabajar en el amarillo

En el Gobierno provincial se inclinan más por buscar alternativas de producción en las zonas pintadas de amarillo a que habilitar parte de ellas a la producción intensiva y volver a someterse, de esa forma, a las críticas que las organizaciones ambientalistas hicieron en los primeros años de la aplicación de la ley de bosques en Salta, cuando se otorgaban permisos, de manera discrecional, por predios.

Se estudian proyectos para el manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI), aunque todo está en fase "teórica", como reconoció días atrás el secretario de Industria provincial, Diego Dorigato.

Entre la Sociedad Rural, Prograno y Federsal presentaron una propuesta al respecto. Apuntan a que en los campos incluidos en el amarillo se deje un 50% sin intervenir, otro 10% se desmonte para forraje y el 40% restante hacer un desbarejado para la permanencia del ganado.

"La propuesta de la producción está avalado por técnicos de renombre, donde se demuestra que es mucho más conservacionista dividir en el mismo predio pero en espacios diferentes la actividad productiva de la actividad ambiental. No como lo que propone la Provincia que es que se hagan las dos actividades en el mismo tiempo y espacio", explicó el expresidente de Federsal, Carlos Segón.

Sobre esa iniciativa hubo pocos avances, aunque fue vista con buenos ojos por parte de la autoridades provinciales. Falta el proceso de pasar a la práctica lo que se pregona.

 

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