Con el crimen de Micaela García sufrimos nuevamente las profundas huellas dejadas por la influencia de la filosofía abolicionista y del exjuez Eugenio Zaffaroni. Una vez más, se invirtieron los términos; la sociedad de gente común y "sin conflicto con la ley", en lugar de ser víctima de los criminales, pasa a ser considerada victimaria. Se invierte el orden, porque se defiende la muerte y se condena la vida. Es imprescindible desterrar ese mal llamado "garantismo". La balanza de la Justicia no puede volcarse a favor del delincuente, porque esa es la mejor manera de destruir a la Justicia. Otorgar una libertad condicional desatendiendo un informe técnico criminológico que desaconseja hacerlo es impropio de un juez. La única manera de entender estas concesiones es asumir una postura de trato privilegiado ante el acusado. La misma celebración de un juicio abreviado, modalidad por la cual se acuerda la pena entre el fiscal, quien tiene a su cargo la acción penal y el defensor del imputado, es en definitiva una forma de beneficio injustificado para el imputado, ya que dicho sistema debería estar reservado solamente para aquellos que delinquen esporádicamente y sin graves daños sobre bienes o personas, pero usar este mecanismo para alivianar la pena y su cumplimiento a un violador es a todas luces una concesión inaceptable para quienes creemos que a la delincuencia se la combate, entre otras cosas, con sentencias justas y ejemplificadoras. La desaparición, violación y asesinato de la joven Micaela García indigna a todo el país porque ya es antigua la exigencia por parte de la ciudadanía de que los funcionarios judiciales asuman una postura firme frente al delito, donde se sancione los actos criminales de una forma implacable. A tal punto llegó la magnitud del error conceptual en el que está sumido el poder judicial que a las marchas y manifestaciones de repudio de ciudadanos comunes también se sumó la intervención del Papa Francisco que se comunicó con los padres de Micaela, o las expresiones públicas de nuestro Presidente Mauricio Macri reclamando más seriedad y compromiso a quienes tienen tan delicadas tareas. Estos resultados tan dolorosos e irremediables que conmueven a toda la población tienen un responsable. El juez Carlos Alfredo Rossi es una prueba palpable de que no nos equivocamos cuando hablamos de esta mala interpretación que se hace del Derecho Penal por la injerencia de visiones erradas. Quitarle a la pena su carácter de castigo es un error doctrinario nefasto para todo el sistema judicial ya que conduce a desnaturalizar la función esencial de la condena penal.
inicia sesión o regístrate.
Con el crimen de Micaela García sufrimos nuevamente las profundas huellas dejadas por la influencia de la filosofía abolicionista y del exjuez Eugenio Zaffaroni. Una vez más, se invirtieron los términos; la sociedad de gente común y "sin conflicto con la ley", en lugar de ser víctima de los criminales, pasa a ser considerada victimaria. Se invierte el orden, porque se defiende la muerte y se condena la vida. Es imprescindible desterrar ese mal llamado "garantismo". La balanza de la Justicia no puede volcarse a favor del delincuente, porque esa es la mejor manera de destruir a la Justicia. Otorgar una libertad condicional desatendiendo un informe técnico criminológico que desaconseja hacerlo es impropio de un juez. La única manera de entender estas concesiones es asumir una postura de trato privilegiado ante el acusado. La misma celebración de un juicio abreviado, modalidad por la cual se acuerda la pena entre el fiscal, quien tiene a su cargo la acción penal y el defensor del imputado, es en definitiva una forma de beneficio injustificado para el imputado, ya que dicho sistema debería estar reservado solamente para aquellos que delinquen esporádicamente y sin graves daños sobre bienes o personas, pero usar este mecanismo para alivianar la pena y su cumplimiento a un violador es a todas luces una concesión inaceptable para quienes creemos que a la delincuencia se la combate, entre otras cosas, con sentencias justas y ejemplificadoras. La desaparición, violación y asesinato de la joven Micaela García indigna a todo el país porque ya es antigua la exigencia por parte de la ciudadanía de que los funcionarios judiciales asuman una postura firme frente al delito, donde se sancione los actos criminales de una forma implacable. A tal punto llegó la magnitud del error conceptual en el que está sumido el poder judicial que a las marchas y manifestaciones de repudio de ciudadanos comunes también se sumó la intervención del Papa Francisco que se comunicó con los padres de Micaela, o las expresiones públicas de nuestro Presidente Mauricio Macri reclamando más seriedad y compromiso a quienes tienen tan delicadas tareas. Estos resultados tan dolorosos e irremediables que conmueven a toda la población tienen un responsable. El juez Carlos Alfredo Rossi es una prueba palpable de que no nos equivocamos cuando hablamos de esta mala interpretación que se hace del Derecho Penal por la injerencia de visiones erradas. Quitarle a la pena su carácter de castigo es un error doctrinario nefasto para todo el sistema judicial ya que conduce a desnaturalizar la función esencial de la condena penal.