Una frustrada elección de magistrados escribe en estos días un capítulo negro en la historia institucional de Salta. El escándalo por aparente favoritismo en la selección de cinco camaristas civiles no quedó clausurado con el fallo de la Corte ad hoc, que ratificó la decisión de Juan Manuel Urtubey de llamar a nuevos concursos.
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Una frustrada elección de magistrados escribe en estos días un capítulo negro en la historia institucional de Salta. El escándalo por aparente favoritismo en la selección de cinco camaristas civiles no quedó clausurado con el fallo de la Corte ad hoc, que ratificó la decisión de Juan Manuel Urtubey de llamar a nuevos concursos.
Hoy la sombra de la sospecha se desparrama en varias direcciones, y entre los protagonistas que han quedado bajo sospecha figuran el presidente del Consejo de la Magistratura, Abel Cornejo; los representantes del Colegio de Abogados y hasta la misma Justicia.
El presidente del Colegio, Humberto Burgos, adelantó por Radio Salta que los tres representantes de esa institución en el Consejo podrían presentar su dimisión. Entre ellos se cuenta el expresidente de la entidad, Eduardo Romani. Dijo Burgos que la "honorabilidad" de los letrados se vio afectada por el rechazo del gobernador Urtubey a las ternas.
El escándalo se produjo cuando, a mediados de marzo, una de las concursantes, Marcela Von Fischer, presentó un recurso de amparo ante la jueza Mónica Mudski objetando el llamado de un solo concurso para cinco cargos, cuando se entiende que debían ser un concurso por cada cargo. Además, decía, dos postulantes, María Alejandra Gauffin y María Victoria Mossman, tenían conocimiento de un caso que había sido materia de examen.
Simultáneamente, el diputado Carlos Raúl Zapata remitió un escrito ante el Consejo de la Magistratura para solicitar la anulación de la evaluación. De ese modo se incorporaba un nuevo episodio en la larga saga de denuncias en torno de la selección de jueces.
Una situación soprendente
El exsenador nacional Ricardo Gómez Diez sintetizó ayer la situación generada por este conflicto: "Es insólito que al definirse los temas de examen se pasa una anomalía tan grave, como que dos de los concursantes hayan tenido la posibilidad de conocer el caso de examen con antelación".
Gómez Diez consideró también que estas cosas ocurren porque "la oposición no tiene representación en el Consejo y porque los exámenes no son tomados por especialistas con conocimientos técnicos".
El tema es tan serio que parece imperiosa una revisión institucional. La ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, aseguró que "no está cerrado el tema, ya que se debe dar tranquilidad a los ciudadanos de que la Justicia es transparente y que se puede confiar en ella". Calletti propuso "una reforma normativa, buenas prácticas legislativas, administrativas y otras herramientas posibles".
Pero el caso raya en el conflicto de poderes. El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy, que presidió el concurso, afirmó en una radio que "los jueces no trabajan", lo que le valió un formidable repudio de la Asociación de Jueces de la Provincia. Ni Godoy ni ninguno de los diputados que integran el Consejo de la Magistratura insinuaron la posibilidad de renunciar ni de repudiar el decreto del gobernador.