El Comité contra la Tortura de la ONU mostró hoy su preocupación por "la práctica recurrente de la tortura y el maltrato" en las unidades carcelarias argentinas y la reclamó al Gobierno que tome medidas "urgentes" para evitar esos tormentos.
Según informó hoy la agencia EFE, la ONU cuenta con denuncias sobre violencia institucional contra los reclusos al ingresar a las cárceles y "otras prácticas de asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, así como castigos colectivos gravosos".
El comité puntualizó también que existen "traslados arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto".
A partir de esos informes, el comité de la ONU planteó que el Estado argentino debe tomar medidas "urgentes para evaluar las prácticas de torturas y maltrato en los centros de detención a nivel federal y provincial".
Otras exigencias para el Gobierno son que "reafirme de forma inequívoca la prohibición absoluta de la tortura", que investigue "sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención" y que garantice, cuando sea posible, que los reclusos sean alojados en cárceles cercanas a sus hogares.
El informe de la ONU es el resultado de un análisis sobre la situación en las cárceles del país que el comité realizó el 26 y 27 de abril, en Ginebra, una evaluación no se realizaba desde el año 2004. Puso la lupa sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura.
Para arribar a sus conclusiones, el comité de Naciones Unidas analizó un informe presentado por el Gobierno y dialogó con una delegación oficial que planteó las medidas y esfuerzos del país en la materia. El secretario de Derechos Humanos fue parte de esa comitiva, que integró también la senadora Marta Varela (Cambiemos), quien preside la comisión bicameral de Defensoría del Pueblo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entregó al comité "un informe alternativo" sobre "las situaciones de abuso" que padecen las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Argentina.
Según el comité reunido en Ginebra, a partir de 2009 se registró un incremento incesante de la población carcelaria, lo que redundó en cárceles colapsadas y, en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, una situación de emergencia penitenciaria. A fines del año pasado, la Legislatura bonaerense ratificó la vigencia de esa emergencia.
En ese marco, rechazó las detenciones en comisarías. El comité criticó la práctica "de alojar a personas detenidas de forma prolongada en dependencia policiales por no estar preparadas para ese fin".
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El Comité contra la Tortura de la ONU mostró hoy su preocupación por "la práctica recurrente de la tortura y el maltrato" en las unidades carcelarias argentinas y la reclamó al Gobierno que tome medidas "urgentes" para evitar esos tormentos.
Según informó hoy la agencia EFE, la ONU cuenta con denuncias sobre violencia institucional contra los reclusos al ingresar a las cárceles y "otras prácticas de asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, así como castigos colectivos gravosos".
El comité puntualizó también que existen "traslados arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto".
A partir de esos informes, el comité de la ONU planteó que el Estado argentino debe tomar medidas "urgentes para evaluar las prácticas de torturas y maltrato en los centros de detención a nivel federal y provincial".
Otras exigencias para el Gobierno son que "reafirme de forma inequívoca la prohibición absoluta de la tortura", que investigue "sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención" y que garantice, cuando sea posible, que los reclusos sean alojados en cárceles cercanas a sus hogares.
El informe de la ONU es el resultado de un análisis sobre la situación en las cárceles del país que el comité realizó el 26 y 27 de abril, en Ginebra, una evaluación no se realizaba desde el año 2004. Puso la lupa sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura.
Para arribar a sus conclusiones, el comité de Naciones Unidas analizó un informe presentado por el Gobierno y dialogó con una delegación oficial que planteó las medidas y esfuerzos del país en la materia. El secretario de Derechos Humanos fue parte de esa comitiva, que integró también la senadora Marta Varela (Cambiemos), quien preside la comisión bicameral de Defensoría del Pueblo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entregó al comité "un informe alternativo" sobre "las situaciones de abuso" que padecen las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Argentina.
Según el comité reunido en Ginebra, a partir de 2009 se registró un incremento incesante de la población carcelaria, lo que redundó en cárceles colapsadas y, en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, una situación de emergencia penitenciaria. A fines del año pasado, la Legislatura bonaerense ratificó la vigencia de esa emergencia.
En ese marco, rechazó las detenciones en comisarías. El comité criticó la práctica "de alojar a personas detenidas de forma prolongada en dependencia policiales por no estar preparadas para ese fin".
El 60 por ciento de los presos en la Argentina está con prisión preventiva, según el informe de evaluación de la ONU. La duración de las detenciones bajo ese régimen es "excesiva", señaló el comité, que marcó como preocupante un proyecto legislativo que eliminaría "el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos", porque conspiraría contra la reinserción social.
Otro de los puntos criticados por la ONU es "el elevado número de muertes en detención" que, según cifras oficiales, ascendió a un promedio de 43 anuales en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016.