La empresa Barrick Gold intenta contrarreloj apartar al juez federal Sebastián Casanello, ya que el magistrado se encaminaría a cerrar los emprendimientos mineros a raíz de la contaminación provocada y ante la violación de la Ley de Glaciares que realiza la firma con los proyectos de las minas "El veladero" y "Lama", ambos en la provincia de San Juan.
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La empresa Barrick Gold intenta contrarreloj apartar al juez federal Sebastián Casanello, ya que el magistrado se encaminaría a cerrar los emprendimientos mineros a raíz de la contaminación provocada y ante la violación de la Ley de Glaciares que realiza la firma con los proyectos de las minas "El veladero" y "Lama", ambos en la provincia de San Juan.
Fernando Hugo Giannoni, presidente de Barrick Gold, presentó esta semana un escrito solicitando la nulidad de la causa que tiene en su poder el juez Casanello, quien ante la prueba que colectó ya adelantó que los sucesivos derrames de productos contaminantes por parte de la empresa "obligan a considerar de modo definitivo su cierre".
Tras el primer derrame de un millón de litros de agua cianurada en septiembre de 2015, Casanello comenzó a investigar la presunta responsabilidad de funcionarios provinciales y federales ante la falta de control de la actividad de la mina, algo que quedó en evidencia cuando se suscitaron otros dos acontecimientos similares.
No obstante, abruptamente la Corte Suprema de Justicia en 2017 le quitó la causa a Casanello al considerar que debía investigarse por una cuestión de competencia en el juzgado de Jáchal, San Juan. En el juzgado provincial la causa está paralizada, en tanto que la "Asamblea Jáchal no se toca" volvió a presentarse ante Casanello ampliando la denuncia original, pues entendió que la Barrick Gold podía estar violando la ley de protección de zonas glaciares y preglaciares, lo que constituye un delito federal.
"La producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad los que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados", consideró Casanello en una resolución de principios de abril.
Ante un final que parece inevitable, la empresa ahora cuestiona la nueva intervención de Casanello a quien le recuerdan que la Corte en la otra causa había dicho que es competencia del juzgado provincial, con lo cual consideran su actuación como un "alzamiento" hacia el Alto Tribunal.
"Dicho alzamiento lo pondremos en conocimiento del Alto Tribunal", avisó la empresa en el escrito que cuenta con el patrocinio del penalista León Carlos Arslanián, quien llamativamente, si bien figura como abogado de la empresa, también lo es en otra causa de activistas de Greenpace sobre quienes pesa un pedido de extradición de Perú.
Por último, la empresa cuestiona la imparcialidad del juez, señalando que fue elegido "a dedo" por los denunciantes eligieron "a dedo".
Lo cierto es que el de la empresa es un pedido desesperado. "(Casanello) Ya tiene preconcebida la decisión de disponer el cese definitivo de la actividad, es decir, la máxima sanción prevista por el ordenamiento legal". Ahora, el magistrado debe resolver el planteo de nulidad, pero primero pidió opinión a todas las partes, entre ellas la querella y la Fiscalía.