Sergio Heredia fue el primero y único en Salta que, en 2011 y en pleno gobierno kirchnerista, se animó a denunciar a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y a su entonces apoderado, Sergio Schoklender, por el incumplimiento de las obras de ese gran complejo que se prometió construir en Tartagal del que solo se ejecutó el pequeño hospital.
Su denuncia hizo que los cuestionados jueces federales Norberto Oyarbide y Raúl Reynoso, de Orán, llegaran hasta el pequeño hospital en el marco de la investigación que disparó la denuncia de Heredia.
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Sergio Heredia fue el primero y único en Salta que, en 2011 y en pleno gobierno kirchnerista, se animó a denunciar a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y a su entonces apoderado, Sergio Schoklender, por el incumplimiento de las obras de ese gran complejo que se prometió construir en Tartagal del que solo se ejecutó el pequeño hospital.
Su denuncia hizo que los cuestionados jueces federales Norberto Oyarbide y Raúl Reynoso, de Orán, llegaran hasta el pequeño hospital en el marco de la investigación que disparó la denuncia de Heredia.
¿Cómo se inició esta primera causa contra la Fundación y Schoklender?
La primera denuncia la formalicé a título personal en el Juzgado Federal de Orán contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo y su apoderado, Sergio Schoklender en 2011, en un momento de una gran fortaleza política del kirchnerismo. La denuncia fue también contra el exdiputado nacional José Villariño y funcionarios locales y provinciales por la obra que se anunció y por la que tenemos acreditado que se libró un 30% a favor de la Fundación y que, en definitiva, nunca se concretó.
¿Cómo siguió esa causa en el fuero federal?
Reynoso, ahora detenido por sus vínculos con el narcotráfico, se declaró incompetente y la causa pasó al juzgado de Norberto Oyarbide. Se produjo un tema de competencias que la cámara resolvió determinando que debía corresponder a Orán, pero Reynoso hizo dormir la causa un montón de años. En el 2012, Oyarbide llegó a Tartagal y tomó declaraciones a varias personas que trabajaron en el proyecto Sueños Compartidos y a mí como denunciante. Visitamos otros barrios de Tartagal donde se debían hacer viviendas de rápida ejecución con el mismo sistema que utilizaba la fundación, pero en definitiva la causa estuvo cajoneada por varios años. Lo último que conocí es lo que trascendió ahora a nivela nacional: que el juez Martínez de Giorgi les dictó a Bonafini y Schoklender el procesamiento por defraudación a la administración pública.
¿Y cómo continuó el tema de las viviendas, del hospital?
En su momento, con la declaración de interés municipal de la obra de Madres de Plaza de Mayo que el Concejo Deliberante de Tartagal sancionó, esta gente tuvo en sus manos el instrumento perfecto para exigirle a la Nación el 30% de anticipo de una obra que nunca se concretó. Pero lo más grave de todo fue la indiferencia, la anomia no solo de la dirigencia política de toda la provincia, sino también de los tartagalenses mismos. Pero como si esto fuera poco, la Legislatura provincial expropió hace algunos meses el pequeño hospital que ahora es de propiedad de la Provincia. Parece que a nadie le interesa qué pasó con la obra, con los fondos, cuánto se mandó a Tartagal, cuánto de lo enviado se ejecutó, qué pasó con el proyecto integral de 1.000 viviendas. Al contrario, cuando hice la denuncia estuve muy solo.
En definitiva, ¿a qué vino Schoklender a Tartagal?
Vino a hacernos el verso de que estaban preocupados por las damnificados del alud y se llevó la declaración del Concejo Deliberante. Con eso tuvo el instrumento perfecto para retirar el 30% del anticipo de obras, que son millones. Del municipio sacó los planos porque el pequeño hospital es una réplica de un centro de salud que funciona en Villa Saavedra. Confiando en la buena fe de los concejales de ese momento y del intendente Sergio Leavy, yo creo que hicieron todo este aporte porque realmente confiaron en que era una posibilidad de contar con un complejo de viviendas importantísimo. Pero cuando vieron que no se pagaba ni el predio, que se le debía a un montón de gente por servicios que habían prestado en la construcción del hospital, debieron denunciar el hecho, no quedarse de brazos cruzados.
El tiempo terminó dándole la razón...
Sí, pero el daño ya está hecho. Lo escuché declarar al mismo Schoklender que no pasará nada y que nadie irá preso. Algún dato debe tener para afirmar esto el exapoderado de la fundación. Pasaron 6 años de esa primera denuncia y ahí donde debía haber 1.000 casas con salones de usos múltiples, un hospital con profesionales atendiendo a las familias más vulnerables y espacios verdes, hay un asentamiento que se denomina Sarmiento. Pero reitero, mucha responsabilidad de lo que no se hizo fue por la indiferencia de los tartagalenses. Si yo, que soy un vecino común y corriente me animé a denunciarlos en la Justicia federal en pleno kirchnerismo, ¿cómo es posible que quienes ostentan cargos públicos no se animaron a reclamar por una obra millonaria?