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La violencia social exige como nunca la tutela del Estado

Sabado, 10 de junio de 2017 21:12

Salta atraviesa un momento crítico por la violencia social, que se manifiesta en la duplicación del número de homicidios y femicidios con respecto a 2016, pero también en la proliferación de casos de violencia escolar, así como de las peleas entre patotas en los barrios. Los vínculos entre las personas y la convivencia entre vecinos se encuentran en una crisis que, a veces, tiene consecuencias trágicas.

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Salta atraviesa un momento crítico por la violencia social, que se manifiesta en la duplicación del número de homicidios y femicidios con respecto a 2016, pero también en la proliferación de casos de violencia escolar, así como de las peleas entre patotas en los barrios. Los vínculos entre las personas y la convivencia entre vecinos se encuentran en una crisis que, a veces, tiene consecuencias trágicas.

Esta realidad compleja encuentra al Estado sorprendido e inerme.

La policía, que es la fuerza concebida para garantizar la paz social, encuentra hoy su autoridad sumamente degradada. Los violentos no respetan a los policías, que tampoco encuentran suficiente apoyo institucional.

No solo la crisis social ha deteriorado la imagen policial. Muchos abusos de poder y de conductas ilícitas y un bajo nivel de formación profesional se combinan con prejuicios ideológicos que terminan debilitando a las instituciones, fortaleciendo la inseguridad y desligando al Estado de responsabilidades fundamentales.

El Estado debe tomar el toro por las astas. El fracaso y la deserción escolar, el aburrimiento en la escuela, la carencia de formación profesional, la desocupación, la sensación de frustración y, sobre todo, la falta de horizontes de los jóvenes describen una realidad que es necesario analizar con crudeza y a fondo.

 A esto se suma el desarraigo. El incremento del número de personas en asentamientos precarios y villas de emergencia es indicador de una migración interna que quedó fuera de control. Es la contracara de la crisis puesta de manifiesto en estos días con los cortes de ruta en Orán producidos por bagayeros que defienden su fuente de trabajo. Ese trabajo es ilegal, el contrabando, y se asocia en la frontera con delitos mucho más graves, como el narcotráfico y la trata de personas. Pero ese trabajo les permite vivir.

El Estado debe entonces establecer con precisión los orígenes de esta violencia social y la influencia de todos estos factores en el fenómeno. No sirven para buscar soluciones las interpretaciones ligeras. Va de suyo que las soluciones de fondo exigen políticas de Estado.

En este punto, cabe destacar la posición adoptada por la Corte de Justicia de la Provincia. El presidente del máximo tribunal, Guillermo Catalano, destacó hace unos días que “el poder Judicial actúa solamente cuando se cruza el conflicto. Me gustaría que se trabaje un poco más en prevención”.

A su vez, el juez de la Corte Abel Cornejo dijo esta semana que “la Justicia debe formar parte de un urgente cambio cultural, que debe empezar por la escuela”.

Como Poder del Estado, la Justicia puede llevar adelante una política proactiva, que además de optimizar el acceso de la ciudadanía a la Justicia, contribuya a prevenir antes de que se produzcan los problemas que, tarde o temprano, llegarán a tribunales.

Estas definiciones son consecuentes con la presentación de 14 proyectos, orientados a agilizar el acceso a la Justicia y el funcionamiento de los tribunales, que elevó la Corte a la Legislatura desde 2016, de los cuales seis ya fueron sancionados. De estos últimos se destaca la creación de oficinas

de Violencia Familiar y de Género en todos los distritos judiciales. Entre los que se encuentran aún en trámite son especialmente proactivos los proyectos para crear un Observatorio Judicial de Microtráfico y para establecer por ley el servicio de Justicia de Paz Letrada.

En los fundamentos de esta última acordada, los jueces señalaron que tales juzgados contribuirán “a garantizar de manera más intensa los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva” y que “desde el punto de vista individual y de convivencia cotidiana, las pequeñas causas tienen enorme significación” para cada ciudadano.

Esta orientación es digna de apoyo. Impartir Justicia no puede limitarse a esperar los conflictos en un escritorio sino contribuir a resolverlos. Los planteos de los magistrados muestran, asimismo la magnitud de la crisis. 

El Estado en su conjunto, y no solo los jueces, deben asumir el compromiso para mirar la realidad sin tapujos y tratar de brindar soluciones justas y duraderas.

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