El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió hoy la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por "lavado de activos", en la causa por la "ruta del dinero K", al considerar probado que con el detenido Lázaro Báez eran socios en un "vínculo delictual" que le permitió actuar "al amparo del poder" con "incidencia del poder político de máximo nivel".
"La ex Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández, no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez, y su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel -como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado-, sino que también debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras", advirtió Marijuán en un dictamen de 65 carillas al que accedió Télam.
Marijuán sostuvo que tanto durante la presidencia del fallecido Néstor Kirchner como en la de su esposa hubo una "incidencia del poder político de máximo nivel", demostrado en la falta de "alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz".
" A ningún funcionario público, a ningún organismo de control, ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que un ex empleado bancario, apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades", advirtió.
El fiscal entendió que "la vinculación entre las maniobras de lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue beneficiado Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015), demuestran la calidad de “socios”, en realidad coautores, que mantenían el ex matrimonio presidencial y su amigo personal, el mencionado Lázaro Báez".
Y remarcó que "este vínculo delictual persistió luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, con el mismo y continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernández".
El pedido de indagatoria fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello, quien deberá resolver si le hace lugar o no, en la causa por lavado de activos en la que está detenido Báez y en la que actualmente se deben resolver las situaciones procesales tras una nueva ronda de indagatorias a 27 acusados, entre ellos los cuatro hijos del preso, Martín, Leandro, Luciana y Melina.
Marijuán pidió la indagatoria de la ex presidenta luego que la Cámara Federal porteña instó al magistrado y al fiscal del caso a profundizar la investigación para determinar el origen del dinero que se "lavaba" en las empresas de Báez, como Austral Construcciones, durante el kirchnerismo.
"Es claro que, si Cristina Elisabet Fernández formó una asociación ilícita para aportar su decisiva funcionalidad gubernamental imprescindible para la adjudicación de las obras y de la masa de dinero que las solventó, junto con otras personas entre las que estaba Lázaro Antonio Báez –éste último, con un rol clave en el manejo de esos fondos-, ello conduce, necesariamente, a afirmar que también participó junto con el nombrado en las acciones de lavado de dinero que aquí se investigan", sostuvo el fiscal.
Lo ocurrido, advirtió el fiscal, "sólo puede entenderse como realizado al amparo del poder, de allí que Cristina Elisabet Fernández por su vínculo con el nombrado deba dar explicaciones y por tanto, prestar declaración indagatoria".
Para la fiscalía hubo una asociación entre "Kirchner-Fernández - Báez y su grupo empresario" con "fin primigenio en el vaciamiento de las arcas del Estado Nacional mediante la defraudación orquestada a través de la asignación irregular de obra pública en favor de Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario".
Y esto dio lugar a "la aplicación del dinero así obtenido ilícitamente en distintas maniobras con el objeto de disimular su origen", algo que puede probarse -según el fiscal- "con el cúmulo de vínculos pseudo comerciales y también personales" entre la ex presidenta y Báez en el "plan ideado para extraer sumas millonarias del tesoro del Estado, mediante esa irregular y millonaria asignación de obra pública".
La ex presidenta está procesada y enviada a juicio oral en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, fue procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa "Los Sauces" y tiene un pedido de indagatoria en otra causa, "Hotesur", por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita.
También está procesada en la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz durante el kirchnerismo.
El procesamiento por dólar futuro ya fue confirmado en la Cámara Federal y el juez Claudio Bonadió la envió a juicio.
En lo referido a "Los Sauces" y la obra pública irregular en Santa Cruz, ambos procesamientos están a estudio de la sala I de la Cámara Federal porteña que tiene que decidir si los confirma o revoca.-
Y el pedido de indagatoria de Pollicita en la causa "Hotesur", por alquileres ficticios a beneficiarios de obra pública de hoteles propiedad de los Kirchner, debe ser resuelto por el juez federal Julián Ercolini.
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El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió hoy la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por "lavado de activos", en la causa por la "ruta del dinero K", al considerar probado que con el detenido Lázaro Báez eran socios en un "vínculo delictual" que le permitió actuar "al amparo del poder" con "incidencia del poder político de máximo nivel".
"La ex Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández, no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez, y su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel -como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado-, sino que también debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras", advirtió Marijuán en un dictamen de 65 carillas al que accedió Télam.
Marijuán sostuvo que tanto durante la presidencia del fallecido Néstor Kirchner como en la de su esposa hubo una "incidencia del poder político de máximo nivel", demostrado en la falta de "alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz".
" A ningún funcionario público, a ningún organismo de control, ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que un ex empleado bancario, apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades", advirtió.
El fiscal entendió que "la vinculación entre las maniobras de lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue beneficiado Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015), demuestran la calidad de “socios”, en realidad coautores, que mantenían el ex matrimonio presidencial y su amigo personal, el mencionado Lázaro Báez".
Y remarcó que "este vínculo delictual persistió luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, con el mismo y continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernández".
El pedido de indagatoria fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello, quien deberá resolver si le hace lugar o no, en la causa por lavado de activos en la que está detenido Báez y en la que actualmente se deben resolver las situaciones procesales tras una nueva ronda de indagatorias a 27 acusados, entre ellos los cuatro hijos del preso, Martín, Leandro, Luciana y Melina.
Marijuán pidió la indagatoria de la ex presidenta luego que la Cámara Federal porteña instó al magistrado y al fiscal del caso a profundizar la investigación para determinar el origen del dinero que se "lavaba" en las empresas de Báez, como Austral Construcciones, durante el kirchnerismo.
"Es claro que, si Cristina Elisabet Fernández formó una asociación ilícita para aportar su decisiva funcionalidad gubernamental imprescindible para la adjudicación de las obras y de la masa de dinero que las solventó, junto con otras personas entre las que estaba Lázaro Antonio Báez –éste último, con un rol clave en el manejo de esos fondos-, ello conduce, necesariamente, a afirmar que también participó junto con el nombrado en las acciones de lavado de dinero que aquí se investigan", sostuvo el fiscal.
Lo ocurrido, advirtió el fiscal, "sólo puede entenderse como realizado al amparo del poder, de allí que Cristina Elisabet Fernández por su vínculo con el nombrado deba dar explicaciones y por tanto, prestar declaración indagatoria".
Para la fiscalía hubo una asociación entre "Kirchner-Fernández - Báez y su grupo empresario" con "fin primigenio en el vaciamiento de las arcas del Estado Nacional mediante la defraudación orquestada a través de la asignación irregular de obra pública en favor de Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario".
Y esto dio lugar a "la aplicación del dinero así obtenido ilícitamente en distintas maniobras con el objeto de disimular su origen", algo que puede probarse -según el fiscal- "con el cúmulo de vínculos pseudo comerciales y también personales" entre la ex presidenta y Báez en el "plan ideado para extraer sumas millonarias del tesoro del Estado, mediante esa irregular y millonaria asignación de obra pública".
La ex presidenta está procesada y enviada a juicio oral en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, fue procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa "Los Sauces" y tiene un pedido de indagatoria en otra causa, "Hotesur", por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita.
También está procesada en la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz durante el kirchnerismo.
El procesamiento por dólar futuro ya fue confirmado en la Cámara Federal y el juez Claudio Bonadió la envió a juicio.
En lo referido a "Los Sauces" y la obra pública irregular en Santa Cruz, ambos procesamientos están a estudio de la sala I de la Cámara Federal porteña que tiene que decidir si los confirma o revoca.-
Y el pedido de indagatoria de Pollicita en la causa "Hotesur", por alquileres ficticios a beneficiarios de obra pública de hoteles propiedad de los Kirchner, debe ser resuelto por el juez federal Julián Ercolini.