Expertos de la ONU pidieron a la Corte Suprema que revise el fallo del 2x1

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia que revise el fallo que benefició con el 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la dictadura.

En momentos en que el máximo tribunal prepara un nuevo pronunciamiento sobre el tema, luego de que el Congreso Nacional pusiera límites al fallo, el organismo internacional le advirtió sobre el requisito de asignar penas "apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos", se informó oficialmente.

"La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas", señalaron en una comunicación oficial enviada al Gobierno de Mauricio Macri y a la Corte Suprema y publicada en su sitio web oficial.

La exhortación fue firmada por Houria Es-Slami, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La nota se giró en momentos en que la Corte Suprema considera un nuevo fallo en torno al beneficio de la llamada "ley 2×1", que habilitaba la posibilidad de que condenados por delitos de lesa humanidad pudieran acceder a la ley más benigna para el cómputo de sus penas.

El pasado 3 mayo, el máximo tribunal declaró aplicable la hoy derogada ley 24.390 (o del 2×1) en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, aunque el 12 de mayo el Congreso adoptó la ley 27.362 que establece que el 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad.

La Corte Suprema debe ahora emitir un nuevo fallo aplicable en casos en curso y solicitó a las partes que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362.

"La aplicación del beneficio 2×1 en los juicios por crímenes de lesa humanidad implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino", advirtieron los expertos, que además pidieron una "respuesta del Gobierno" en un plazo máximo de 60 días.

Los expertos recalcaron que "al reducir la severidad de las penas impuestas, desconociendo la especial gravedad de estos delitos, viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho".

"La búsqueda de beneficios y privilegios para quienes han sido declarados responsables de este tipo de violaciones es difícil de entender para las víctimas y la sociedad, y socava los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las víctimas", señalaron.

"No sólo porque estos delitos son particularmente graves, sino también, porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada", concluyeron.

Los expertos también hicieron un llamado al Gobierno de Mauricio Macri a reducir la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad y fortalecer las instituciones que dan apoyo a estas causas.

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Sección Editorial

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