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Está todo a la vista, solo falta actuar

Lunes, 19 de junio de 2017 20:43


Está el audio que prueba los delitos. Está la inmediata expulsión del funcionario en el Gobierno. Están los denunciantes filtrando la información a la prensa. Están los antecedentes de la persona que ya fueron difundidos por El Tribuno y nunca fueron investigados. ¿Qué más hace falta para que la Justicia intervenga de oficio e impute de una vez por todas a Eduardo Cattáneo? ¿Quién o quienes lo están protegiendo?
La grotesca y repudiable actitud del extitular de la Cooperadora Asistencial, una más, va más allá de los tiempos de la política, que administrativamente derivó el tema en la fiscalía de Estado que conduce Mónica Lionetto. 
Ante los ojos de la opinión pública, la cuestión parece más directa: hay un delito confesado por un funcionario y éste ni siquiera fue citado a declarar por sus irregularidades. Un nuevo caso en donde los poderosos gozan de privilegios que no tiene ningún otro ciudadano. 
Esto ocurre, encima, en uno de los distritos con mayor pobreza y falta de oportunidades de la Argentina, lo que le da aún más dramatismo a la historia del que ya tiene.
¿Extorsión? ¿Incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¿Enriquecimiento ilícito? ¿Malversación de fondos? ¿Fraude a la administración pública? ¿Apropiación ilegal de sueldos? ¿Abuso de poder? ¿Exacciones ilegales? No hace falta ser un experto en derecho parea darse cuenta de que, como mínimo, se cometieron varios de estos delitos con el saqueo al salario de los empleados estatales revelado ayer por este diario. 
En tiempos en los que la sociedad tiene a la corrupción como una de sus principales preocupaciones, la lentitud de la Justicia -muchas veces inexplicable ante la mirada de cualquier ciudadano- está muy lejos de colaborar con ese reclamo.
Afirmar que el Poder Judicial es ineficiente en la Argentina no es ninguna novedad, lo que llama la atención es que no aparezcan señales desde los Tribunales de querer cambiar esa situación en el corto plazo. 
 
 

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Está el audio que prueba los delitos. Está la inmediata expulsión del funcionario en el Gobierno. Están los denunciantes filtrando la información a la prensa. Están los antecedentes de la persona que ya fueron difundidos por El Tribuno y nunca fueron investigados. ¿Qué más hace falta para que la Justicia intervenga de oficio e impute de una vez por todas a Eduardo Cattáneo? ¿Quién o quienes lo están protegiendo?
La grotesca y repudiable actitud del extitular de la Cooperadora Asistencial, una más, va más allá de los tiempos de la política, que administrativamente derivó el tema en la fiscalía de Estado que conduce Mónica Lionetto. 
Ante los ojos de la opinión pública, la cuestión parece más directa: hay un delito confesado por un funcionario y éste ni siquiera fue citado a declarar por sus irregularidades. Un nuevo caso en donde los poderosos gozan de privilegios que no tiene ningún otro ciudadano. 
Esto ocurre, encima, en uno de los distritos con mayor pobreza y falta de oportunidades de la Argentina, lo que le da aún más dramatismo a la historia del que ya tiene.
¿Extorsión? ¿Incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¿Enriquecimiento ilícito? ¿Malversación de fondos? ¿Fraude a la administración pública? ¿Apropiación ilegal de sueldos? ¿Abuso de poder? ¿Exacciones ilegales? No hace falta ser un experto en derecho parea darse cuenta de que, como mínimo, se cometieron varios de estos delitos con el saqueo al salario de los empleados estatales revelado ayer por este diario. 
En tiempos en los que la sociedad tiene a la corrupción como una de sus principales preocupaciones, la lentitud de la Justicia -muchas veces inexplicable ante la mirada de cualquier ciudadano- está muy lejos de colaborar con ese reclamo.
Afirmar que el Poder Judicial es ineficiente en la Argentina no es ninguna novedad, lo que llama la atención es que no aparezcan señales desde los Tribunales de querer cambiar esa situación en el corto plazo. 
 
 

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