Pese a la marcha atrás que dio el Gobierno nacional con respecto al recorte de 80 mil pensiones por discapacidad, la recientemente conformada Red Salteña en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizó ayer para reclamar por la inclusión laboral e igualdad de oportunidades. Reclamaron también la anulación del decreto presidencial 432 de 1997 que fue el instrumento legal que basó la decisión que finalmente dejó sin efecto.
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Pese a la marcha atrás que dio el Gobierno nacional con respecto al recorte de 80 mil pensiones por discapacidad, la recientemente conformada Red Salteña en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizó ayer para reclamar por la inclusión laboral e igualdad de oportunidades. Reclamaron también la anulación del decreto presidencial 432 de 1997 que fue el instrumento legal que basó la decisión que finalmente dejó sin efecto.
Ese decreto, entre otros puntos, fija limitaciones para las pensiones por invalidez.
"La idea es que se derogue porque vulnera los derechos de las personas con discapacidad", afirmó Mauro Soto, quien tiene una disminución visual y forma parte de la Comisión de Integración de las Personas con Discapacidad (Ciped) de la Universidad Nacional (UNSa), que se ha plegado a la red conformada al calor de las movilizaciones de resistencia a la quita de pensiones.
La movilización de ayer se desdobló en dos horarios, por una parte una concentración en horas de la mañana en la plaza 9 de Julio, adonde acudieron distintas fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que integran la red, y por la tarde una movilización en torno a la misma plaza, que tuvo como punto de encuentro la plazoleta IV siglos.
Soto argumentó al respecto de la inconstitucionalidad del todavía existente decreto de 1997. "Hay un marco legal al que la Argentina está suscripta a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por el Congreso nacional mediante la Ley 26.378", sancionada en 2008.
El texto internacional al que adhiere Argentina fue sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006.
Sobre dicha convención y su consecuente ley, el joven aseguró que "nos permite a nosotros pensar en políticas diferentes pero el Gobierno no la cumple". Para afirmar la posición de dar de baja al decreto de finales de los 90, citó el artículo cuarto de tal marco normativo que explicita que "los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad".
"En este caso, el intento que hizo el Gobierno de quitar las pensiones y la no derogación del decreto, son acciones anticonstitucionales porque van en contra de garantizar los derechos de las personas con discapacidad", sentenció el integrante del Ciped, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Los convocados se ocuparon de dejar claro que no están buscando generar lástima, se trata de personas comunes que padecen alguna disminución en sus capacidades y que pretenden, subrayaron, que se respeten sus derechos.
Movilizaciones
"A las 11 (de ayer), nos juntamos las organizaciones que formamos parte de la red y todas aquellas personas que colaboran con nosotros. Es algo muy simple, este es un acto sin banderas políticas, pero que denuncia que hay una realidad que es que no se está respetando a las personas con discapacidad", resaltó Teresa Ojeda, quien forma parte de la Asociación Asperger, avocada al trabajo con personas autistas.
Además de las instituciones ya aludidas, forman parte de la red la Fundación Iguales, el área específica del Colegio de Abogados, la Fundación Ojos de Cielo, el Instituto Hogar Inti Punko de Cerrillos y la Asociación Colibrí, entre otras. Además, una importante cantidad de ciudadanos que por verse afectados directamente o por empatía con la causa se plegaron a las citas de ayer.
Ojeda enfatizó en que "la red es apartidaria" y que no hay intenciones políticas más allá del reclamo en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Subrayó también la importancia de abandonar los prejuicios que cercenan las posibilidades laborales de aquellos que experimentan la ausencia o disminución de algunas de sus capacidades. En ese sentido, recordaron que ninguna administración estatal cumple con el cupo de 4% de trabajadores establecido por ley para personas con discapacidad.
"El cupo del 4% no se cumple, y eso hace que muchas personas que están preparadas no tengan derecho al trabajo en la administración estatal", apuntó Soto.