Para reunirse con los jueces del Distrito Judicial del Sur, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, visitó el lunes pasado la ciudad de Metán. En una entrevista con El Tribuno se refirió a las sanciones que se aplicaron a empleados por el incumplimiento de horas extras y a la necesidad de la creación de la Sala I del Tribunal de Juicio. También adelantó la puesta en funcionamiento de un juzgado de Familia con competencia en violencia en Joaquín V. González para descomprimir a Metán y dio su opinión sobre la venta y consumo de drogas. Además, anticipó la realización de un foro sobre pobreza y desarrollo en la localidad del sur provincial.
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Para reunirse con los jueces del Distrito Judicial del Sur, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, visitó el lunes pasado la ciudad de Metán. En una entrevista con El Tribuno se refirió a las sanciones que se aplicaron a empleados por el incumplimiento de horas extras y a la necesidad de la creación de la Sala I del Tribunal de Juicio. También adelantó la puesta en funcionamiento de un juzgado de Familia con competencia en violencia en Joaquín V. González para descomprimir a Metán y dio su opinión sobre la venta y consumo de drogas. Además, anticipó la realización de un foro sobre pobreza y desarrollo en la localidad del sur provincial.
¿Cuál fue el objetivo de su visita?
Como presidente de la Corte me complace llegar a distritos como el de Metán. También es un reconocimiento y gratitud porque cuando armamos el foro institucional sobre pobreza y desarrollo, los magistrados estuvieron en la capital acompañándonos. Ahora hay una iniciativa para que este foro se desarrolle en esta localidad. Si bien esto no es función esencial del Poder Judicial, el conflicto social, que tiene muchas aristas y factores, repercute judicializando los problemas que pueden ser de índole penal, civil o laboral. Por lo tanto cuando nos plantearon si podíamos participar acepté porque en lo institucional la Corte no tiene que estar ajena a estas cuestiones. Dimos nuestra opinión y hemos hecho conocer, desde un punto de vista humilde, cuáles serían las posibles soluciones, pero en la provincia dependemos de lo que haga la Nación.
A los vecinos les preocupa el crecimiento de los casos de violencia. ¿Qué medidas se van a tomar?
Sobre los hechos de violencia recibí con satisfacción una ley que crea un juzgado de Familia con competencia en esa problemática en Joaquín V. González. Estos inconvenientes ocurren en todo el país, pero Salta fue la primera provincia en la que hubo juzgados especializados en violencia familiar y de género, un flagelo que lamentablemente va en crecimiento. Nosotros actuamos una vez que se produce el conflicto, pero habría que trabajar mucho más en prevención. Esperamos que la partida presupuestaria llegue y sea una realidad palpable. Con esto se va a descomprimir el juzgado de esta localidad. Por ejemplo, un vecino de Anta tiene que recorrer unos 300 kilómetros para ir y volver para resolver un conflicto de este tipo.
También preocupa a Metán el avance de las drogas y el consumo en los jóvenes. ¿Cuáles son las medidas para contrarrestarlo?
Justamente uno de los puntos del foro de desarrollo es el microtráfico, que le tocó exponer al procurador Pablo López Viñals cuando se desarrolló en Salta. Lo que destacamos es que la provincia se declaró competente por la opción de la ley federal. Sin embargo, y coincido con el procurador, los recursos necesarios que la Nación debía remitir no fueron enviados. Este es un problema que nos llega a todos, porque tiempo atrás esta era una provincia de paso y ahora los estupefacientes quedan acá y nuestra juventud sufre las consecuencias. Tenemos que tratar de distinguir entre el infractor a la ley penal y aquel que está enfermo. Vamos a realizar muy pronto una reunión con el ministro de Salud, para ver si podríamos tener, dentro de los hospitales públicos, un sector especial para tratamiento, aunque sea ambulatorio. La Justicia puede aplicar una medida de seguridad curativa en este caso. Los padres o quien tiene un familiar con este problema no lo puede resolver. Otra vez digo, la Justicia está para juzgar, no para solucionar esta cuestión, sin embargo, podemos pedir la colaboración específica del Ministerio.
En otro orden, en Metán hubo empleados judiciales sancionados por el incumplimiento de las horas extras.
Se aplicaron sanciones preventivas, lo que ocurre cuando la infracción supera el grado de probabilidad. Entraban a marcar y volvían a salir. Yo aprecié las filmaciones y a través de la Secretaría de Sumario dispusimos 15 días de suspensión de manera preventiva o cautelar a esos empleados. Se llevan adelante los sumarios, donde se da derecho de defensa y todas las garantías que corresponden. Todavía no están concluidos, pero hay algunos que se allanaron y reconocieron la acusación. Como publicó El Tribuno, dispuse la suspensión del pago de las horas extras por un mes con el objetivo de realizar una información sumaria. También hay una conclusión en ese sentido y se está trabajando internamente. No queremos que esto se repita.
¿Van a seguir las verificaciones?
Tienen que continuar. Esto no quiere decir que persigamos a nadie. Un juez no puede hacer todo solo, tampoco un secretario u otro funcionario. Sin embargo, no sé por qué pasó esta situación anómala, que es una infracción.
En Metán funciona la Sala II de Tribunal de Juicio. ¿Crearán la Sala I?
Por esto que se denomina sucesión de leyes, la sala número 2 es de fusión. Aquellos que en su momento eran jueces correccionales, que en este caso en Metán había dos, pasaron a desempeñarse, al igual que en Orán y en Tartagal, como jueces del Tribunal de Juicio, Sala II. En el caso de este distrito se nombró el tercero, la sala está instalada y funcionando y se llevan adelante juicios orales y públicos de manera colegiada o individual. Sin embargo quedó pendiente la Sala I. Al lugar lo tenemos en la Ciudad Judicial, que es muy funcional y contamos con el mobiliario y todo lo necesario. Para ello hay que designar a los tres jueces, secretarios y empleados. Es preocupación de la Corte ponerla en funcionamiento para que haya más sentencias.