En la reunión de hoy a mediodía, el obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, y los intendentes Marcelo Lara Gros y Sergio Oliva analizarán con los ministros Rogelio Frigerio y Jorge Triacca una agenda minuciosa sobre las cuestiones centrales de la crisis con los bagayeros de Orán y Aguas Blancas.
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En la reunión de hoy a mediodía, el obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, y los intendentes Marcelo Lara Gros y Sergio Oliva analizarán con los ministros Rogelio Frigerio y Jorge Triacca una agenda minuciosa sobre las cuestiones centrales de la crisis con los bagayeros de Orán y Aguas Blancas.
Entre las iniciativas que trascendieron se destaca el establecimiento de un plazo razonable para resolver los problemas puntuales de cada familia afectada por los límites al bagayeo. Sobre esta propuesta, el senador oranense Pablo González puntualizó que el objetivo es "comenzar a blanquear la situación para ir empezando, a la vez, a buscar soluciones de fondo". Esas soluciones no serán sencillas. Los bagayeros encuentran en el ingreso de mercadería una fuente de ingresos que les permite vivir más o menos dignamente, y ganar más que con las tareas de una economía formal degradada. De ningún modo sienten que están actuando al margen de la ley. "Ellos se ofrecen a que revisen los bolsos, para que vean que no llevamos droga", señaló ayer el legislador. "Solo piden que les permitan seguir pasando sus bolsones".
De todas maneras, lo que para esas personas es un simple trabajo -por cierto, vital-, la actividad se incorpora a una cadena que estructura una economía paralela en todo el país, de la que lucran verdaderos potentados.
"Blanquear lo que ocurre y que no se resolverá de un día para otro permitirá determinar, con precisión, quiénes manejan el negocio y de dónde vienen y hacia donde van esas mercaderías".
La informalidad es un escenario típico de la frontera, donde se entremezclan el contrabando con el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos.
Contra las urgencias de los bagayeros, aparece la necesidad de restablecer el orden legal.
Las propuestas
El senador González reseñó las propuestas que dio a conocer como contribución a una solución:
- Un período de transición de 150 a 180 días para la reconversión laboral de los trabajadores del área de frontera
- Capacitación y asesoramiento gratuito para que organicen su actividad independiente o accedan a la inserción laboral
- Realizar un censo actualizado de las familias que viven del trabajo de frontera.
- Aplicar en el censo criterios de criticidad sociosanitaria para la calificación de riesgo.
- Favorecer el desarrollo de microemprendimientos con asesoramiento para la elaboración de los proyectos
- Extender créditos blandos.
- Ofrecer un plan de ventajas impositivo-laborales para las grandes empresas del rubro agrícola que ofrezcan trabajo a los trabajadores de frontera.
- Convocar a través del Centro de Obrajeros de Orán a los empresarios de la madera y afines a los efectos de favorecer el desarrollo del sector, con acceso al crédito y ventajas impositivo-laborales para los que incluyan a estas familias.
-Establecer un impuesto por bulto el cual deberá atravesar los controles aduaneros a los efectos de evitar el trafico de drogas y divisas mientras dure el período de transición.
- Establecer una zona franca en la zona de Orán para determinados productos
- Mientras dure el período de transición brindar un plan social a los trabajadores censados, con la condición de que accedan a la capacitación.
- Blanqueo de la mercadería en un registro, como el monotributo social, para que la facturación precise procedencia y destino.
.El reclamo del comercio
La Cámara Argentina de Comercio reclamó que se mantengan los controles en el tráfico fronterizo. En respuesta al pedido de los bagayeros para que los dejen ingresar mercadería del exterior, sostuvo que “el contrabando es una violación de las leyes vigentes y genera perjuicios fiscales y económicos al Estado y a toda la población”. En clara advertencia al Gobierno señaló que “la ley debe ser obligatoria e igual para todos. De otra manera, los consumidores finales estarán expuestos a adquirir mercadería de dudoso origen y calidad, por no provenir de locales reconocidos cuya mercadería esté certificada y garantizada”.
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