Francisco Sotelo
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Francisco Sotelo
Ni las leyes de cupo ni las de paridad de género parecen modificar una realidad: la mujer sigue relegada en cuanto a las posibilidades de acceso a los espacios decisivos de poder. Un informe de la Justicia Electoral de la Nación señala que Salta ofrece el más bajo porcentaje de mujeres precandidatas a diputadas nacionales entre los 24 distritos electorales: 38,1%. Muy lejos del 57,1% de Río Negro, el 53,3 % de Santiago del Estero, el 51,1% de Jujuy y el 50% de Tierra del Fuego (las únicas provincias argentinas que alcanzan o superan la proporción recomendada por la ONU). La nuestra renueva tres bancas, dos hombres y una mujer, y si ninguna lista alcanzara votos suficientes como para ganar dos lugares, los más probable, hasta el momento, sería que el año que viene no haya ninguna diputada nacional salteña.
No solo en ese dato se verifica la prevalencia masculina. En la Corte de Justicia hay una mujer y seis hombres; en el gabinete de Gobierno, hay solo dos ministras sobre 13 ministerios.
En las dos cámaras provinciales, la minoría femenina es aplastante: Hay 15 diputadas sobre sesenta bancas, el 25% , y cinco senadoras sobre 23, menos del 20%.
La ley de paridad de género sancionada en noviembre tiene la apariencia de una reivindicación, al establecer que se deben intercalar varones y mujeres en todas las listas. En este caso, la modificación podría notarse en los departamentos que renuevan varios diputados, pero en la mayoría de los casos no es esto lo que ocurre. Cuando se eligen dos o tres, lo más probable es que ingresen dos o tres "varones", que son los que encabezan la nómina. Al sancionarse la ley de paridad debió establecerse la alternancia obligatoria para todos los cargos electivos unipersonales, como gobernador, vicegobernador, intendentes o senadores. Si realmente se buscaba la paridad debió establecerse un mecanismo adecuado.
Pero no. De hecho, nadie, ni de derecha ni de izquierda, está dispuesto a soltar la porción de poder en nombre de la igualdad de los géneros.
La ley salteña se fundamentó en el objetivo de que "en la postulación de candidatos se respete la igualdad real de oportunidades, garantizando la participación equivalente de géneros para cargos electivos". Pero esa misma ley omite establecer un sistema que aplique ese principio a los postulantes a senadores, donde se elige uno, que habitualmente es hombre y su nombre se repite por décadas. las listas de precandidatos y candidatos que se presenten para ocupar cargos electivos de cuerpos colegiados en la provincia de Salta deberán tener igual cantidad de varones y mujeres. El texto, en cambio indica que "....Quedan exceptuados de las presentes reglas los cargos unipersonales o cuando se eligiere un solo precandidato o candidato en la categoría".
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