Una denuncia de violencia, que involucra al defensor oficial de Anta, Juan Manuel Salinas, y a su pareja, Vanina Castaño, titular de Defensa del Consumidor de Gaona, lleva más de un mes sin avanzar hacia el esclarecimiento de las agresiones que una docente, Alicia Castaño, manifestó haber sufrido en manos de ambos. El caso sacudió a la comunidad anteña, porque los funcionarios denunciados son nada menos que la hija y el yerno de la mujer de 57 años que el pasado 13 de julio radicó una denuncia por lesiones en la Comisaría 50 de Joaquín V. González.
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Una denuncia de violencia, que involucra al defensor oficial de Anta, Juan Manuel Salinas, y a su pareja, Vanina Castaño, titular de Defensa del Consumidor de Gaona, lleva más de un mes sin avanzar hacia el esclarecimiento de las agresiones que una docente, Alicia Castaño, manifestó haber sufrido en manos de ambos. El caso sacudió a la comunidad anteña, porque los funcionarios denunciados son nada menos que la hija y el yerno de la mujer de 57 años que el pasado 13 de julio radicó una denuncia por lesiones en la Comisaría 50 de Joaquín V. González.
Al día siguiente, la jueza Civil, Comercial y de Familia, Patricia Rahmer, sacó una cautelar con la que prohibió cualquier acercamiento de los presuntos agresores a la mujer que convivía con ellos, en su departamento, por un requerimiento de la propia Justicia.
Alicia Castaño vivía en una casa cuya propiedad compartía con tres hermanas. Ella tenía el 50% y lo donó a su hija, Vanina, con derecho a usufructo. Allí residía sola, pero en tal precariedad que la Justicia pidió a la hija que le brinde hospedaje, hasta tanto se refaccionara la vivienda.
Entones empezaron las fricciones que recrudecieron en los últimos dos meses. El 6 de junio una de sus hermanas, Isabel Castaño, y una sobrina, María Carolina Díaz, pidieron en la Asesoría de Menores e Incapaces del Distrito Sur medidas de protección urgentes, tras un llamado desesperado de Alicia. Pese a esa exposición, nada cambió.
El 13 de julio, la propia Alicia denunció a su hija y a Salinas, en la Comisaría 50, por agresiones físicas que habría presenciado su nieta de 8 años. Según su hija y Salinas, Alicia sufre problemas de salud mental. Sus hermanas aseguran que fueron los tormentos que sufrió los que deterioraron su salud física y emocional. Desde hace un mes, ella vive sola en otro departamento alquilado. El fiscal penal de Anta, Gonzalo Gómez Amado, impulsó una Cámara Gesell para que se tome la testimonial de la nieta de Alicia y luego se excusó. Lo mismo hizo el fiscal penal N§ 1 de Metán, Sergio Castellanos, y el caso está ahora en manos del fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, a quien el abogado Fernando Escobar solicitó días atrás que realice la valoración inicial de la denuncia, en cumplimiento al artículo 241 del Código Procesal Penal. Ese artículo fija un plazo de 15 días para que el fiscal archive la denuncia, desestime las acciones o impute a los funcionarios.