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Loteos públicos y privados deben soterrar los cables

Una ordenanza ratificó la obligación de las urbanizaciones que hace el Estado.
Domingo, 17 de septiembre de 2017 22:11

Tras años de incumplimiento de las normativas edilicias, la concejal Socorro Villamayor logró en abril último la sanción de una ordenanza que ratifica la obligación de los loteos de gestión estatal a incluir el soterramiento de los cables.

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Tras años de incumplimiento de las normativas edilicias, la concejal Socorro Villamayor logró en abril último la sanción de una ordenanza que ratifica la obligación de los loteos de gestión estatal a incluir el soterramiento de los cables.

El subsecretario de Obras Públicas municipal, Ignacio Pancetti, dijo al respecto a El Tribuno: "Estamos trabajando en la reglamentación para determinar bien cómo se tiene que hacer el soterrado. En breve estará listo". Pancetti explicó que esta norma se aplicará a los loteos nuevos, no a los que ya están en curso. "No es una ordenanza retroactiva", señaló.

La secretaria de Obras Públicas, María Beatriz Blanco, analizó: "Podría ser una opción que la empresa que hace barrios públicos pueda pedir a Nación un sobrecosto porque nuestra ordenanza lo exige. No (es la idea) que el salteño pague la consecuencia".

La legislación nueva modifica el artículo 293 de la ordenanza 13779 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental. Establece que el propietario urbanizador tendrá a su cargo la ejecución de las redes subterráneas de energía eléctrica, alumbrado público, servicio de telefonía, fibra óptica, televisión por cable y todo otro servicio público o privado.

Esto mismo establecía el Código cuando nació, en 2009, hasta que, en 2012, el exconcejal Martín Miguel Poma modificó por ordenanza 14.384 el mismo artículo del Código. Así, eximió por dos años al Estado de la obligación de realizar obras de redes subterráneas de energía eléctrica y alumbrado público a loteos, como IPV y Procrear.

"Esa ordenanza hablaba de desigualdad y hasta de abuso porque la autoridad no puede determinar que todo lo público no pague y el privado, sí", observó Villamayor. "Se cumplió el 2014, hicieron como si nada pasara y permitieron que avanzaran los loteos sin control". Dijo que Obras Públicas "tiene que ir con el Código a intimar a las empresas".

Desde el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) dijeron a El Tribuno que "antes de iniciar una obra de vivienda, el organismo provincial presenta los planos generales a cada municipio. Cuando éste los aprueba, significa que se ha cumplido con las ordenanzas vigentes al momento del trámite". "La última urbanización en Capital que se presentó para aprobación de planos es Pereyra Rozas, que fue aprobada por la Municipalidad con la antigua ordenanza, que exceptuaba al Estado nacional, provincial y/o municipal a realizar las obras de redes subterráneas de cables en aquellas urbanizaciones con viviendas de carácter social. En las futuras urbanizaciones se seguirá cumpliendo con las ordenanzas municipales vigentes".

Un plan del siglo pasado

De acuerdo con información publicada en el portal Salta Transparente, en 1997 se sancionó en Salta la ordenanza 7.692, que prohibió la instalación aérea de cables en el centro de la ciudad y dispuso que la instalación existente debía soterrarse para preservar el patrimonio edilicio y por cuestiones de seguridad. 
“El Concejo Deliberante señaló que los servicios de electricidad, televisión por cable, comunicaciones telefónicas e informáticas habían tenido en los últimos años un fuerte incremento y que la instalación del cableado de estos servicios se había desarrollado sin ninguna orientación, normativa o planificación”, explicó Gonzalo Guzmán Coraita, a cargo de este portal. 
La ordenanza fue promulgada por el Ejecutivo municipal pero jamás cumplida. Desde entonces, los intendentes fueron Enrique Tanoni, Ennio Pontussi, Guillermo López Mirau, Alejandro San Millán, Miguel Isa y Gustavo Sáenz, actual jefe comunal. 

Seguridad versus costos, dicen los expertos

El soterrado de cables es un asunto que se debate en muchas ciudades del mundo. Costos y seguridad son los principales ejes de la discusión.  El Tribuno consultó a tres expertos en la construcción y el planeamiento urbanístico para que expresaran su visión sobre el tema.
Martín Capobianco, presidente del Colegio de Arquitectos, manifestó: “Es muchísimo más caro el soterrado que trabajar por aéreo. En Capital no hay muchas urbanizaciones nuevas, y las nuevas que hay (privadas) cumplen la normativa”, observó.
Guillermo Arroyo, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, opinó: “Si el Estado va a exigir el soterrado, tiene que reconocerlo en el costo de la obra pública. Es la única forma en que se puede hacer porque es mucho más caro que el viejo sistema aéreo. El día que haya una tormenta o viento fuerte, si el sistema es subterráneo no hay problema ni peligro. En cambio, si hay postes o columnas, se pueden caer y eso produce problemas”. Susana Appa-Plaza, presidenta de la Sociedad de Arquitectos de Salta, dijo al respecto: “El soterrado es costosísimo. Habrá que decidir en qué lugares y por qué razones se hace, además de qué tipos de redes se soterran. Es una gran inversión que no solo hace la empresa sino también los frentistas. Sería ideal que fuera todo por abajo y que hubiera bocas de registro para mantenerlo. Como no es barato, no se puede poner en todos lados”.

 

 

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