Desde el lunes pasado están siendo juzgados seis funcionarios de la Dirección de Gerontología de la Municipalidad de Salta, acusados del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario" en perjuicio de la administración pública.
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Desde el lunes pasado están siendo juzgados seis funcionarios de la Dirección de Gerontología de la Municipalidad de Salta, acusados del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario" en perjuicio de la administración pública.
Se trata de un juicio unipersonal y las audiencias de debate se desarrollan en la Sala IV del Tribunal de Juicio de la Ciudad Judicial, a cargo de la camarista Norma Beatriz Vera, con intervención de la fiscal Karina Verónica Simesen.
Los imputados son los jefes de la División Inspecciones, Sergio Ricardo Villarreal, y de la Dirección de Gerontología, Claudia Luz Medrano, además de Patricia Elizabeth Guaimás, Patricia Roxana Guaymás, Norma Liliana Portugal y Jorge Gustavo Valussi. Las investigaciones se iniciaron en 2012 a partir de una denuncia presentado por la ONG Red-Sol a raíz de las graves irregularidades detectadas en las residencias para adultos mayores y otros servicios de atención gerontológica que se prestan en la ciudad.
De las averiguaciones realizadas se concluyó que la mayoría de las residencias y otros establecimientos que brindan atención gerontológica incumplía la normativa vigente aplicable a los mismos.
En ese marco, se determinó que los funcionarios a cargo de todo lo atinente a funcionamiento de los asilos no dieron cumplimiento a la obligación de controlar, fiscalizar, efectuar denuncias o aplicar las sanciones que impone la normativa referenciada.
La ordenanza 12.508 establece que el municipio, a través de la Secretaría de Acción Social, es el responsable de controlar el normal funcionamiento de los centros públicos y privados que alojan a adultos mayores.
Su función primordial es evaluar la calidad de las prestaciones que brindan esos establecimientos, la calidad y cantidad de alimentación que ofrecen al residente, el cumplimiento de las normas de bioseguridad e higiene, detectar las irregularidades y las faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización. Otra de sus obligaciones es verificar el estado y conservación de los edificios y detectar las irregularidades que ocurran y en tal caso formular las denuncias que correspondan ante las autoridades administrativas y/o judiciales.
María Elena Jiménez, la presidenta de Red-Sol, expresó que las irregularidades en los asilos son frecuentes y celebró el hecho de que el caso de marras haya llegado a juicio. "Todo esto empezó en 2012 con un recurso colectivo que presentamos para que cese de forma urgente la vulneración de los derechos humanos fundamentales de los adultos mayores", dijo a El Tribuno.