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Absuelven a los acusados de anomalías en las residencias de adultos mayores

La fiscal Simesen consideró que los funcionarios municipales imputados no tenían poder de decisión para resolver esta problemática.
Jueves, 21 de septiembre de 2017 00:00

La jueza de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Norma Beatriz Vera, absolvió ayer a los seis funcionarios municipales acusados por incumplimiento de los deberes en una causa relacionada con la situación de las residencias para mayores adultos de la ciudad. Vera tomó esta decisión debido a que la fiscal Verónica Simesen no realizó ninguna acusación contra los imputados de haber incumplido con las tareas de control y fiscalización de los establecimientos que alojan a personas de la tercera edad.

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La jueza de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Norma Beatriz Vera, absolvió ayer a los seis funcionarios municipales acusados por incumplimiento de los deberes en una causa relacionada con la situación de las residencias para mayores adultos de la ciudad. Vera tomó esta decisión debido a que la fiscal Verónica Simesen no realizó ninguna acusación contra los imputados de haber incumplido con las tareas de control y fiscalización de los establecimientos que alojan a personas de la tercera edad.

En la audiencia de ayer declaró la presidenta de la ONG Red-Sol, María Elena Jiménez, quien en 2012 impulsó una investigación relacionada con las irregularidades detectadas en los asilos públicos y privados.

La mujer explicó que el Estado no cumple con las tareas de contralor que afecta de manera sistemática los derechos humanos de los ancianos.

"Esta denuncia la impulsó Claudio Díaz, quien era un luchador por los derechos de las personas mayores y el que propició la sanción de la ordenanza 12.508 que faculta al municipio a controlar las residencias de los mayores adultos", expresó Jiménez a El Tribuno.

En relación con la absolución de los acusados, señaló que "lamentablemente cuando hay funcionarios de por medio las cosas se complican". Jiménez sostuvo: "Yo ratifiqué lo que Claudio denunció en su momento cuando comprobó que no se efectuaban los controles en los geriátricos. Lamentablemente él murió y no pudo continuar en esta lucha".

Luego de la declaración del último testigo, la titular de este proceso sumarísimo habilitó los alegatos a cargo de la fiscal Simesen, quien no formuló ninguna acusación. La fiscal expresó que del debate surgió que las personas llevadas a juicio eran funcionarios de segunda y tercera categoría que no tenían poder de decisión para resolver las irregularidades denunciadas. Dijo que los acusados presentaron toda la documentación de las tareas de contralor y fiscalización, las que eran remitidas al Tribunal de Faltas y al Ministerio de Derechos Humanos, y que estos organismos no tomaron cartas en el asunto. Con el planteo de la fiscal quedó en evidencia, una vez más, que se protegió a los extractos superiores.

Los beneficiados con la resolución fueron Sergio Ricardo Villarreal, Patricia Elizabeth Guaimás, Norma Liliana Portugal, Jorge Gustavo Valussi, Patricia Roxana Guaymás y Claudia Luz Medrano.

 

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