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Ocupar calles, escuelas o tierras es anticonstitucional

Domingo, 24 de septiembre de 2017 00:00

En estos días, la sociedad argentina ha observado algunos ejemplos asombrosos de legitimación de la violencia, producidos por jueces, y que muestran un verdadero caos en nuestro orden jurídico.

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En estos días, la sociedad argentina ha observado algunos ejemplos asombrosos de legitimación de la violencia, producidos por jueces, y que muestran un verdadero caos en nuestro orden jurídico.

En Buenos Aires, la jueza Elena Liberatori consideró que ocupar escuelas e impedir el normal desarrollo de la actividad escolar es "un derecho constitucional de los alumnos" y ordenó a los directores no denunciar esos hechos ante la policía. La misma magistrada, hace cuatro años, había considerado que esas protestas estudiantiles forman parte de la tradición democrática y republicana. Los constitucionalistas Gregorio Badeni, Guillermo Lipera y Alejandro Fargosi le recordaron que el derecho constitucional de los niños y adolescentes es el de contar con una escuela pública de calidad y donde las clases se dicten normalmente. Asimismo, las ocupaciones de escuelas son acciones violentas, minoritarias, en las que intervienen desde afuera partidos y grupos políticos, cuyas consignas siempre son negativas. La acción directa, en cualquiera de sus formas, y especialmente la obstrucción de la actividad normal en los espacios públicos, no responde a la democracia representativa sino al poder de facto. La representación democrática debate en los parlamentos, escucha a la ciudadanía y decide en función del interés común. En el caso de las escuelas porteñas lo que se está cuestionando es un proyecto de reforma curricular que incluye, en el último año de la enseñanza media, actividades prácticas en empresas, cooperativas o ONG, conducidas por los docentes, y que permitan a los estudiantes empaparse de la vida real en el mundo del trabajo. También estableces como objetivo la preparación de los alumnos para la transición hacia la universidad. No existe ninguna razón, que no sea política, para la resistencia activa contra iniciativas que responden a lo que reclaman muchos padres y pedagogos: un sistema educativo de calidad y que ofrezca horizontes de futuro.

La jueza Liberatori falló en consonancia con la idea de "democracia delegativa plebiscitaria", inspiradora de los autoritarismos de izquierda y derecha y, en especial, de los regímenes bolivarianos, hoy en retirada.

En las últimas semanas, a su vez, la desaparición del artesano Santiago Maldonado se enmarca en un hecho mucho más trágico que las ocupaciones de escuelas, pero de también una muestra de la fragilidad jurídica. El juez Guido Otranto no allanó el predio de 12.500 hectáreas ocupado por los activistas de la Resistencia Ancestral Mapuche, quienes invocaron el carácter sagrado de ese territorio. En la Argentina, se sabe, no hay territorios sagrados que no puedan ser allanados con orden judicial. A la ilegalidad de la usurpación los activistas agregaron el bloqueo a la investigación judicial sobre la desaparición del artesano.

Estas personas invocan una identidad indígena no verificada y argumentan su derecho a violar la ley en razón de que sus comunidades, dicen, preexisten al Estado.

Sin embargo, al igual que los recientemente declarados diaguita calchaquíes de los valles, La Poma y Rosario de Lerma, se amparan en una ley de ese mismo estado, que lleva el número 26160, que suspendió la ejecución de sentencias de desalojos a las comunidades que acrediten presencia histórica en las tierras que reclaman, y que cuenten con personería. La ley fijaba un plazo de cuatro años y ya fue prorrogada dos veces. Los nuevos plazos vencen en noviembre y aún no están elevadas ni el 25 por ciento de las supuestas comunidades. Sin embargo, desde que se sancionó la ley, muchos dejaron de pagar arriendos y pastajes. Alentados por activistas y funcionarios nacionales y provinciales, se declararon aborígenes, reclamaron la propiedad de la tierra y ejercieron acciones violentas contra los legítimos dueños. Todo, ante la mirada tolerante o cómplice de jueces, fiscales, autoridades y dirigentes políticos. Lejos de contribuir a la democracia, las ocupaciones ilegales de escuelas o de tierras, así como los cortes de rutas y calles, solo son generadores de violencia. El reclamo de un grupo no puede destruir el derecho de todos. El falseamiento de la democracia, el clientelismo y la frivolidad en la aplicación de la ley solo producen una fractura social creciente y la privación de derechos de los sectores más vulnerables.

 

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