Más de cien efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval, acompañados por un helicóptero y un dron, iniciaron esta mañana un intenso rastrillaje en las márgenes del río Chubut, desde la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen hacia el este, en una tarea que demandará varios días, en busca de rastros de Santiago Maldonado, informaron fuentes de la investigación.
El operativo fue ordenado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien investiga la desaparición forzada de Maldonado, denunciada el primero de agosto, en el marco de un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche, 90 kilómetros al norte de esa ciudad.
Los investigadores iniciaron el rastrillaje sin ingresar en el territorio de la comunidad, 500 metros al este del límite con la estancia Leleque, del grupo Benetton, donde se apostaron los policías camuflados impidiendo el paso de personas ajenas al procedimiento, mientras que uniformados a pie, buzos y recorridos aéreos fueron registrando minuciosamente el terreno.
La comunidad mapuche está delimitada al sur por la ruta nacional 40 y al norte por el río Chubut, que es ancho en sus nacientes y está bordeado por un espeso sauzal en ambas costas, con empinadas bardas a sus costados.
Alrededor está la estepa patagónica, que en su mayor superficie pertenece a la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino, que incluye a la estancia Leleque y la cercana El Maitén, sector en conflicto con mapuches que reivindican su preexistencia ancestral en la región.
En este rastrillaje, los investigadores buscan rastros de Maldonado en una de las hipótesis diferentes a la denunciada por el testigo Matías Santana, un mapuche de la comunidad que dijo haber visto, con unos binoculares, cómo efectivos de Gendarmería se llevaban a Maldonado en una camioneta, luego de golpearlo.
Una de la hipótesis de los investigadores se basa en la idea de que Maldonado podría haber escapado de Gendarmería y cruzar el río, o ahogarse y ser arrastrado por sus aguas, de lo que hasta el momento no hay testimonios en el tribunal de Esquel.
Según voceros de la comunidad mapuche, el procedimiento "más que un rastrillaje fue un operativo más abajo del Lof, en campos de Benetton", y se extenderá "más arriba y más abajo del Pu Lof pero no dentro del Pu Lof".
Los integrantes de la comunidad mapuche siguieron de cerca el operativo, pegados al límite con la propiedad de Benetton, sin que se registrara conflicto alguno con los policías.
Familiares de Santiago Maldonado y su abogada Verónica Heredia habían expresado anoche insatisfacción por el hecho de que el juez Otranto no los había notificado sobre el rastrillaje iniciado hoy y pusieron en duda que esa medida permita avanzar en la investigación, porque "todos los testimonios e indicios apuntan a la desaparición forzada de Santiago durante la represión de Gendarmería en el Pu Lof", el pasado 1 de agosto.
Además, Heredia denunció la adulteración de libros de guardia de Gendarmería, que recién pudo conocer ayer, a 36 días de la denuncia, sobre lo que el juez Otranto y la fiscal Silvina Ávila no avanzaron con la investigación.
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Más de cien efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval, acompañados por un helicóptero y un dron, iniciaron esta mañana un intenso rastrillaje en las márgenes del río Chubut, desde la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen hacia el este, en una tarea que demandará varios días, en busca de rastros de Santiago Maldonado, informaron fuentes de la investigación.
El operativo fue ordenado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien investiga la desaparición forzada de Maldonado, denunciada el primero de agosto, en el marco de un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche, 90 kilómetros al norte de esa ciudad.
Los investigadores iniciaron el rastrillaje sin ingresar en el territorio de la comunidad, 500 metros al este del límite con la estancia Leleque, del grupo Benetton, donde se apostaron los policías camuflados impidiendo el paso de personas ajenas al procedimiento, mientras que uniformados a pie, buzos y recorridos aéreos fueron registrando minuciosamente el terreno.
La comunidad mapuche está delimitada al sur por la ruta nacional 40 y al norte por el río Chubut, que es ancho en sus nacientes y está bordeado por un espeso sauzal en ambas costas, con empinadas bardas a sus costados.
Alrededor está la estepa patagónica, que en su mayor superficie pertenece a la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino, que incluye a la estancia Leleque y la cercana El Maitén, sector en conflicto con mapuches que reivindican su preexistencia ancestral en la región.
En este rastrillaje, los investigadores buscan rastros de Maldonado en una de las hipótesis diferentes a la denunciada por el testigo Matías Santana, un mapuche de la comunidad que dijo haber visto, con unos binoculares, cómo efectivos de Gendarmería se llevaban a Maldonado en una camioneta, luego de golpearlo.
Una de la hipótesis de los investigadores se basa en la idea de que Maldonado podría haber escapado de Gendarmería y cruzar el río, o ahogarse y ser arrastrado por sus aguas, de lo que hasta el momento no hay testimonios en el tribunal de Esquel.
Según voceros de la comunidad mapuche, el procedimiento "más que un rastrillaje fue un operativo más abajo del Lof, en campos de Benetton", y se extenderá "más arriba y más abajo del Pu Lof pero no dentro del Pu Lof".
Los integrantes de la comunidad mapuche siguieron de cerca el operativo, pegados al límite con la propiedad de Benetton, sin que se registrara conflicto alguno con los policías.
Familiares de Santiago Maldonado y su abogada Verónica Heredia habían expresado anoche insatisfacción por el hecho de que el juez Otranto no los había notificado sobre el rastrillaje iniciado hoy y pusieron en duda que esa medida permita avanzar en la investigación, porque "todos los testimonios e indicios apuntan a la desaparición forzada de Santiago durante la represión de Gendarmería en el Pu Lof", el pasado 1 de agosto.
Además, Heredia denunció la adulteración de libros de guardia de Gendarmería, que recién pudo conocer ayer, a 36 días de la denuncia, sobre lo que el juez Otranto y la fiscal Silvina Ávila no avanzaron con la investigación.