Gremios, políticos y abogados consideran que el DNU de reforma del Estado es inconstitucional

Se multiplican los cuestionamientos al megadecreto de reforma del Estado del Gobierno nacional que fue publicado ayer. Gremios, políticos y abogados consideran que el instrumento es inconstitucional y analizan las acciones a seguir entre las que se incluyen demandas y la derogación del mismo.

Uno de los gremios es ATE. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticó el DNU de "desburocratización y simplificación del Estado", al que consideró "inconstitucional" y "atentatorio de los derechos laborales y la soberanía nacional".
En una conferencia de prensa realizada en la sede gremial, se expusieron los cuestionamientos al decreto publicado ayer en el Boletín Oficial que, en 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas.

"Este decreto es tan grave como el paquete de reformas que incluye a la previsional, laboral, tributaria y el pacto fiscal con los gobernadores. Tiene el mismo nivel de violación de los derechos de los trabajadores y desestructuración del Estado", sostuvo el titular del gremio, Hugo "Cachorro" Godoy.

El sindicalista le dijo a Télam que la medida, por su contenido y por su forma -mediante un DNU- "viene a culminar lo que comenzó (el ex presidente) Carlos Menem en los '90, con la Ley de Reforma del Estado", y adelantó que el equipo jurídico de ATE analiza una eventual presentación judicial para declarar inconstitucional el decreto.
"No existe ninguna razón de necesidad y urgencia que amerite el DNU, para que el Ejecutivo se arrogue facultades que le corresponden al Congreso, como la regulación de la economía del país", opinó el dirigente sindical, y agregó que, "con un nombre aparentemente inocente, de 'simplificación de trámites', el Presidente vacía estructuras del Estado y da vía libre para que las empresas trasnacionales saqueen nuestras riquezas".
Godoy adelantó que desde ATE enfrentarán la iniciativa del Gobierno con la "profundización del plan de lucha" que llevan adelante en el marco de los despidos "que se vienen produciendo en distintos organismos del Estado". 
El titular de ATE Nacional apuntó contra lo que consideró la "incorporación de los fondos de la Anses a la timba financiera", con la habilitación al Fondo de Garantías y Sustentabilidad del organismo para "crear fideicomisos financieros y operar con instrumentos dentro del mercado financiero".
Además cuestionó la "derogación de 50 normas del Senasa (el organismo que controla la salud vegetal y animal del país) y la trasferencia a manos privadas de las actividades de control hasta ahora en manos del Estado".
Por otra parte, Godoy alertó que, mediante este DNU, se aplican las reformas laborales que impulsa el Gobierno. 
Gogoy también puso el foco en lo que consideró uno de los puntos "más violatorios del derecho laboral", en relación a la disposición que "deja en manos de los bancos la decisión de embargos de cuentas sueldo, algo que hasta ahora estaba en manos de la Justicia y que tenían un límite del 20% del salario". 

Otras voces

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat se sumó a las críticas al Decreto de Necesidad y Urgencia” (DNU) dictado por Mauricio Macri y su Gabinete, y lo calificó de “golpe de estado institucional perpetrado por el Gobierno”.

Desde la política, la dirigente Margarita Stolbizer estrenará su ONG por la "lucha anticorrupción y la transparencia" con una demanda judicial que presentará tras la feria judicial contra el reciente "mega DNU" del presidente Mauricio Macri que implica una importante reforma administrativa.

Los legisladores del kirchnerismo, por su parte, reclamarán la derogación del DNU "ómnibus" que firmó el presidente Mauricio Macri para desregular una serie de áreas del Estado y advirtieron que si el oficialismo no pone en marcha la Comisión Bicameral que debe tratarlo, buscarán que pase a votarse directamente en el recinto.
El jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, calificó como "terrible" el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado el jueves en el Boletín Oficial porque "deroga y modifica más de 140 leyes" y "es una ley ómnibus en donde está claro que Macri se burla del Parlamento argentino".

También se expresó sobre el tema Mariano Recalde:

 Y Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) se refirió en las redes sociales al tema de las cuentas sueldo:

Y el exjefe de Gabinete del Kirchnerismo, Aníbal Fernández, no se quedó atrás:

Los DNU deben ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a pesar de ser la única que puede funcionar todo el año independientemente de que se convoque o no a sesiones extraordinarias, todavía no está constituida.
La Cámara de Diputados ya designó a sus ocho representantes en ese cuerpo pero el Senado todavía no hizo lo propio, pese a que tiene un plazo de diez días hábiles para analizar y emitir dictamen sobre el decreto.
Por esa razón, el diputado del FPV Marcos Cleri -que presidió la Bicameral hasta el 10 de diciembre pasado- señaló a NA que "si no se conforma la comisión, el DNU debe pasar al pleno de la Cámara para ser votado".
"Nosotros pedimos el 10 de diciembre que se constituya la comisión. Evidentemente el oficialismo no quiso porque estaban esperando este decreto y quieren pasar enero y febrero sin problemas", evaluó el referente de La Cámpora.
El trámite parlamentario para los DNU dicta que la Comisión Bicameral debe pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar un dictamen al pleno de cada Cámara: para que un decreto deje de tener validez debe ser rechazado por las dos Cámaras y la aprobación de solo una de ellas permite que siga vigente.
Desde la sanción de la ley que regula los DNU en 2006, nunca un decreto fue rechazado por el Congreso y rara vez un dictamen de la Bicameral llegó a ser votado por las dos Cámaras.
Dada la nueva composición del Congreso, el kirchnerismo tiene más posibilidades de pulsear por la derogación del decreto "ómnibus" si la votación pasa directamente al recinto que si se constituye la comisión.
Ocurre que Cambiemos se encamina a blindar la Bicameral con una mayoría propia y el kirchnerismo quedaría allí con muy pocos votos, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos dos años.
La mayoría opositora de esa comisión durante 2016 y 2017 le valió al oficialismo una seguidilla de rechazos de nulo valor formal (porque casi ningún dictamen llegó al recinto y nunca las dos Cámaras rechazaron un DNU) pero de significancia política.
Ahora, Cambiemos está cerca de contar con 8 de los 16 legisladores que integran la comisión lo que le permitiría reclamar también la presidencia del cuerpo que, en caso de empate, tiene voto doble.
En ese esquema, el justicialismo negociador que se referencia en el senador Miguel Pichetto y el diputado Diego Bossio podría contar con 4 lugares y el kirchnerismo apenas con 3, en tanto que el lugar restante será para un peronista independiente del Senado.

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