Por maltrato o algún derecho vulnerado, cada vez más chicos necesitaron la asistencia del Estado. En el extremo de los casos son alojados en hogares transitorios. Según estadísticas de la Secretaría de Niñez y Familia, en 2017 hubo unos 7 mil pedidos de intervención, un 75 por ciento más que los 400 casos del 2016.
inicia sesión o regístrate.
Por maltrato o algún derecho vulnerado, cada vez más chicos necesitaron la asistencia del Estado. En el extremo de los casos son alojados en hogares transitorios. Según estadísticas de la Secretaría de Niñez y Familia, en 2017 hubo unos 7 mil pedidos de intervención, un 75 por ciento más que los 400 casos del 2016.
Estas actuaciones consisten principalmente en el trabajo de equipos técnicos para fortalecer a las familias donde hay niños con un derecho vulnerado por cuestiones económicas, de salud, vivienda y educación. Cuando hay graves riesgos, los chicos se alojan en los hogares, conocidos en Salta como Centros de Inclusión Transitoria (CIT), o se entregan a otros familiares.
"Hubo un incremento exponencial de la cantidad de intervenciones, requerimientos de actuaciones. Se duplicaron, lo que generó que estemos a pleno en la capacidad cubierta de los hogares. Se advirtió complejidad en situaciones familiares de gravedad, como trata, consumo de drogas y violencia. Existe un crecimiento en la comunidad de la vulneración de los derechos de los niños", planteó el secretario de Niñez y Familia de la Provincia, Rodrigo Fernández.
Según estadísticas, las principales causas por las que los niños o adolescentes son enviados a los hogares son dos: porque han sido víctimas de violencia, maltrato o porque sufrieron abuso sexual en el seno familiar.
"Por otra parte, se presentan muchos casos de jóvenes que tienen alguna patología vinculada con salud mental, lo psiquiátrico, en varios casos los problemas son derivados del consumo y adicciones", detalló Fernández.
La Secretaría de Niñez y Familia puede tomar conocimiento de un niño en situación de vulnerabilidad por distintas vías que pueden alertar, como directivos de escuela, el 911, agentes sanitarios, el Poder Judicial.
Tras una alerta, envían un equipo conformado por un trabajador social y un psicólogo que analizan la situación y recomiendan si es pertinente retirar al niño de su hogar.
"En esos casos emito una resolución, un acta en la que ordeno el retiro compulsivo del niño. Se buscan antecedentes, se realiza la investigación y se remite todo al Poder Judicial que hace el control de legalidad", puntualizó el funcionario.
Cuando un caso es de extrema gravedad y urgente interviene un juez de Menores. En el marco de una denuncia se actúa para resguardar al niño y alojarlo en un hogar y luego se regulariza la documentación.
Graves denuncias
Además de la mayor cantidad de intervenciones, trascendieron graves denuncias y una serie de hechos que encendieron alarmas y abrieron interrogantes sobre el funcionamiento de los hogares y el tratamiento que se les proporciona a los niños y adolescentes
Días atrás, en el Hogar Esperanza, ubicado en las calles Rivadavia y Junín, dos chicas intentaron fugarse. Dos mujeres policías resultaron agredidas y una de las adolescentes se autolesionó. Las chicas fueron trasladadas a otro hogar. También hubo una denuncia por un supuesto abuso en uno de las instituciones que recibe varones.
Actualmente existen 23 hogares en toda la provincia con diferentes denominaciones pero que funcionan con un esquema similar, con divisiones por edades y género. Ocho de esos hogares están en la capital salteña y son llamados Centros de Inclusión Transitoria (CIT).
Los hogares recibieron 263 niños, niñas y adolescentes, según el último relevamiento para el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (CNNAF). El número no es estático sino que varía, porque hay ingresos y egresos permanentemente.
Conflictos
En la capital salteña, dos de los CIT reciben a adolescentes de 13 a 17 años con problemas de consumo y adicciones: Encuentro, en Villa Mitre, destinado a varones, y Esperanza, en Rivadavia y Junín, para mujeres. El primero tiene a seis chicos pero tiene capacidad para 20 y el segundo alberga a ocho chicas y tiene cupo para 12. "Los chicos, en principio, ingresan en contra de su voluntad al hogar, sobre todo cuando son adolescentes", explicó Fernández.
Estos hogares, de puertas abiertas, son los más complejos. "Dentro de las prestaciones, está todo vinculado al tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico de adicciones. Los chicos poseen obra social. Hay un trabajo coordinado con el área de Salud Mental", expuso Fernández.
Al ser consultado sobre lo ocurrido en el hogar Esperanza, Fernández dijo: "Se trató de una situación de violencia derivada de una cuestión psiquiátrica, un brote, ligado a la abstinencia de consumo". Muchos de los niños o adolescentes institucionalizados tienen custodia policial.
"Por orden judicial, en el hogar hay policías para evitar fugas, pero no es una situación agradable para los chicos. Se molestan. Pero es mejor el hecho de que estén policías en hogares, en ciertas cuestiones, para proteger si es necesario", hizo hincapié.
Sobre la denuncia por supuesto abuso, en otro hogar, el funcionario dijo que intervino un juez de Menores. "Hubo una investigación y se detuvo a un chico. Se revisó a la supuesta víctima y no se determinó ningún tipo de lesión compatible. El joven fue liberado y ya está en el hogar. Durante reuniones se supo que los chicos tienen exacerbado lo sexual y hubo juegos. Querían tocarse, empujarse. Los operadores controlan la situación. En la parte preventiva interviene una psicóloga que aborda la temática de la sexualidad".
"Una de las principales dificultades es la falta de contención del entorno familiar, que genera que sea aún más complicado sostener los tratamientos. Los chicos asisten, se avanza, interrumpen uno o dos meses porque tienen libertad de salir, consumen, logramos que regresen. Tratamos de generar pertenencia", finalizó.
.