Durante 2017, el Gobierno provincial firmó y ratificó contratos de promoción, con los que eximió a empresas y emprendedores de los impuestos a las actividades económicas y de sellos por hasta ocho años.
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Durante 2017, el Gobierno provincial firmó y ratificó contratos de promoción, con los que eximió a empresas y emprendedores de los impuestos a las actividades económicas y de sellos por hasta ocho años.
Las firmas beneficiarias también accedieron a certificados de crédito fiscal por un total de $113 millones, para construir y ampliar fábricas, bodegas, establecimientos del sector hotelero y centros médicos.
Dos de los contratos que firmó el exministro de Ambiente y Producción Sustentable Javier Montero, actual síndico general de la Provincia, despertaron polémica.
Uno fue el que benefició a la empresa Hijos de Salvador Muñoz con exenciones impositivas por ocho años, en apoyo a la construcción de una planta de enlatado de pimientos en conserva. El proyecto tiene prevista una inversión $57 millones y la generación de 110 puestos de trabajo en una finca de Embarcación.
Ese contrato se firmó el 10 de octubre, un mes antes de que Paula Bibini, asumiera como titular del nuevo Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Los cuestionamientos surgieron por los vínculos familiares que unen a Bibini, nueva cabeza del organismo competente en la entrega de las promociones, con la citada empresa.
La ministra es cuñada de Salvador y Miguel Muñoz, los hermanos que dirigen la firma eximida. Su esposo, Andrés Muñoz, con quien ella comparte los derechos de Industrias Frigoríficas Norte Grande (La Francisca) también fue hasta hace un tiempo socio de Hijos de Salvador Muñoz.
Tampoco escapó de la polémica el contrato de promoción celebrado el 15 de noviembre con Martín Grande, periodista que semanas antes había resultado electo como diputado nacional por el PRO.
Una semanas después, tras la publicación del contrato en el Boletín Oficial, el director de FM Profesional renunció a los beneficios consistentes en una exención impositiva, por ocho años, y certificados de crédito fiscal, por $500 mil, para instalar una fábrica de quesos, a partir de leche de oveja, en La Caldera. Grande había comprometido en su finca una inversión de $2,3 millones y la ocupación de tres trabajadores.
Certificados negociables
Los certificados de crédito fiscal sirven para pagar impuestos provinciales. Son transferibles y operan, en la práctica, como los cheques que se negocian en la plaza por efectivo. De hecho, todos los certificados que reciben las empresas promovidas son endosables y pueden, en consecuencia, ser usados por sus titulares o cedidos a terceros.
Los montos otorgados en certificados de crédito fiscal representan hasta un 30% de las inversiones proyectadas. Las empresas se comprometen a devolver al Estado provincial contraprestaciones, en dinero o especie, equivalentes al monto que recibieron en certificados, sin actualización ni intereses, en 10 años y con cinco de gracia.
Algunos de los proyectos
- Julia Valencia Donat accedió a certificados por $7 millones para un hotel en San Lorenzo.
- Nebar, $6,7 millones para fabricar postes.
- Sofía, $5 millones para una planta avícola.
- Agroindustrias San Antonio, $3 millones para fabricar cajones y pallets.
- RAC, $1,8 millones para fabricar carpintería metálica.
- José Fernández García, $2,8 millones para procesar cerdo.
- Cerámica del Norte, $6 millones.
- Pastizales de San Lorenzo, $3 millones para un apart hotel.
- Santiago Sáenz, $6 millones.
- La Constancia, $2 millones para una bodega en Cafayate.
- Campo San Benito, $1,2 millones para ampliar la Bodega Hemsy.
- Agi Construcciones, $2 millones para adquirir camiones hormigoneros y ampliar su planta.
- MAgropecuaria, $3,5 millones para una bodega en Cachi.
- Nutribras, $3 millones para procesar legumbres.
- Cartoon, $6 millones para ampliar sus plantas.
- MM Hoteles, $1,5 millones para ampliar un apart hotel.
- Cooviagro Cafayate, $5 millones para una bodega.
- Moreno y Venier, $2,4 millones para fabricar productos de cartón.
- Medicina Ambulatoria Salta, $7 millones. Demetrio Herrera, $3 millones. Sanatorio El Carmen, $2,8 millones. Hugo León Saravia, $2 millones. CIEM, $5 millones. Eduardo Jaraba, $5 millones.