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Fueron eximidos de impuestos y cobraron créditos fiscales, pero no pusieron un clavo

Seis contratos, rescindidos en 2017, muestran el lado oscuro de los estímulos que entrega la Provincia a inversores privados.En 2017 se acordaron certificados por $113 millones para fábricas, bodegas, imprentas, clínicas, hoteles y constructoras.
Domingo, 21 de enero de 2018 00:00

En los papeles, las exenciones impositivas y los certificados de crédito fiscal que se otorgan a determinadas empresas y emprendedores industriales, turísticos y del sector de la salud sirven para estimular la inversión privada y asegurar la incorporación de trabajadores formales en diferentes niveles de la actividad económica.

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En los papeles, las exenciones impositivas y los certificados de crédito fiscal que se otorgan a determinadas empresas y emprendedores industriales, turísticos y del sector de la salud sirven para estimular la inversión privada y asegurar la incorporación de trabajadores formales en diferentes niveles de la actividad económica.

El festival de estímulos, sin embargo, no siempre garantiza que los recursos cedidos por el Gobierno provincial se destinen a los proyectos de inversión presentados, que las obras realmente se ejecuten y que se generen los nuevos puestos de empleo comprometidos.

Así quedó visto en las controvertidas promociones industriales que tuvieron amplia repercusión mediática, entre 2010 y 2013, por los conflictos de intereses que saltaron a relucir en los beneficios fiscales y los lotes que empresas como Luxem y Pinginos del Norte recibieron en diferentes parques industriales.

Hasta esos años, justamente, se remontan los antecedentes de seis contratos de promoción que fueron rescindidos en 2017. La serie se abrió el 31 de marzo con tres decretos en los que el gobernador Juan Manuel Urtubey instruyó a la Dirección General de Rentas (DGR) y la Fiscalía de Estado para que inicien acciones contra las firmas Inteco SRL, Instituto del Riñón de Salta SRL y Luis Alberto García Gómez por las exenciones que usufructuaron sin cumplir con las inversiones proyectadas ni los nuevos puestos de trabajo comprometidos en los contratos.

El caso de Inteco se remonta al 25 de enero de 2011. Entonces, el disuelto Ministerio de Desarrollo Económico la eximió de los impuestos a las actividades económicas y de sellos, por ocho años, y le entregó certificados de crédito fiscal por $500.000.

Impresión digital: Cartoon es una de las 36 firmas que accedieron a los créditos fiscales en 2017 para ampliar y modernizar sus plantas.

Inteco debía montar una fábrica de artefactos de iluminación con tecnología LED. La Secretaría de Industria tardó años en comprobar que en el predio declarado, en calle Tucumán 1338, de la ciudad de Salta, no había actividad industrial ni personal ocupado. Algo semejante ocurrió con las restantes empresas que, como punto en común, también fueron eximidas del pago de impuestos por ocho años. 

A la firma Instituto del Riñón de Salta el Gobierno provincial le otorgó el 11 de diciembre de 2012 certificados por $3 millones, para que instale un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio Integral de Urología y Nefrología. Hasta marzo de 2013, la empresa había embolsado $1,5 millones, sin ejecutar la inversión proyectada. 

A Luis Alberto García Gómez, la Provincia le otorgó el 4 de septiembre de 2012 certificados por $900.000, para que ponga en servicio el hotel Patio de las Virreinas, en Colonia Santa Rosa. García Gómez embolsó íntegramente el monto de los certificados, pero ese establecimiento tampoco se habilitó y el organismo competente tardó una eternidad en certificarlo. 

Gaseosas en El Tabacal 

El 8 de enero de 2010, Embotelladora Mosconi SRL accedió a certificados por $4 millones -que cobró en su totalidad- para instalar una fábrica de bebidas gaseosas y aguas saborizadas en El Tabacal (Orán). Con años de tardanza, el Programa de Créditos de la Dirección de Financiamiento Productivo comprobó que la supuesta planta estaba cerrada y sin signos de actividad. La maquinaria terminó vendida y el contrato fue rescindido recién el 21 de julio de 2017. 

Un hotel en Moldes

El 25 de septiembre de 2012, la empresa Golfo de Jade recibió certificados por $1,8 millones, para construir un apart hotel en Coronel Moldes. El Ministerio de Cultura y Turismo tardó años en comprobar que la inversión privada no se hizo efectiva, como tampoco la ocupación de los puestos de empleo permanentes comprometida en el proyecto, pese a que los responsables de la firma habían cobrado íntegramente el monto de los créditos fiscales. El contrato fue rescindido el 7 de junio de 2017. 

Equipos de frío 

El 23 de agosto de 2011 la empresa Tecnofrigo accedió a certificados de crédito fiscal por $1,5 millones para instalar una fábrica de equipos de frío en General Güemes. Tras la certificación de los trabajos iniciales, la firma embolsó $240 mil. Cuatro años después, el 2 de septiembre de 2015, la Secretaría de Obras Públicas informó al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable que la obra no avanzó más allá del cerco perimetral y algunos pozos de fundación. El contrato fue rescindido el 25 de septiembre de 2017. También en este caso, los únicos ocupados fueron los abogados de la DGR y la Fiscalía de Estado, en las demandas administrativas y judiciales por las exenciones y créditos fiscales usufructuados.

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