La corrupción sindical vuelve a convertirse en uno de los factores que amenazan la estabilidad institucional del país.
inicia sesión o regístrate.
La corrupción sindical vuelve a convertirse en uno de los factores que amenazan la estabilidad institucional del país.
En medio de una seguidilla de procesamientos y detenciones contra multimillonarios dirigentes sindicales, dos figuras emblemáticas, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, secundados por otros gremialistas, se pronunciaron la semana pasada contra el programa económico del gobierno, al que consideran contrario a los "intereses nacionales". Allí incluyeron lo que llaman un "plan de lucha", cuyas características, seguramente, serán las conocidas: la utilización del transporte de cargas como fuerza de choque. Barrionuevo, a su vez, amenazó recordando que "los gobiernos que intentaron limitar el poder sindical no concluyeron sus mandatos. Mencionó explícitamente el caso de Raúl Alfonsín, quien debió soportar el boicot de la CGT dirigida por Saúl Ubaldini, que protagonizó 14 paros nacionales, y las sublevaciones "carapintada". También evocó a Fernando de la Rúa, quien no pudo sobrellevar el boicot de los grupos organizados en su contra.
El contexto es escandaloso
El caso del Marcelo Balcedo, detenido en una mansión de Punta del Este reúne todas las características de las conductas mafiosas y de las peores tradiciones sindicales. Ingeniero de profesión, Balcedo heredó de su padre la jefatura del poco conocido Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación. Jamás se desempeñó como portero de escuela, pero ese legado paterno le permitió amasar una fortuna ilícita. El decomiso de casi ocho millones de dólares en efectivo, de 14 automóviles exclusivos y de super lujo, armas de guerra e innumerables propiedades, forma parte de una causa en la que Balcedo y su mujer son investigados por evasión y lavado de dinero; además, existen indicios de vínculos con bandas de narcotraficantes. El hallazgo de un zoológico en la mansión uruguaya evoca, simbólicamente, los hábitos lujuriosos de narcotraficantes emblemáticos, como Pablo Escobar Gaviria. En La Plata, donde tiene su sede y su diario Hoy, a Balcedo se lo investiga, además, por extorsión a las autoridades.
En las últimas semanas, con las detenciones de este dirigente y sus colegas de similar currículum, Juan Pablo "Pata" Medina y Humberto Monteros, fueron incautados más de $160.000.000 en efectivo.
Estos sindicalistas se suman al ferroviario José Pedraza, condenado por el homicidio de un militante del Partido Obrero y al marítimo Omar "Caballo" Suárez, acusado de violentas prácticas extorsivas y manejo ilegal de enormes sumas de dinero.
Un sistema sindical degradado hoy se siente jaqueado por la Justicia. Se trata de una estructura donde los líderes "históricos" conforman una gerontoracia con entre 30 y 53 años de permanencia en los cargos.
Moyano, Barrionuevo y sus aliados se presentan como víctimas de "persecución política". La sociedad no les cree. Aunque invocan los derechos de los asalariados, ocultan que la estrategia sindical de los últimos 34 años contribuyó a una degradación laboral sin antecedentes en nuestra historia y generó una nueva "oligarquía" de dirigentes gremiales enriquecidos, en un país empobrecido. Paradójicamente, incluyen en el documento la acusación al gobierno con la frase "Hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres", acompañada de invocaciones a la autoridad del papa Francisco.
La reacción sindical refleja el avance de las acciones judiciales. Pablo Moyano sostiene que "sería un honor que lo meta preso este gobierno". En realidad fue involucrado en ilícitos por un barrabrava, detenido en el marco de una investigación por hechos de corrupción y de violencia en el club Independiente. Además, el "mega decreto" de reforma y modernización del Estado anunciado por el Gobierno, incluye medidas que afectan los intereses particulares de OCA, una empresa postal que, inexplicablemente, se encuentra en poder de los Moyano.
Las medidas del actual gobierno son discutibles, como las de cualquier gobierno, pero esa discusión solo es legítima en el marco de la democracia. La corruptela sindical, en cambio, es una infamia que saca ventaja de la necesidad de la gente. En este contexto, la amenaza, como método para conservar prebendas, es un instrumento autoritario, violento y delictivo, que agravia al orden jurídico y a los intereses de la so ciedad.