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Nuestro futuro se debe decidir acá

Viernes, 26 de enero de 2018 01:54

La suspensión dispuesta por la Provincia a las actividades rurales en 32 predios autorizados puede generar una catástrofe. 
Los funcionarios nacionales argumentan que ellos solo “sugirieron” y que carecen de jurisdicción para decidir. Pero lo cierto es que, si bien no deciden, en el texto amenazan. 
La decisión de suspender la actividad y recurrir a la Justicia puede derivar, simplemente, en que se pierda empleo y se postergue el desarrollo. 
Los tiempos de la Justicia no son los de la producción.
Todos bailan al compás de grupos de activistas con gran capacidad para montar espectáculos, pero que carecen de representatividad y de autoridad. 
El gobierno de Juan Manuel Urtubey se mostró siempre muy sensible a las campañas de injurias y burlas que monta Greenpeace. 
El Gobierno nacional, en el área de Medio Ambiente, directamente se deja manejar por las ONG. Dos viejos conocidos de Salta, Juan Carlos Villalonga y Emiliano Ezcurra, ocupan ligares clave. Son los mismos que colocaron un collar de rastreo satelital para yaguaretés a un ternero. Era para engañar al satélite, y a los incautos que habían aportado cien mil dólares para comprar el sistema.
La realidad es que la Provincia debe ser dueña de decidir su futuro. 
Parece increíble que ante la paralización de cinco millones de hectáreas que se degradan día a día, quienes deben tomar las decisiones, tengan dudas. 
Si el ministro Sergio Bergman quiere conocer lo que pasa en Salta, debería buscar otras fuentes. O dedicar dos semanas a recorrer el Chaco salteño sin la compañía del activismo urbano, sino de expertos en campos, bosques y ganadería.
La Provincia debió reaccionar con mucha más energía. En primer lugar, rechazar de plano la intromisión y dejar en claro que la amenaza de inspecciones y sanciones es inadmisible. Bastaba con prohibir la presencia de inspectores.
Los “presupuestos mínimos” de los que habla la ley de bosques son mínimos. La categorización de las áreas amarillas realizada por el Gobierno provincial fue un error de origen, justamente, porque se suponía que esas zonas intermedias necesitaban cuidados especiales pero que, de ninguna manera, equivalían a zonas “rojas”. 
Este punto es crucial. El acuerdo en el Consejo Federal de Medio Ambiente, que limitó la revisión de esos predios, daba por supuesto que el amarillo funcionaba igual en todas las provincias: como excepción. En Salta fue la regla. Todo el bosque se pintó de amarillo. La revisión predial fue una alternativa para salir del atolladero. Pero Bergman lo ven de otra manera y apuntan a congelar el desarrollo de la provincia. 
Con ir a la Justicia se pierde tiempo.
Ayer, Urtubey ratificó la decisión de poner en marcha un proyecto de desarrollo agroindustrial. La provincia, en un país federal, no puede dejar que le aten las manos en cuestiones que, según la Constitución, le competen, como el desarrollo local y el cuidado del medio ambiente.
No debe ceder ante decisiones arbitrarias de un ministro de la Nación que se extralimita. No hay nada que la obligue a acatar desatinos.
Pero mucho menos puede transigir frente a las conductas extorsivas de los activistas que, por una parte, vulneran la ley ya que invaden predios y atacan a los finqueros y, por otra, agravian a las autoridades con gigantografías bizarras en la Casa de Salta, en el Cabildo local o en el Congreso. 
El Estado debe estar por encima de esos temores. La prioridad es el cumplimiento de la ley, los derechos de los ciudadanos y la mejora de la calidad de vida.
Lo que está en juego es muy grave. La preservación del medio ambiente debe garantizarse con recursos técnicos, con conocimientos científicos y con objetivos políticos que tengan al ser humano como el eje de las decisiones.
Lo demás es relativo.
La calidad de vida no se logra con conductas políticamente correctas sino con decisiones acertadas,
Las decisiones para Salta se deben tomar en Salta y no en un barrio coqueto de Buenos Aires. Simplemente, porque está demostrado que desde allí no se ve bien lo que pasa acá.
 

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La suspensión dispuesta por la Provincia a las actividades rurales en 32 predios autorizados puede generar una catástrofe. 
Los funcionarios nacionales argumentan que ellos solo “sugirieron” y que carecen de jurisdicción para decidir. Pero lo cierto es que, si bien no deciden, en el texto amenazan. 
La decisión de suspender la actividad y recurrir a la Justicia puede derivar, simplemente, en que se pierda empleo y se postergue el desarrollo. 
Los tiempos de la Justicia no son los de la producción.
Todos bailan al compás de grupos de activistas con gran capacidad para montar espectáculos, pero que carecen de representatividad y de autoridad. 
El gobierno de Juan Manuel Urtubey se mostró siempre muy sensible a las campañas de injurias y burlas que monta Greenpeace. 
El Gobierno nacional, en el área de Medio Ambiente, directamente se deja manejar por las ONG. Dos viejos conocidos de Salta, Juan Carlos Villalonga y Emiliano Ezcurra, ocupan ligares clave. Son los mismos que colocaron un collar de rastreo satelital para yaguaretés a un ternero. Era para engañar al satélite, y a los incautos que habían aportado cien mil dólares para comprar el sistema.
La realidad es que la Provincia debe ser dueña de decidir su futuro. 
Parece increíble que ante la paralización de cinco millones de hectáreas que se degradan día a día, quienes deben tomar las decisiones, tengan dudas. 
Si el ministro Sergio Bergman quiere conocer lo que pasa en Salta, debería buscar otras fuentes. O dedicar dos semanas a recorrer el Chaco salteño sin la compañía del activismo urbano, sino de expertos en campos, bosques y ganadería.
La Provincia debió reaccionar con mucha más energía. En primer lugar, rechazar de plano la intromisión y dejar en claro que la amenaza de inspecciones y sanciones es inadmisible. Bastaba con prohibir la presencia de inspectores.
Los “presupuestos mínimos” de los que habla la ley de bosques son mínimos. La categorización de las áreas amarillas realizada por el Gobierno provincial fue un error de origen, justamente, porque se suponía que esas zonas intermedias necesitaban cuidados especiales pero que, de ninguna manera, equivalían a zonas “rojas”. 
Este punto es crucial. El acuerdo en el Consejo Federal de Medio Ambiente, que limitó la revisión de esos predios, daba por supuesto que el amarillo funcionaba igual en todas las provincias: como excepción. En Salta fue la regla. Todo el bosque se pintó de amarillo. La revisión predial fue una alternativa para salir del atolladero. Pero Bergman lo ven de otra manera y apuntan a congelar el desarrollo de la provincia. 
Con ir a la Justicia se pierde tiempo.
Ayer, Urtubey ratificó la decisión de poner en marcha un proyecto de desarrollo agroindustrial. La provincia, en un país federal, no puede dejar que le aten las manos en cuestiones que, según la Constitución, le competen, como el desarrollo local y el cuidado del medio ambiente.
No debe ceder ante decisiones arbitrarias de un ministro de la Nación que se extralimita. No hay nada que la obligue a acatar desatinos.
Pero mucho menos puede transigir frente a las conductas extorsivas de los activistas que, por una parte, vulneran la ley ya que invaden predios y atacan a los finqueros y, por otra, agravian a las autoridades con gigantografías bizarras en la Casa de Salta, en el Cabildo local o en el Congreso. 
El Estado debe estar por encima de esos temores. La prioridad es el cumplimiento de la ley, los derechos de los ciudadanos y la mejora de la calidad de vida.
Lo que está en juego es muy grave. La preservación del medio ambiente debe garantizarse con recursos técnicos, con conocimientos científicos y con objetivos políticos que tengan al ser humano como el eje de las decisiones.
Lo demás es relativo.
La calidad de vida no se logra con conductas políticamente correctas sino con decisiones acertadas,
Las decisiones para Salta se deben tomar en Salta y no en un barrio coqueto de Buenos Aires. Simplemente, porque está demostrado que desde allí no se ve bien lo que pasa acá.
 

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