Quizás fue uno de los personajes del año que pasó. Con su frase "never pony, pura sangre", los videos motivacionales de Serafín Dengra se viralizaron en las redes sociales y lo convirtieron en un ícono por sus simpáticas arengas.
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Quizás fue uno de los personajes del año que pasó. Con su frase "never pony, pura sangre", los videos motivacionales de Serafín Dengra se viralizaron en las redes sociales y lo convirtieron en un ícono por sus simpáticas arengas.
Hoy, la realidad del expilar de los Pumas es otra, ya que se encuentra involucrado en un escándalo judicial. Se lo investiga por una supuesta asociación ilícita para defraudar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en una causa que se inició en Salta pero pasó a la Justicia de Buenos Aires a fines de 2016.
Se presume que Serafo, como se lo conoce, actuaba como "pescador" de potenciales "clientes", que por lo general eran grandes contribuyentes que tenían problemas con el fisco.
La investigación se originó en la provincia a raíz de una denuncia que recibió la AFIP, en la que un contribuyente informó que le ofrecían "solucionarle" los problemas que tenía con el organismo de una manera fraudulenta. Una fuente de la Fiscalía aclaró que este contribuyente, del cual se desconoce el nombre, denunció a Serafín Dengra por ofrecerles estos "servicios".
Lo que ofrecía la banda que supuestamente integraba Dengra era arreglar las deudas con la AFIP con simulaciones de pago y créditos fiscales inexistentes. "Con eso, aparecían solucionándoles los problemas a grandes contribuyentes y ellos cobraban una comisión de lo que tenían que pagar", aclaró una fuente de la Fiscalía a El Tribuno.
Las maniobras que realizaba esta banda podrían sistematizarse en simulación de pago de impuestos, aportes y contribuciones y todos sus accesorios, comercialización de facturas electrónicas apócrifas, manejo de deudas y planes de pago especiales y gestiones para la aprobación de declaraciones juradas.
Investigación
A raíz de la denuncia, el juez federal Julio Bavio decidió intervenir los teléfonos de Dengra y otro imputado. "Al investigarse, se determina que efectivamente tenían muchos clientes a los cuales les solucionaban sus problemas y contaban con gente de AFIP que estaba en connivencia con ellos. Es decir que se determinó, prima facie, una asociación ilícita tributaria que estaba destinada a hacer esas maniobras", explicó la fuente.
La investigación se inició a través de las intervenciones telefónicas que ordenó el juez federal Bavio. De esa forma, el fiscal comenzó a ver cómo era la metodología. "De esas escuchas se desprendía que una persona, el principal imputado, era el que le daba instrucciones a Serafín Dengra y este es el que actuaba como intermediario, cobrador y buscando a más clientes", destacó el fuente.
A partir de las intervenciones telefónicas, surgieron quienes eran las personas a las que se acercaban para ofrecer sus servicios: grandes contribuyentes que tenían problemas con la AFIP.
En esta investigación se identificaron maniobras de engaño al fisco por montos superiores a los 800 millones de pesos, eso en cuanto a simulaciones de pago de deudas impositivas. En relación con facturas apócrifas, se llegó a montos aproximados de 1.400 millones de pesos, solo en 2015.
Las investigaciones realizadas por el fiscal Villalba tuvieron una duración de un año y medio, durante 2014 y 2015. Recién a fines de 2016, la causa pasó a manos de Sandra Arroyo Salgado.
A lo largo de la investigación, surgió que todas las empresas involucradas tenían los domicilios fiscales en Buenos Aires. Además, la banda también tenía contacto con personal de la AFIP en Buenos Aires. Por ese motivo es que el juzgado de Salta se declaró incompetente.
"Se inicia en Salta, porque el denunciante era de la provincia, pero después la mayor parte de la maniobra de las empresas eran de Buenos Aires. Ellos tenían un contacto en la AFIP y eso les permitía acceder a claves fiscales y a datos que solo tenía el organismo", remarcó la fuente. Ahora la investigación está a cargo de la jueza de San Isidro y exmujer de Alberto Nisman, Arroyo Salgado.
Los dos presuntos jefes de la banda viven hoy realidades distintas. Miguel Ángel Lamparelli se encuentra procesado y con prisión preventiva, mientras que el otro, Adrián Marcal Gago, permanece prófugo desde hace meses.