El trabajo legislativo 2017, que culminó con un centenar de leyes oficializadas, se cumplió en medio de una puja electoral que arrojó un resultado adverso para el oficialismo gobernante.
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El trabajo legislativo 2017, que culminó con un centenar de leyes oficializadas, se cumplió en medio de una puja electoral que arrojó un resultado adverso para el oficialismo gobernante.
También se desarrolló en un contexto de políticas nacionales de fuerte ajuste que el gobierno provincial se comprometió a cumplir.
El mal resultado electoral obligó a cambiar el gabinete provincial, y con la ley 8053, se modificó la ley de Ministerios para eliminar carteras y secretarías.
Esta medida fue tomada para ahorrar recursos, pero no se informó del impacto económico que se generó en este sentido.
De las 104 leyes que se oficializaron en 2017, no todas fueron aprobadas en ese período. Unas veinte normas sancionadas por la Legislatura a fines de 2016, recién fueron publicadas en los primeros días de 2017.
En ese atraso se explica que el número de leyes publicadas durante el 2017 sea superior al de las que fueron sancionada por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo en ese período.
Una de las que fueron publicadas en forma tardía es la ley 7972 de presupuesto general de la provincia para el ejercicio que acaba de finalizar. Esta norma se aprobó en diciembre de 2016 pero se la oficializó el 6 de enero de 2017 a través del Boletín oficial.
En noviembre pasado, con la ley 8064 se aprobó el Consenso Fiscal que la Provincia firmó con el Gobierno nacional.
Con esa ley también se aprobó un aumento tributario. Esta medida generó el rechazo del arco empresario provincial.
En un balance del año, desde el bloque de diputados del PJ se encargaron de resaltar que se terminaba "un año difícil, con un claro deterioro de la calidad de vida de los sectores más débiles, producto de la orientación y medidas económicas que tomó el Gobierno nacional y perjudicaron principalmente a las provincias que dependen de los ingresos coparticipables".
Diversidad de temas
Con la Ley 7.985 se dispuso la protección integral de niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención o hiperactividad.
La Ley 7.986 fue aprobada para establecer la competencia del juez de violencia familiar y de género.
La Ley 7.994 autorizó a expropiar un inmueble de Orán para ampliar la planta depuradora de líquidos cloacales.
Con la Ley 7.975 se dispuso un régimen de promoción y fomento de la actividad musical.
Con la Ley 7.973 se asignó carácter de política pública a la prevención, control y tratamiento de los trastornos alimentarios.
Con la Ley 7.974 se prohibió la venta a menores de edad de productos de origen industrial con componentes metálicos, purpurina, brillantina y demás tóxicos.
Leyes para frenar desalojos rurales
En el año 2017 se trataron y se aprobaron dos leyes para prorrogar la suspensión de desalojos de tierras que habitan pequeños productores y familias rurales.
La primera ley fijaba como plazo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Pero ante la falta de acciones para determinar y regularizar las posesiones, la Legislatura aprobó otra ley y extendió el freno a los desalojos rurales hasta el 31 de diciembre de 2018.
Por otra parte, con la Ley 7.970 se implementaron procedimientos de aplicación del Sistema de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previsto en la Ley nacional 26.061.
A través de la Ley 7.996 se estableció un marco regulatorio para la investigación médica y uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.
Con la Ley 8.006 se aprobó un régimen de licencia por maternidad y paternidad para empleados de organismos públicos.
Con la ley 8024 se creó el sistema provincial de prevención de torturas y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes y se derogó la ley anterior.
Con la Ley 8.030 se instituyó el sistema de boleto gratuito que estaba establecido a través de decreto, para estudiantes y jubilados.
Con la Ley 8.036 se reglamentó la acción popular de inconstitucionalidad. La disminución del plazo y la aplicación de una abultada multa generaron polémica.
Con la Ley 8.038 se incluyó en el Código de Contravenciones la sanción con arresto de hasta 20 días, o multa de hasta 20 días, al que dentro de un establecimiento educativo de gestión pública o privada, ejerza actos que violenten a un trabajador, sea o no docente, siempre que la conducta no constituya delito.
Con la Ley 8.039 se dispone, también en el Código de Contravenciones, sanciones para quienes ejerzan violencia contra médicos o trabajadores de la salud. Con la Ley 8.010 se incluyeron normas de control al sistema de voto electrónico.