El último tarifazo del gas fue un golpe muy severo para el bolsillo, pero también para la confianza pública. Resultó sorprendente y muy preocupante que se haya añadido la decisión de actualizar las facturas domiciliarias ya canceladas por los usuarios, más allá de que se haya fundamentado en una ley de 1992.
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El último tarifazo del gas fue un golpe muy severo para el bolsillo, pero también para la confianza pública. Resultó sorprendente y muy preocupante que se haya añadido la decisión de actualizar las facturas domiciliarias ya canceladas por los usuarios, más allá de que se haya fundamentado en una ley de 1992.
El hecho que se haya dado marcha atrás con la medida no corrige la desprolijidad de fondo.
La devaluación de 22 a 40 pesos por dólar, una verdadera crisis cambiaria, no solo afectó a todos por igual sino que genera aún una sensación de desconcierto e inestabilidad lo suficientemente graves como para obligar al gobierno a proceder con cautela.
Las decisiones políticas, tanto para las autoridades nacionales como para las empresas distribuidoras de gas no pueden adoptarse como meros manejos contables.
El ciudadano común, que no participa de las decisiones macroeconómicas, no puede hacerse cargo de un aumento de costos que desestabilizan la administración del hogar.
Es cierto que la crisis energética heredada es de enorme magnitud, no solo por un déficit injustificable y de origen vinculado a la corrupción, sino también por la falta de diversificación de las fuentes generadoras y por la discontinuidad de las inversiones. Por otra parte, la expectativa de lograr exportaciones de gas del orden de 15.000 millones de dólares en poco más de dos años no alcanza como justificativo para un aumento tan fuerte, que llega a un promedio de 1848 por ciento en menos de tres años en el precio del combustible.
Es simple: por más razones que se invoquen, para el ciudadano de a pie no tiene explicación que pretendan cobrarle un retroactivo como el que generó este conflicto. Quien pagó $ 100 pesos con el dólar a $ 20, pagó cinco dólares. Si ese dinero ahora vale la mitad, la cuenta ya está cerrada.
La decisión de eliminar el retroactivo -no el tarifazo- deja la sensación de que el Estado, es decir, todos los argentinos, pagaremos por una deuda con empresas privadas, pero generada por desacoples en la política monetaria y cambiaria.
Gobernar requiere racionalidad, que no se limita a planificar una economía actualizada, con un diseño técnicamente ideal, adecuado a los requerimientos del inversor, sino que debe tomar en cuenta las necesidades básicas y las percepciones de toda la ciudadanía.
La propuesta de gobierno de Cambiemos estaba orientada a producir un cambio drástico en la economía, con objetivos de modernización, inversión, generación de empleo, industrialización y exportación. Hasta ahora no se ha avanzado nada hacia esas metas.
Las razones pueden ser varias.
La prioridad inmediata está puesta en revertir el déficit fiscal, para frenar la inflación. La forma de hacerlo, políticamente más adecuada y menos traumática para la gente, consistiría en aumentar los ingresos, pero eso no va a suceder sin reactivación económica. Hoy tenemos una combinación riesgosa de endeudamiento, recesión e inflación.
Es imposible avanzar en un proyecto que involucra a una sociedad sin un contacto fluido con la gente, que permita al Gobierno medir las expectativas y los humores sociales.
Pero cualquier logro será inaccesible sin un liderazgo firme, un mensaje claro hacia la ciudadanía y un equipo de gobierno que funcione organizadamente.
El cobro retroactivo, al igual que cualquier medida económica, debe resolverse en el seno del gabinete y enmarcada en un proyecto coherente. Son decisiones de fondo, que corresponden, en primer lugar, al presidente Mauricio Macri, y al ministro de Economía, y que acarrean serias consecuencias políticas y sociales,
Esta crisis de credibilidad se vio agravada, la última semana, por las actitudes asumidas por la diputada Elisa Carrió quien pidió la renuncia del ministro de Justicia y amenazó al mismo presidente Macri con una frase lapidaria: “o cambia, o cae”. No fue “una broma”, como dijo después la legisladora. La gestión de un gobierno, del que ella forma parte aunque no sea funcionaria, no da lugar a bromas. Mucho menos, que insinúen un deterioro de la estabilidad.
Ni la intemperancia, ni el permanente juego de ensayo y error contribuyen a brindar algo que la Argentina necesita imperiosamente: seguridad y confianza.