El escándalo que tiene por epicentro a la familia Moyano en estos días merece una reflexión profunda, no sobre los valores morales y los recursos políticos, sino sobre el sentido mismo de la actividad política como proyecto de interés común, y del rol del sindicalismo en la defensa de los ingresos y las condiciones de trabajo de los asalariados.
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El escándalo que tiene por epicentro a la familia Moyano en estos días merece una reflexión profunda, no sobre los valores morales y los recursos políticos, sino sobre el sentido mismo de la actividad política como proyecto de interés común, y del rol del sindicalismo en la defensa de los ingresos y las condiciones de trabajo de los asalariados.
El secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, evitó la detención que había solicitado el fiscal Sebastián Escalera, porque el juez Luis Carzoglio consideró que no había pruebas suficientes en su contra. El fiscal señaló al hijo de Hugo Moyano como jefe de una asociación ilícita responsable de una multimillonaria venta de entradas falsificadas en el club Independiente. Solo quien conozca el expediente puede opinar sobre pronunciamientos tan contradictorios.
Sin embargo, ni Moyano ni Carzoglio despejaron las dudas que genera en la ciudadanía un episodio de semejante impacto.
El juez realizó una caótica conferencia de prensa en la que descalificó al fiscal, acusó a la Procuración bonaerense por presiones de raíces políticas y aseguró haber recibido amenazas, sin mayores precisiones. Además, se negó a responder preguntas sobre la causa en particular, por lo que no resulta claro si el rechazo se debió a que las pruebas son formalmente poco consistentes, o si Pablo Moyano es inocente.
Lo cierto es que el pedido de jury contra ese magistrado había sido elevado por el procurador Julio Conte Grand hace mucho tiempo, y por causas ajenas al caso Moyano.
El sindicalista acusado tampoco explicó nada en público, denunció una persecución política y agravió en términos llamativamente ordinarios al fiscal Escalera. Este fiscal, cabe señalarlo, es catedrático en Derecho Penal en la Universidad de Lomas de Zamora y en su currículum figura haber desmantelado y detenido al clan que gobernaba La Salada.
En esta circunstancia, los Moyano lograron el apoyo de dos instituciones cuya función debería ser otra.
Por una parte, la comisión de la Pastoral Social del Episcopado, que preside el obispo de Lomas de Zamora. Jorge Lugones, recibió a Hugo Moyano, investigado por supuestos ilícitos y evasión en la empresa OCA, cuya propiedad se le atribuye. Moyano acusa ahora al presidente Macri, como antes lo hizo con Cristina Kirchner, de persecución política a través de la Justicia.
El obispo Lugones es el mismo que avaló públicamente la realización de un paro general el 25 de setiembre. Ayer, Moyano realizó un acto político en Luján, financiado por el aparato político de varios intendentes kirchneristas, que culminó en una misa celebrada por el obispo de Mercedes Agustín Radrizzani.
La CGT, además, adhirió a la campaña de victimización de los Moyano convocando a un paro general de 36 horas. El gremialismo invoca como razones el rechazo a la política económica del gobierno del presidente Macri. La devaluación, combinada con recesión e inflación, y la falta de respuestas del Poder Ejecutivo justifican estrategias sindicales de fondo, pero de ninguna manera, la realización de paros meramente políticos o, peor aún, impulsados para evitar que un líder sindical rinda cuentas ante la Justicia por supuestos delitos de origen privado.
El paro general fue el recurso utilizado históricamente por el movimiento obrero para fortalecer al peronismo en momentos como el actual, en que le toca ser opositor y no logra una consolidación interna.
El balance histórico, en términos económicos y sociales, es negativo para todos. El abuso del derecho de huelga, llevado hasta niveles extremos como los que se registran en la Argentina, ha desgastado al sindicalismo, ya que en cuatro décadas, la caída del salario real de los trabajadores se acerca al 50 %. El crecimiento de la pobreza estructural y la marginalidad, correlato de la degradación del empleo y la falta de capacitación laboral deberían ser asumidos como los auténticos desafíos de un sindicalismo, si es que estuviera comprometido realmente con la calidad de vida de los trabaja dores.
El balance de este episodio es desalentador: no solo hay sospechas no despejadas de corrupción, sino que la Justicia, el Ministerio Público, la Iglesia y los sindicatos quedan desacreditados ante una opinión pública que tampoco confía en la política.