El fiscal federal Franco Picardi pidió dictar un embargo de 1.000 millones de pesos sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, ya que se sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht. El pedido incluye a hombres de negocios como Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y que era dueño de la firma IECSA al momento de los hechos. En la actualidad, esa compañía está en poder del empresario Marcelo Midlin.
Además, la fiscalía reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi disponer la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa S.A. La solicitud incluye un pedido para designar un veedor en la UTE para establecer un control sobre la administración.
El pedido fiscal se suma al que ya había hecho en noviembre del año pasado reclamando embargos, algo que finalmente el juez aún no concretó. La investigación apunta a determinar si existió el pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella y Comsa S.A. para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006.
inicia sesión o regístrate.
El fiscal federal Franco Picardi pidió dictar un embargo de 1.000 millones de pesos sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, ya que se sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht. El pedido incluye a hombres de negocios como Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y que era dueño de la firma IECSA al momento de los hechos. En la actualidad, esa compañía está en poder del empresario Marcelo Midlin.
Además, la fiscalía reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi disponer la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa S.A. La solicitud incluye un pedido para designar un veedor en la UTE para establecer un control sobre la administración.
El pedido fiscal se suma al que ya había hecho en noviembre del año pasado reclamando embargos, algo que finalmente el juez aún no concretó. La investigación apunta a determinar si existió el pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella y Comsa S.A. para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006.
Fuente: BAE Negocios