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Pasó a Orán la causa por el hospital y las casas de las Madres

El Juzgado Federal retomará una denuncia contra Leavy, Vilariño y Schoklender que no investigaron Oyarbide ni Reynoso.
Viernes, 05 de octubre de 2018 03:24

El caso de las 50 viviendas y el pequeño hospital que se iban a construir en Tartagal en un inconcluso pero muy sonado proyecto de "Sueños Compartidos" será investigado en el Juzgado Federal de Orán. La obra había sido planificada y puesta en marcha por Sergio Schoklender, quien por entonces era el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El escándalo que se produjo cuando se detectó un faltante de 250 millones de pesos (unos 80 millones de dólares) hizo colapsar el proyecto de obras públicas de Hebe de Bonafini y paralizó este programa, que era imprescindible para Tartagal.

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El caso de las 50 viviendas y el pequeño hospital que se iban a construir en Tartagal en un inconcluso pero muy sonado proyecto de "Sueños Compartidos" será investigado en el Juzgado Federal de Orán. La obra había sido planificada y puesta en marcha por Sergio Schoklender, quien por entonces era el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El escándalo que se produjo cuando se detectó un faltante de 250 millones de pesos (unos 80 millones de dólares) hizo colapsar el proyecto de obras públicas de Hebe de Bonafini y paralizó este programa, que era imprescindible para Tartagal.

En ese momento, el ciudadano Sergio Alejandro Heredia requirió ante el Juzgado Federal de Orán que se investigara la "conducta irregular del intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy y del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, por la probable comisión de los delitos de administración fraudulenta y estafa en contra del Estado Nacional, malversación de caudales públicos, peculado, asociación ilícita...." y solicitó que "se evalúen las conductas del diputado nacional por Salta, José Villariño y de quien se desempeñaba como Director de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno en esa época, Guillermo Avellaneda".

Heredia presumía algún ilícito, que justificara el inicio de una acción penal en el marco del convenio firmado entre el municipio de Tartagal y las Madres de Plaza de Mayo.

En ese momento se planteó una cuestión de competencias entre el juzgado Federal de Orán (por entonces no existía el de Tartagal) y la causa fue remitida al juzgado federal 5, de Buenos aires, a cargo del juez Norberto Oyarbide.

Este no aceptó la competencia atribuida por considerar que "la declinatoria se basó meramente en conjeturas que no pudieron ser comprobadas". Sostuvo que la causa le había sido remitida sin que se hubieran corroborado la existencia o no del hecho denunciado.

Nadie investigó

Oyarbide destacó que las pruebas deberían buscarse en el sitio y puntualizó que "los supuestos delitos, en el hipotético caso de ser verificados", se habrían producido en el Municipio de Tartagal, dentro del ejido jurisdiccional del juzgado de Orán. Dijo que "los hechos y personas que la conforman (la denuncia) Leavy, Avellaneda y Villariño-, no se encuentran siendo investigados..."

Las dudas, coinciden los jueces, deben disiparse "con la realización de la totalidad de las medidas investigativas... lo que permitirá fehacientemente determinar el origen de los fondos, cómo habrían ingresado, cómo fueron usados".

La Cámara Nacional de Casación consideró "prematura" la declaración de incompetencia y la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con la firma de Renato Rabbi - Baldi, Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea dispuso asignar la competencia en el trámite al Juzgado Federal de Orán, "sin perjuicio de que luego de ahondar la investigación, nuevos elementos autoricen a cambiar el criterio". Es decir, la denuncia no fue investigada por el juez Raúl Reynoso (entonces en Orán) , ni por Oyarbide. Falta verificar si el escándalo de Tartagal forma parte del entramado de corrupción que se atribuye a Schoklender a nivel nacional.

Un verdadero escándalo

Sergio Schoklender y José López quedaron a un paso del juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”. La fiscal federal Paloma Ochoa ordenó el martes profundizar la investigación sobre la actuación de Hebe de Bonafini, mientras que pidió mandar a juicio por esa maniobra a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al exsecretario de Obras Públicas José López, su segundo, Abal Fatala, y otra decena de personas. Se investigan los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y lavado de dinero.
 

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