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El 35% de la población de Salta depende de ayudas alimentarias

Más de 110.000 familias reciben asistencias de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.Preocupa un inminente recorte de las partidas nacionales para la tarjeta social.
Domingo, 07 de octubre de 2018 00:40

Al comedor infantil que sostiene Norma Serrano en el barrio Floresta llegan cada vez más niños y niñas en busca de un plato de comida. La buena vecina hace lo imposible para mantener abierto ese espacio samaritano, pero el estancamiento económico, la inflación, las caídas del salario real y el desempleo conspiran del lado del hambre. Hasta comienzos de año la mesa comunitaria tenía 80 pequeños comensales: hoy son más de 120.

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Al comedor infantil que sostiene Norma Serrano en el barrio Floresta llegan cada vez más niños y niñas en busca de un plato de comida. La buena vecina hace lo imposible para mantener abierto ese espacio samaritano, pero el estancamiento económico, la inflación, las caídas del salario real y el desempleo conspiran del lado del hambre. Hasta comienzos de año la mesa comunitaria tenía 80 pequeños comensales: hoy son más de 120.

Así están casi todos los comedores y merenderos con los que movimientos sociales, organizaciones gremiales, entidades religiosas, instituciones vecinales y grupos de padres asisten, como pueden, a 7.500 chicos. La crisis desborda a las asistencias y contenciones familiares y sociales de las que depende hoy más de una tercera parte de la población de Salta.

Los indicadores socioeconómicos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que actualiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) cada tres meses, abarcan a grandes aglomerados urbanos del país, entre los que está la ciudad de Salta. En una de las últimas mediciones, el 35% de los vecinos encuestados en los barrios capitalinos respondió que su grupo familiar vive de alguna ayuda alimentaria. En el interior la situación es tanto o más crítica.

Mareas con hambre

El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) precisó que Salta es la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de personas que dependen de programas de protección oficiales y asistencias de familiares, iglesias y organizaciones civiles. A la cabeza está la capital de Misiones, Posadas, con el 43% de su población atada a ayudas sociales y estatales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires detenta el índice más bajo (6%).

Las políticas de ajuste con que se intenta achicar el déficit público, sin dudas, golpean a las provincias con mayor pobreza estructural y acrecientan las brechas de la Argentina macrocefálica.

Por eso, los comedores y merenderos de Salta no se dan abasto con las mareas de niños, adultos y ancianos que se agolpan en sus puertas en procura de un plato de comida o una tasa de mate cocido con algo de pan.

Asistencia oficial

Hoy son más de 110.000 las familias salteñas que dependen de los programas de asistencia alimentaria canalizados por el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta con recursos provinciales y partidas complementarias nacionales que, en el proyecto de presupuesto nacional del próximo año, tienen abiertos serios interrogantes.

Un caso concreto es el de la tarjeta social, con la que 87.650 familias en situación de pobreza e indigencia son asistidas en distintas localidades de la provincia. Detrás del plástico que les permite adquirir algunos alimentos indispensables, hay una inversión anual de $110.750.544 cubierta con recursos del Estado provincial.

A ese monto se suma un complemento de partidas nacionales, por $128.715.456, convenido hasta diciembre. El proyecto de presupuesto que se dispone a debatir el Congreso solo garantiza $60.607.360 para el año próximo. "Creemos que el área social no debe ser un parámetro de ajustes", remarcó la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz. El temido ajuste, que reduciría un 53% las partidas nacionales complementarias de la tarjeta social el próximo año, preocupa a la cartera, que tiene otros ocho programas alimentarios financiados con recursos provinciales.

Entre los programas que atiende el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social está el de comedores infantiles. Cubre a 3.680 niños y niñas, de seis meses a seis años, con una inversión de 8.832.000 pesos. 

A su vez, el programa Pan Casero llega a 13.350 grupos familiares vulnerables en distintas localidades de la provincia. La inversión anual en esta ayuda asciende a 14.810.232 pesos.

Módulos para aborígenes

Otro programa alimentario es el de los refuerzos focalizados en las comunidades originarias. Son 10.000 los beneficiarios de los módulos que tienen aprobadas partidas por un total de $58.000.000 hasta fin de año.

El programa Comer en Casa, con el que se cerraron comedores en el norte provincial para que los chicos vuelvan a compartir la mesa en su núcleo familiar, contiene a 6.426 niños. La inversión anual es de $11.697.800, según cifras oficiales de la cartera que conduce Edith Cruz.

La ministra aclaró que muchos comedores de la capital y el interior no están incluidos en el programa Comer en Casa porque son sostenidos con apoyos del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) y otras instituciones.

Refuerzo para merenderos

Desde abril la Provincia también sumó un programa de refuerzos alimentarios para los merenderos, con los que agrupaciones sociales, gremiales, religiosas, deportivas y vecinales asisten a 7.500 chicos. Se aprobaron partidas provinciales por $24.300.000 para los nueve meses de apoyo oficial presupuestados hasta fin de año. 

Otros tres programas de carácter alimentario asisten a familias con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en distintas localidades de la provincia. Uno de ellos entrega módulos de emergencia, con $20.000.000 de inversión anual. Otro brinda capacitaciones en educación alimentaria (Salta Come en Familia) y tiene $2.100.000 asignados para el corriente año. El tercero (Asistencia Crítica) está descentralizado en los municipios y dispone de partidas aprobadas por 171.954.122 pesos.

La inversión en los nueve programas alimentarios asciende a $422.444.698, sin incluir los $128.715.456 de partidas complementarias de la tarjeta social acordados para este año con el Gobierno nacional.

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