El meteórico, y para muchos inexplicable, ascenso de un "outsider" tan polémico como Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas es inseparable del repudio de la opinión pública a las evidencias de corrupción de la "clase política". Es también una demostración de las consecuencias del "caso Odebrecht", un terremoto que creó el clima para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, promovió el encarcelamiento de Lula y golpeó duramente la credibilidad de todo el sistema partidario en la principal potencia económica de América Latina.
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El meteórico, y para muchos inexplicable, ascenso de un "outsider" tan polémico como Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas es inseparable del repudio de la opinión pública a las evidencias de corrupción de la "clase política". Es también una demostración de las consecuencias del "caso Odebrecht", un terremoto que creó el clima para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, promovió el encarcelamiento de Lula y golpeó duramente la credibilidad de todo el sistema partidario en la principal potencia económica de América Latina.
Pero lo más notable del "caso Odebrecht" es que sus repercusiones trascendieron de lejos las fronteras de Brasil para proyectarse a toda la región. Es la primera vez que una investigación judicial por hechos de corrupción afecta seriamente a casi todos los países de América Latina. Junto a Lula, ya hay varios exmandatarios latinoamericanos presos por episodios vinculados a esta red transnacional de sobornos que durante quince años tuvo como protagonista principal a la mayor empresa constructora de Brasil. Y todo indica que en muchos países, entre ellos la Argentina, esto recién comienza.
Onda expansiva
Fuera de Brasil, epicentro del escándalo, el país más afectado hasta ahora fue Perú. Tres expresidentes, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, están acusados de haber recibido dádivas de Odebrecht. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar por las denuncias de haber sido beneficiario de esas dádivas. En sus explosivas declaraciones como "arrepentido", el titular de la compañía, Marcelo Odebrecht, señaló que era norma de la empresa apoyar económicamente a todos los candidatos presidenciales peruanos con posibilidades de éxito. Esas revelaciones extendieron las sospechas hacia Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.
En Ecuador, el asunto tuvo también un tremendo impacto institucional. La Justicia detuvo y condenó no ya a un exmandatario sino al propio vicepresidente en ejercicio, Jorge Glas, quien había sido vicepresidente de Rafael Correa, durante cuyo gobierno tuvieron lugar las irregularidades denunciadas.
El actual presidente, Lenin Moreno, ya había separado al exvicepresidente de todas sus funciones administrativas, mientras Correa, quien en su momento había postulado a Glas como su posible sucesor, denunció que la detención era parte de una campaña en su contra.
En Colombia, las acusaciones sobre Odebrecht involucraron aportes para las campañas electorales de 2010 y 2014 del expresidente Juan Manuel Santos y sobornos a varios altos funcionarios del gobierno de su antecesor, Álvaro Uribe.
La Fiscalía General sostiene que la firma brasileña "pagó 11 millones de dólares en sobornos en Colombia y obtuvo un beneficio de más de 50 millones de dólares".
En Panamá, el expresidente Ricardo Martorelli está preso en Miami, mientras que la fiscalía investiga también al expresidente Martín Torrijos. La oposición panameña sostiene que la campaña electoral del actual mandatario, Juan Carlos Varela, también habría contado con financiación de la constructora brasileña.
En este escenario, Venezuela es un caso especial. La relación entre Lula y el presidente Hugo Chávez, casi tan estrecha como la que el mandatario caribeño tenía con su colega argentino Néstor Kirchner, permitió una notoria presencia de Odebrecht en las licitaciones públicas. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, manejada por la oposición, denunció "casos de corrupción por un monto de 16.000 millones de dólares en la realización de cinco obras inconclusas por parte de Odebrecht iniciadas entre 2006 y 2008".
Viento Norte
Desde la irrupción del Lava Jato empezaron a acumularse indicios de que esa cruzada de transparencia motorizada por el juez Sergio Moro se inscribía en un escenario más amplio. El mecanismo de funcionamiento de la "Patria Contratista" brasileña, como sucedía con su similar argentina (ahora puesta en la picota por el "cuadernogate"), vedaba a las empresas constructoras estadounidenses su acceso al mercado local, como ocurría en la Argentina.
La expansión regional de Odebrecht, alentada por el gobierno de Lula y financiada con créditos blandos del Banco Nacional de Desarrollo lesionaba los intereses de las firmas norteamericanas en las licitaciones de obras públicas en casi todos los países de América Latina. Más allá de las acusaciones de corrupción, la alianza con Odebrecht fue para Lula una "política de Estado" orientada a fortalecer la presencia económica y política de Brasil en América Latina.
Esto permite entender por qué un sector de la Justicia brasileña viene trabajando desde hace años con instituciones estadounidenses. Moro participó en 2009 en un curso en Washington destinado a la formación de magistrados para la lucha contra la corrupción, denominado "Proyecto Puentes: construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil". Programas de cooperación semejantes hubo con otros países de la región, incluida la Argentina. El actual embajador estadounidense en Buenos Aires, Edward Prado, ex juez federal de Texas, participó en esos seminarios con fiscales y magistrados argentinos.
Como Odebrecht actuaba también en Estados Unidos y sus acciones cotizaban en la bolsa de Wall Street, la Justicia norteamericana abrió una investigación, que contó con el testimonio del “arrepentido” Marcelo Odebrecht, principal accionista de la compañía, y determinó que la firma tuviera que pagar una astronómica multa de 3.500 millones de dólares. El Departamento de Justicia publicó un informe sobre las actividades de Odebrecht en América Latina, donde reveló que entre 2001 y 2016 la firma pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de América Latina. La repercusión del escándalo generó otro acontecimiento inédito: en febrero pasado, fiscales y procuradores generales de once países de la región firmaron un acuerdo de intercambio y colaboración recíproca en las investigaciones judiciales. Sin ningún circunloquio, la Directiva de Seguridad Nacional suscripta por Donald Trump en diciembre de 2017 establece: “Mediante el empleo de nuestras herramientas económicas y diplomáticas, los Estados Unidos continuarán apuntándoles a los funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con los países para que mejoren su capacidad de enfrentar a la corrupción, de modo que las empresas de Estados Unidos puedan competir en forma limpia y transparente”. Bolsonaro anunció que su ministro de Economía sería Paulo Guedes, un economista ultraliberal partidario de la privatizar las empresas estatales y de promover la apertura internacional de la economía brasileña, que es una de las más cerradas del continente. Conviene entender que dicho compromiso de Bolsonaro, las derivaciones políticas regionales del escándalo Odebrech y la mencionada directiva de Trump son tres eslabones de la misma cadena.