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Entra en vía muerta el tema de las antenas

Los concejales no encuentran salida a una controversia que, por su naturaleza, debería involucrar al Ministerio de Salud.
Sabado, 10 de noviembre de 2018 00:23

La posibilidad de que se llegue a un acuerdo antes de fin de año por la ordenanza reguladora de antenas y celulares se diluye. Los concejales no logran imponer el único criterio posible, que es el sanitario; el Ministerio de Salud prefiere no intervenir y los vecinos muestran relevamientos sin rigor técnico.

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La posibilidad de que se llegue a un acuerdo antes de fin de año por la ordenanza reguladora de antenas y celulares se diluye. Los concejales no logran imponer el único criterio posible, que es el sanitario; el Ministerio de Salud prefiere no intervenir y los vecinos muestran relevamientos sin rigor técnico.

Con la anuencia del Partido de la Victoria y el Partido Obrero, los vecinos denuncian que las antenas han causado 86 muertos en Gemes, 20 en Quijano y otros tantos en Barrio 20 de Febrero. Para un planteo de esta naturaleza, harían falta curvas de mortalidad en cada zona, certificados de defunción y autopsias.

Un ciudadano común no tiene conocimientos de física ni de biología para opinar del tema, que corresponde al Ministerio de Salud de la Provincia.

Hasta ahora no se presentó ninguna evidencia de que las antenas generen cáncer.

Pero si los habitantes de esas localidades creen, de buena fe, que existen esas mortandades, habrá que verificar si se deben a las antenas o cuáles son las causas: contaminación de las napas, problemas en el agua corriente, escapes de fluidos tóxicos u otros.

Prohibir las antenas sería un distractivo contraproducente e irresponsable.

La otra exigencia de una intervención de la autoridad científica es el informe del ingeniero de la Universidad de La Plata, Miguel Staiano, quien advirtió que las emisiones provienen de las antenas y de los celulares, al mismo tiempo. Pero que, cuando hay pocas antenas, los celulares emiten más. No hace falta ser un académico para comprender que, si una emisión a 60 metros de altura tiene un riesgo, una emisión duplicada o triplicada a dos centímetros del cerebro sería mucho peor. Pero esto es lógica y lo que hace falta es una decisión de política sanitaria: o se aumentan las antenas o se sacan de circulación un número determinado de celulares.

El miércoles están invitados a exponer el médico forense Juan Albornoz, perteneciente al programa de Asesoría Jurídica del hospital San Bernardo, y el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Félix González Bonorino.

El muy lejano punto de acuerdo consistiría en establecer estándares internacionales (en los países desarrollados hay muchas más antenas, muchas más emisiones y nadie plantea problemas como estos); además, fijar mecanismos técnicos de control a cargo de las autoridades municipales y no de los concejales.

Deberían ser servicio público

La generalización del uso de celulares en el siglo XXI es un dato cultural irreversible. Dependemos de él. Hoy hay más de 44 millones de habitantes y más de 65 millones de celulares en el país.

Como toda tecnología, requiere control técnico (no vecinal ni, mucho menos, político). Los expertos consideran que debe funcionar como servicio público, entre otras cosas, para limitar los precios.

La regulación, a nivel nacional, se rige por resolución MSAS 202/95, trabajo científico realizado en Argentina, y la regulación para las mediciones es la resolución 3690/04. En EEUU los niveles de exposición son superiores a los de Argentina. Si los nuestros son adecuados, es la ciencia la que debe verificarlo. Y no es una opción: es una exigencia sanitaria, de la misma importancia que la aplicada para la calidad del agua, la conservación de alimentos o medicamentos.

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