Luego de que un jurado popular absolviera a Daniel Oyarzún, el carnicero que mató a un ladrón en Zárate, Buenos Aires, por interpretar que actuó en "legítima defensa", semanas atrás, comenzó nuevamente el debate sobre la modalidad de juicios por jurado, que genera opiniones a favor y en contra. En la provincia se había anunciado que comenzaría a regir esta modalidad pero ahora esa posibilidad está postergada por cuestiones principalmente económicas.
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Luego de que un jurado popular absolviera a Daniel Oyarzún, el carnicero que mató a un ladrón en Zárate, Buenos Aires, por interpretar que actuó en "legítima defensa", semanas atrás, comenzó nuevamente el debate sobre la modalidad de juicios por jurado, que genera opiniones a favor y en contra. En la provincia se había anunciado que comenzaría a regir esta modalidad pero ahora esa posibilidad está postergada por cuestiones principalmente económicas.
En Salta, hace unos cuatro años que la Provincia intenta impulsar una ley de juicios por jurados, que por el momento solo quedó en una pretensión. Incluso el 3 de octubre de 2014 se había realizado en el Grand Bourg una simulación para que la gente viera cómo sería este tipo de audiencia. En esa oportunidad unos 12 salteños hicieron de jueces ante un hipotético asesinato.
Luego, especialistas de EEUU viajaron a la provincia para dictar talleres de capacitación sobre litigación con juicio por jurados, pero lo cierto es que aún la modalidad no se implementa.
"Falta definir que todos estemos de acuerdo sobre la tipificación de delitos porque hay un proyecto, pero puede haber otros. Cada uno de los sectores puede tener su propia visión sobre cómo se va a llevar adelante. Un detalle que no es menor es la parte presupuestaria. Son distintas aristas que hay que ajustar. Debemos analizar cuál es el momento adecuado para arrancar", señaló la secretaria de Justicia de Salta, Carina Iradi.
Desde el ámbito de la Justicia informaron que hay un proyecto redactado que contempla los casos de delitos graves. Pero hoy los frenos para la implementación tienen que ver principalmente con la coyuntura social y económica.
"Este proyecto es buenísimo, ya que permite avanzar en la democratización de la Justicia porque posibilita que el ciudadano participe en el proceso judicial, que se involucre y, al mismo tiempo, es una garantía para el imputado, como está previsto en la Constitución Nacional", explicó Iradi.
Sin embargo, la funcionaria dijo que "hoy en la situación económica que estamos viviendo es muy compleja la incorporación de juicios por jurado", sostuvo.
La secretaria de Justicia indicó que la implementación de la nueva modalidad generaría una carga pública que el ciudadano tendría que asumir y por la cual durante los días de audiencia no podría ir a trabajar. "Hay mucha gente que está trabajando por cuenta propia. En este punto hay que hacer un balance", recalcó.
Consideró que el contexto que vive el ciudadano a veces no le permite pensar más allá de su situación diaria. "Nosotros podemos hablar mucho de la democratización de la Justicia y la necesidad de participación del ciudadano, la toma de conciencia, la formación en derecho pero ¿qué pasa cuando el ciudadano que trabaja por su cuenta siente que le "robamos" esos días? Porque él lo ve de esa manera. No lo ve como un beneficio de la sociedad en este momento. Eso es lo que nos preocupa", dijo Iradi.
La secretaria de Justicia informó que se hizo un trabajo de concientización. "De hecho, el proyecto está listo y hay intención de avanzar. Veremos cuál es el momento oportuno", afirmó.
La iniciativa contempla los delitos graves que tengan una pena de reclusión o prisión perpetua y los delitos contra las personas. El jurado estará compuesto por 12 miembros y dos suplentes. El mecanismo de selección será por sorteo de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, durante audiencia pública.
Participan mayores de edad que tengan ejercicio de su ciudadanía, como para el voto. Quedan inhabilitados los ciudadanos sin aptitud psíquica, física, con incapacidad, los imputados en causas penales y deudores alimentarios. Son incompatibles los funcionarios públicos de distintos estamentos estatales. A las madres lactantes se les otorgará una dispensa.
Tras escuchar a las partes, testigos, peritos y observar las pruebas, el jurado determinará si hubo o no delito y declarará al imputado inocente o culpable. Si el jurado absuelve al imputado, el juez no puede condenarlo.
Mayoría
Carina Iradi destacó que en Salta acaba de salir la nueva ley del régimen penal juvenil. "Somos de las pocas provincias que vienen trabajando muy fuertemente en la Justicia. El juicio por jurados en uno de los temas más que tenemos. Por ahí por una cuestión de prioridades de causas urgentes y necesarias se está postergando, pero está en la agenda de trabajo", señaló.
Aún falta que se reúnan el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, organizaciones de la sociedad civil y el Poder Legislativo y Ejecutivo. La idea es lograr un consenso sobre cómo debería funcionar el sistema.
Un punto importante que todavía analiza la Justicia salteña es qué sucederá en los casos en los que no se obtenga mayoría para juzgar, ya que estos volverían a foja cero. Actualmente tienen juicios por jurados seis provincias: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chaco y Mendoza.
Con esta nueva alternativa, el ciudadano empezará a tomar conciencia de lo que significa poder juzgar a sus pares. "Es común escuchar a ciudadanos pedir que condenen a perpetua o que vuelvan a imponer la pena de muerte, pero cuando a un ciudadano le toca decidir sobre el destino de una persona, no es tan fácil. La concientización sobre el ejercicio de derechos y saber las consecuencias nos posiciona de manera diferente", analizó la secretaria de Justicia de Salta.
"Que incluyan a la corrupción"
Al ser consultado por el proyecto de ley de juicios por jurado salteño, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Humberto Pedro Burgos, respondió: "Técnicamente aún no hemos recibido participación para conocer el proyecto. A veces desde la Justicia nos envían proyectos formalmente para que emitamos una opinión y hagamos un análisis o una propuesta, pero en este caso lamentablemente no".
Burgos expresó que está de acuerdo con la implementación de juicios por jurado. "Sería bueno que quienes integran la sociedad sean parte de ese procedimiento judicial porque contribuye a recuperar la credibilidad de la Justicia. Creo que mientras más ciudadanos se comprometan de alguna manera, se generará esta credibilidad y se avanzará en lo que significa la contención social a través de un fallo, para obtener la paz social", expresó.
El presidente del Colegio de Abogados considera que es importante y una demanda de la sociedad que se juzguen bajo esta modalidad otros delitos como la corrupción y aquellos relacionados con la función pública y contra el Estado.
"Es necesario que se incluyan dentro de este plexo de delitos que serán juzgados por juicios por jurado, ya que afectan a todos los ciudadanos y más en estas circunstancias económicas, políticas y sociales que se viven. Esto contribuirá a la credibilidad en los poderes del Estado en general, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Todo lo que signifique atentar contra los ingresos del Estado y de esa manera afectar directamente a la comunidad debe estar incluido", recalcó Burgos.
"Es hora de que la ciudadanía se involucre en estas situaciones porque, en muchos casos, ha perdido la esperanza y esto sería una gran oportunidad para recuperar el valor de la misma", finalizó el presidente del Colegio de Abogados.
El primer caso, hace más de 20 años en Córdoba
Hace 20 años, en la provincia de Córdoba tuvo lugar el primer juicio con jurados populares. En Río Cuarto, dos estudiantes universitarios de 24 años, Mauricio Anogonova y Rubén Fausto, elegidos por sorteo, actuaron junto a tres jueces. Condenaron a nueve años y medio de prisión a Juan Carlos Ceballos por matar a su amigo, Javier Cabral, tras ingerir bebidas alcohólicas, el 2 de agosto de 1997. El fallo fue unánime. Quedó probado que los amigos habían concurrido a un bar del cual salieron en estado de ebriedad y comenzaron a pelearse en un baldío.
Ceballos golpeó a Cabral a patadas y puñetazos y lo dejó tirado, aún con vida. La víctima no pudo recuperarse de las heridas y falleció un día después.
Siete años después, en la misma provincia, cuatro mujeres y cuatro hombres integraron un jurado popular más amplio.
Juzgaron en la ciudad de San Francisco a Víctor Fernando Luna por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido por alevosía" en contra de Marcos Brito.
El hecho había ocurrido el 5 de julio de 2003, cuando Luna llevaba como pasajero a Brito en su motocicleta y la víctima terminó con una herida de arma de fuego que le causó la muerte. El imputado fue condenado a 12 años de prisión, en un fallo dividido.
Durante los años subsiguientes otras provincias como Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Río Negro y Mendoza implementaron la modalidad de juicios por jurado. De hecho existe una Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Sin embargo, esta alternativa siempre abrió el debate y despertó voces a favor y en contra.
Están quienes coinciden en que democratizan la Justicia y contrariamente quienes consideran que la sociedad no está preparada para juzgar objetivamente.
"Cuando no son institutos originarios propios del sistema sino extrapolados de otro, lleva un tiempo su instalación porque, más allá de lo fantástica que nos parezca la democratización dela Justicia, también hay que ver en Salta cómo lo toma el ciudadano", sostuvo la secretaria de Justicia, Carina Iradi.
Hubo varios fallos emblemáticos que surgieron de juicios por jurado del país. Uno de los casos más recientes es el del carnicero Daniel "Billy" Oyarzún, de la ciudad de Zárate, Buenos Aires, que fue asaltado por dos delincuentes que le robaron cinco mil pesos. Él los persiguió en su auto y atropelló a uno de ellos, que luego murió. Oyarzún fue declarado de manera unánime "no culpable" el 13 de septiembre pasado. El jurado compuesto por 12 ciudadanos entendió que actuó en legítima defensa y lo absolvió.
Otro caso que tuvo gran repercusión fue el del femicida Fernando Farré, sentenciado por haber asesinado a su esposa, Claudia Schaefer, quien recibió 66 puñaladas, en 2015, en un country del partido de Pilar, Buenos Aires. El 6 de junio de 2017, un jurado popular declaró culpable a Farré, tras lo cual el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Andrejín, le fijó la pena máxima del Código Penal. En junio pasado, Casación confirmó la pena.