Diez policías, entre ellos un excomisario, fueron condenados a penas de entre 3 y 16 años de prisión, de cumplimiento efectivo, como responsables de la muerte de cuatro adolescentes durante un motín ocurrido en 2004 en una seccional de Quilmes.
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Diez policías, entre ellos un excomisario, fueron condenados a penas de entre 3 y 16 años de prisión, de cumplimiento efectivo, como responsables de la muerte de cuatro adolescentes durante un motín ocurrido en 2004 en una seccional de Quilmes.
Los efectivos ya habían sido sentenciados el 19 de octubre de 2015 a penas mayores por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 quilmeño. Sin embargo, un fallo de la sala III del Tribunal de Casación Penal dispuso el reencuadre legal de las penas al quitar agravantes y poner como atenuante "el excesivo paso del tiempo en la sustanciación del proceso penal". Por este motivo, el TOC 3 debió dictar nuevamente sentencia, pero aplicó penas levemente inferiores a las del primer juicio.
El entonces jefe de la seccional 1ra. de Quilmes, comisario Juan Pedro Soria, fue el más beneficiado por el reencuadre legal. Había sido condenado en 2015 a 10 años por "estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos". Sin embargo, Casación entendió que Soria no tuvo responsabilidad en el incendio que provocó la muerte de los reclusos pero sí en las torturas realizadas, lo condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El oficial inspector Fernando Pedreira recibió una pena de 16 años -3 menos que en 2015- por "vejaciones y torturas en concurso real"; mismo delito por el que el cabo Hugo Daniel D'Elía fue condenado a 9 años de prisión.
En tanto, el subcomisario Basilio Vujovic, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión; los agentes Franco Manuel Góngora y Gustavo Daniel Altamirano a 3 años y un mes; y la agente Elizabeth Fernanda Grosso, a 3 años y 3 meses, todos por el delito de "vejaciones".
Asimismo, por el delito de "apremios ilegales" los oficiales Gustavo Humberto Ávila y José Gómez recibieron una pena de 3 años de prisión que ya fueron purgados; y el oficial Juan Carlos Guzmán, 7 años. Consultado por Télam, el abogado de las víctimas, Rodolfo Yanzón, afirmó que "los familiares aplaudieron cuando terminó la lectura del fallo".
"Sabiendo que la decisión de Casación implicaba reducir las condenas, los familiares estuvieron conformes con el desempeño del fiscal y del tribunal", aseguró Yanzón, quien dijo además que "saben que no consiguieron todo lo que pretendían", pero en este contexto, también "saben que es difícil someter a juicio a un policía".