El diferendo entre los convencionales municipales y los legisladores provinciales en torno a las facultades de unos y otros en la sanción de las cartas orgánicas sumó un nuevo capítulo. Las cartas municipales son elaboradas por una convención y luego sancionadas en una ley provincial. Los legisladores están habilitados para corregir cuestiones de forma y también aquellas que consideren incompatibles con la Constitución provincial.
inicia sesión o regístrate.
El diferendo entre los convencionales municipales y los legisladores provinciales en torno a las facultades de unos y otros en la sanción de las cartas orgánicas sumó un nuevo capítulo. Las cartas municipales son elaboradas por una convención y luego sancionadas en una ley provincial. Los legisladores están habilitados para corregir cuestiones de forma y también aquellas que consideren incompatibles con la Constitución provincial.
A la controversia planteada por los convencionales de San Lorenzo, hace dos semanas, se agregó ahora un pedido de sus pares de La Merced, a quienes la Legislatura les eliminó o modificó unos ochenta artículos.
Mónica Berruezo y Gonzalo Caro Dávalos solicitaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que "se respete el espíritu de autonomía y de progreso" de la Carta Municipal y considere, al promulgarla, restablecer la redacción original de al menos dos artículos: el que se refiere a la asignación del 6% de la coparticipación que recibe el municipio para fortalecer la asesoría técnica del Concejo Deliberante (la Legislatura lo redujo a 4,5%), y el que instituye un órgano de contralor de las cuentas de los distintos organismos municipales, cuya redacción fue modificada por los legisladores. La otra advertencia de los convencionales mercedeños apunta a la eliminación de un capítulo entero referido a cuestiones de desarrollo humano y salud pública.
Cuestión de competencias
Las denuncias de los convencionales vuelven a mostrar una zona oscura en la que cuesta distinguir los límites entre las competencias de legisladores y convencionales; entre convencionales y concejales, y entre la autonomía municipal como la entiende la política y la letra de la Constitución provincial.
"Nosotros no estamos planteando un conflicto, sino solicitando que se tome en cuenta la minuciosa tarea que desarrollamos para la redacción de cada artículo. Creo que todos los convencionales nos "sacamos la camiseta' de cada pertenencia política y nos pusimos los colores de La Merced. Todo el texto fue votado con un consenso duramente trabajado en las comisiones", expresó Caro Dávalos, abogado de profesión. A su vez, la arquitecta Mónica Berruezo puntualizó que "además de observar las necesidades puntuales, nuestro criterio fue el de respetar la Constitución provincial, establecer líneas direccionales a treinta años y no interferir en el área de competencia del Concejo Deliberante".
Decisión presupuestaria
La eliminación o reforma de casi un tercio de los artículos redactados por los convencionales de La Merced fue convalidada por los tres legisladores del departamento de Cerrillos. Berruezo, Caro y sus compañeros de convención de reunieron con el secretario Legal y Técnico, Luis Gómez Almaraz, y el secretario de Relaciones Institucionales de Gobierno, Martín Ávila. "Nuestro pedido es que se restablezca el texto original en la cuestión del presupuesto". La ley de municipalidades establece que el 3% de los recursos coparticipables que recibe cada municipio se afecten al Concejo Deliberante. "Entendemos que la Constitución nos habilita para definir cuál es el presupuesto que necesita el Concejo. Y nuestro fundamento es el de brindar asesoramiento técnico para la elaboración de las ordenanzas. Queremos que el pueblo de La Merced tenga un Concejo con mayor financiamiento", expresó Caro Dávalos. Los convencionales no quieren, "de ninguna manera", que Urtubey vete la ley que sancionó la Legislatura, sino que "se respete la voluntad de la convención elegida por la ciudadanía"
"Espero que nos entiendan: el 6% no es un capricho, sino que lo fijamos calculando los gastos reales del Concejo y las necesidades definanciamiento del organismo", acotó Berruezo.
Control de cuentas
El otro reclamo apunta a la modificación del "juzgado de gestion económica municipal", destinado a monitorear las actividades de cada órgano municipal que actuaría en paralelo con la Auditoría general. "Lo reemplazaron por un Tribunal de Cuentas, cuyos miembros son elegidos por el Ejecutivo muncipal y aprobados por mayoría simple: un golpe brutal a cualquier esfuerzo por construir transparencia", concluyeron Caro y Berruezo.