Sin servicios básicos, facturaciones ni pagos de impuestos, el entramado societario que tejió en vida Jorge Federico Benjamín Méndez defraudó a 600 familias salteñas y al Fisco con dos urbanizaciones proyectadas en el sur de la capital.
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Sin servicios básicos, facturaciones ni pagos de impuestos, el entramado societario que tejió en vida Jorge Federico Benjamín Méndez defraudó a 600 familias salteñas y al Fisco con dos urbanizaciones proyectadas en el sur de la capital.
La estafa de Finca Valdivia, que ascendió a unos $388 millones con las parcelas vendidas entre 2009 y 2017, podría elevarse en otros $998.668.850, a menos que los organismos competentes y la Justicia abandonen la pasividad que mostraron, en los últimos veinte años, ante la ciudad clandestina que crece tras el pórtico de los barrios privados San Benjamín y Santa Florencia. Allí, el plan de comercialización irregular sigue con otros 1.930 terrenos de 250 metros cuadrados. Al frente están la exmujer del extinto ingeniero, Nora Bibiana Elsa Punta, y su único hijo, Marcelo Raúl Benjamín Méndez. El joven, de 24 años, fue puesto el 29 de diciembre de 2017 como administrador de la sucesión que se tramita ante el juez Pablo Muiños. Al magistrado, que también interviene en las quiebras de las empresas de Méndez, una marea de familias estafadas le reclama las escrituraciones.
El loteo BM, como se lo promociona en nuevos avisos, ocupa 124 hectáreas de Finca Valdivia ubicadas al sur de Parque La Vega, entre las rutas 21 (camino a San Agustín) y 26 (La Isla). Allí, con empresas offshore creadas en Uruguay y cuatro sociedades de las que fue el único dueño en las sombras, Méndez vendió 600 terrenos hasta el 3 de noviembre de 2017.
Ese día, en una internación médica, falleció con 66 años de edad en forma súbita y sorpresiva.
Estaba a pocos días de enfrentar por primera vez un juicio oral y público ante la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Angel Amadeo Longarte, con un pedido fiscal de siete años de prisión, de cumplimiento efectivo.
Estaba procesado por privación Ilegítima de la libertad agravada, reducción a la servidumbre, corrupción de menores y coacción en perjuicio de su exmujer, su hijo y una empleada doméstica de su lujosa residencia de Villa San Lorenzo.
Un “intocable”
Con el deceso de Méndez se consumó en Salta uno de los mayores precedentes de impunidad biológica del país, porque quedaron sin juicios ni condenas 133 expedientes penales, civiles y comerciales acumulados en su contra desde 1998.
El testamento
Tras la muerte de Méndez, se conoció un testamento que había redactado y firmado con su puño y letra el 9 de septiembre de 2015.
Con ese documento, de una carilla, dejó repartidos bienes y activos valuados en cerca de $1.500 millones entre su hijo (69%), el abogado Francisco Herrera (3%), el recientemente fallecido escribano Ricardo Cabrera (3%) y cuatro colaboradoras: Pilar Blanco Jáuregui (10%), su hermana Luján Blanco Jáuregui (8%), Mónica Guantay (4%) y Nicolasa Mamaní (3%).
En el testamento, Méndez manifestó que era su última voluntad legar tanto los bienes y activos declarados en su patrimonio personal como los que tenía puestos a nombre de las empresas Haendel, Wolsing, Ingeniero JFB Méndez y Sofía.
De esa forma, y con la autenticidad del testamento reconocida por los siete coherederos ante el juez Muiños, quedó expuesta a la luz la trama societaria que había mantenido oculta por dos décadas.
Este diario había expuesto tempranamente lo que Méndez explicitó finalmente en el testamento que, ante la continuación del fraude, parece una burla póstuma.
Los magistrados penales y civiles que dejaron avanzar sus maniobras hasta extremos obscenos se permitieron dudar, durante dos décadas, del juego unipersonal que Méndez ejerció con triangulaciones y sellos de goma.
Los casos de las firmas offshore Motherflor y Sergay, en las que resaltaban como supuestos accionistas personas fallecidas, y el de Voelsing, nombre con el que improvisó una fusión irregular de Haendell y Wolsing, muestran hasta dónde llegaron sus influencias y las complicidades de organismos provinciales, dependencias municipales y diferentes fueros de la Justicia.
Así, burló medidas cautelares, eludió inhibiciones, estafo a cientos de familias sin techo y evadió fortunas en impuestos federales y provinciales.