Federico Méndez sacó provecho de un decreto municipal para perpetrar gran fraude.
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Federico Méndez sacó provecho de un decreto municipal para perpetrar gran fraude.
Un mojón en las maniobras de Jorge Federico Benjamín Méndez con las 124 hectáreas de Finca Valdivia fue un acuerdo que refrendaron el 29 de diciembre de 2008 el entonces procurador general, Luis Giacosa y el exsecretario de Planificación y Desarrollo del Municipio capitalino Raúl Kalinsky.
Ese acuerdo se desprendió de un expediente administrativo con el que Méndez había empezado a gestionar la aprobación de sus loteos, en 2006, y de un juicio contencioso que entabló poco antes de la firma del acuerdo con su empresa Wolsing SA.
En 2012, ante avisos promocionales publicados en la prensa local, la exsecretaria de Planeamiento municipal, Fanny Velarde, aclaró en los medios la situación irregular del proyecto de urbanización de los barrios privados San Benjamín y Santa Florencia.
Recordó entonces que en 2006, ante el pedido de Méndez, salió por decreto municipal una "prefactibilidad y una convalidación técnica preliminar" del proyecto de urbanización de Finca Valdivia. Velarde remarcó que esa resolución no significaba la aprobación del loteo, ni del reglamento de construcción, como tampoco un permiso para vender los lotes.
De todos modos, Méndez se valió de aquella resolución para iniciar la venta ilegal de lotes. La Municipalidad labró algunas actas de infracción que pasaron a la Procuración y después a Justicia, pero en 2010 se pidió la quiebra de Wolsing y la Municipalidad se cruzó de brazos ante una medida de no innovar que benefició a la asociación ilícita liderada por Méndez.
Hoy, su exmujer y su hijo siguen vendiendo lotes que figuran a nombre de Wolsing, una de las empresa del entramado que mantienen como único apoderado vigente al abogado Washington Álvarez. Así lo constató el penalista Francisco Herrera, coheredero que prepara una presentación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para deslindar responsabilidades por las siderales evasiones que encierra la sucesión de Méndez.
Por millonarias operaciones que nunca se facturaron, y se siguen manejando con bolsos, la exmujer y el hijo de Méndez, el apoderado de sus empresas y los propios coherederos podrían terminar imputados, con las nuevas evidencias, bajo la ley penal tributaria.
De hecho, los montos que determinaría la AFIP por evasión de los impuestos a las ganancias, las rentas mínimas presuntas y los bienes personales afectarían a la casi totalidad del legado de bienes y activos que quedó transparentado ante el juez Muiños por el testamento de Méndez y la manifestación de bienes que expuso su hijo ante la propia AFIP, hace siete meses, como administrador judicial provisorio de la sucesión.
Consultados por este diario, especialistas en derecho tributario señalaron que los impuestos impagos representan cerca de un 36% por año del monto en bienes y activos que ahora está determinado en alrededor de $1.500 millones.
En este contexto, la AFIP ya tiene anotadas en la matrícula de Finca Valdivia reservas para encabezar, con un exorbitante reclamo de deudas impositivas, la larga lista de embargos.
En escritos que presentó como administrador de la sucesión, Benjamín Raúl Marcelo Méndez vendió 600 de los 2.530 demarcados dentro de la matrícula 150.294 del departamento Capital.
La cédula parcelaria ocupa 92 carillas
Un récord de boletos, cesiones, cautelares, embargos anotados.
La cédula parcelaria del catastro 150294 de Finca Valdivia está bloqueada por la Dirección General de Inmuebles. Hasta el pasado 31 de octubre tenía anotados 70 boletos de compraventa, más de 200 cesiones de promesas de venta y decenas de embargos, medidas cautelares e inhibiciones en 92 carillas.
Es otro récord que refleja la impunidad que rodeaba a Méndez y que exige un presupuesto para acceder a copias certificadas en las oficinas del organismo registral de inmuebles.
Expropiación latente
Ante la crisis social, y los impedimentos que hay para escriturar los lotes que se vendieron sin servicios básicos ni habilitaciones legales, no extrañaría que los continuadores del entramado ilícito de Federico Méndez intenten una expropiación inversa de las 124 hectáreas de Finca Valdivia.
Ante cualquier movida de este tipo, el Estado provincial terminaría afrontando, con fondos públicos, los pozos y redes de agua, sistemas cloacales, tendidos eléctricos y de alumbrado publico, redes de gas, parquizaciones, pavimentación de calles y otras infraestructuras inexistentes en el proyecto de urbanización privada que ahora aparece promocionado en avisos y nuevos planos como Loteo BM y Ciudad Sur.