Si no surge ninguna disidencia de última hora, la Iglesia producirá esta semana una clara señal de que se encamina a prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado -unos 140 millones este año-, que apenas representa 7 % del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política.
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Si no surge ninguna disidencia de última hora, la Iglesia producirá esta semana una clara señal de que se encamina a prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado -unos 140 millones este año-, que apenas representa 7 % del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política.
En agosto, la conducción de la Conferencia Episcopal había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento, que se viene reuniendo con cierta periodicidad. Pero ahora la voluntad de avanzar será ratificada por todos los obispos tras un debate durante su segundo y último plenario del año que sesionará desde este lunes y hasta el viernes en Pilar.
El contenido de las tratativas entre la Conferencia Episcopal y la secretaría de Culto de la Nación y la jefatura de Gabinete se mantienen en reserva. Históricamente se tuvo como referencia los sistemas de España, Italia y Alemania, donde el ciudadano destina una pequeña parte de sus impuestos a la religión a la que pertenece o a la ayuda social. Pero al parecer esos modelos fueron dejados de lado en las conversaciones, acaso porque implicaría una ley del Congreso con un farragoso debate. En cambio, colectas especiales -al estilo Cáritas- se considerarían más viables.
Con todo, siempre queda la posibilidad de que el Estado otorgue beneficios impositivos u otorgue incentivos a quienes quieran donar que, por cierto, no deben alcanzar solo a la Iglesia católica, sino a las demás confesiones y, en general, a las entidades de bien púbico. Sea como fuere, la católica debe afrontar varios escollos. Ante todo, la escasa conciencia de sus fieles de sostener su culto, favorecido por la extendida creencia de que el Estado financia totalmente al catolicismo.
Como contrapartida, destacan los expertos, la prescindencia de los fondos del Estado podría fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia, acallar críticas de otras confesiones -en especial, las evangélicas- y de los ciudadanos no religiosos que se niegan a costearla con sus impuestos.