Federico Obeid, fiscal Penal N´ 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, pidió revocar la decisión de la jueza Claudia Puertas, e insistió en allanar el Arzobispado. Obeid, fustigó la actitud de las autoridades eclesiásticas y defendió su pedido como investigador de la causa. Además, echó por tierra el argumento al que acudió el Arzobispado para negar información y que la jueza avaló: el Concordato firmado en 1966. Aseguró que el acuerdo no tiene rango constitucional, y que se estarían violando otros que sí lo tienen, como el Tratado Internacional de Derechos Humanos.
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Federico Obeid, fiscal Penal N´ 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, pidió revocar la decisión de la jueza Claudia Puertas, e insistió en allanar el Arzobispado. Obeid, fustigó la actitud de las autoridades eclesiásticas y defendió su pedido como investigador de la causa. Además, echó por tierra el argumento al que acudió el Arzobispado para negar información y que la jueza avaló: el Concordato firmado en 1966. Aseguró que el acuerdo no tiene rango constitucional, y que se estarían violando otros que sí lo tienen, como el Tratado Internacional de Derechos Humanos.
"Secuestro de actas, expedientes y documentos contenidos en computadoras y/o cualquier otro medio de almacenamiento de datos informáticos y electrónicos relacionados con el proceso eclesiástico", son los objetos que pretendió obtener mediante allanamiento Obeid a fines de octubre, en el marco de la causa por abuso sexual contra el excura Emilio Lamas.
Anteriormente, el fiscal le había solicitado al Arzobispado que entregara toda la documentación del proceso que terminó con la expulsión de Lamas del sacerdocio. El proceso eclesiástico se abrió a raíz de tres denuncias por abuso, de las cuales a la Justicia Penal llegaron dos: la de la excatequista Carla Morales y el exmonaguillo Juan Carlos García. Pero el Arzobispado se negó a facilitar las actas amparándose en el Concordato que firmaron la Santa Sede y el Estado argentino en 1966. El mismo justificativo utilizó la jueza para rechazar el pedido de allanamiento.
Obeid reconoció que el juicio eclesiástico puede realizarse, pero "solo en la medida que la aplicación del Código de Derecho Canónico no suscite cuestiones que interesen al orden público nacional o que lesionen principios consagrados por la Constitución Nacional", requisito que no se habría cumplido en este caso. Dado que, señaló, los tratados internacionales como el de Derechos Humanos "sí tienen rango constitucional", y no estaría siendo respetado.
En la misma línea, Jorge Vanossi, jurista y uno de los que diseñó las bases de aquel acuerdo, señaló que el Concordato "no tiene rango constitucional", y que "el único aspecto al que refiere el Concordato es nada más que a la supresión del patronato". Sobre el secreto pontificio, indicó que "si hay un delito no puede haber secreto. El fiscal tiene derecho a acceder a un conocimiento documental o testimonial, y proceder con la acción penal pertinente".
Obeid criticó la negativa del Arzobispado y la calificó como "defensa a ultranza", y la comparó con la actitud que tuvo el Arzobispado de Entre Ríos, que en una causa de abuso facilitó la información. Resaltó además que va en contra de lo que manda la máxima autoridad de la Iglesia en estos casos: "Ha dicho el Sumo Pontífice que: "La verdad es la verdad y no debemos esconderla'".
Haciendo referencia a un fallo en Mendoza, Obeid criticó que la Iglesia, como "persona pública", no cumpla con "el deber de informar", y señaló que "la ONU fustigó el código de la Santa Sede, que sistemáticamente privilegió la preservación de la reputación de la Iglesia y el presunto ofensor sobre la protección de los niños".