El pasado 25 de octubre, el Dr. Gustavo Barbarán, especialista en Derecho Internacional, en este mismo medio, contestaba las declaraciones de Mdme. Aude Maio - Coliche, embajadora de la Unión Europea. La diplomática explicó que el Viejo Continente pretende declarar la región del Gran Chaco como un bien público de la humanidad.
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El pasado 25 de octubre, el Dr. Gustavo Barbarán, especialista en Derecho Internacional, en este mismo medio, contestaba las declaraciones de Mdme. Aude Maio - Coliche, embajadora de la Unión Europea. La diplomática explicó que el Viejo Continente pretende declarar la región del Gran Chaco como un bien público de la humanidad.
Con la claridad que lo caracteriza y su pericia en la materia, el Dr. Barbarán dejó al descubierto los intereses externos que aspiran a manipular una región de gran importancia geopolítica.
Barbarán también es contundente cuando afirma que en el derecho internacional no existe tal cosa del Bien Público Internacional.
En mi simple lenguaje de habitante que recorre todo el chaco argentino-paraguayo, lo traduciría en criollo: lo que es tuyo es mío y lo que es mío, es mío.
Llama mucho la atención que reconocidos especialistas del Gran Chaco como el ingeniero Jorge Adamoli, Albrecht Glatzle o profesionales de nuestra provincia, reconocidos internacionalmente, que no solamente estudiaron sino que vivieron en el territorio y que, entre otros lauros, fueron nombrados miembros de la Academia Nacional de Ciencias Agrarias de la Argentina, no hayan sido invitados a este Congreso del Chaco celebrado en Salta, al que sí concurrió la embajadora europeo.
Indudablemente nadie es profeta en su tierra.
Y el Gobierno de la provincia no es ajeno a esta estrategia.
De hecho, los millones de euros que ofrece la Unión Europea están destinados a las ONG como Pro Yungas que lidera el asesor del Dr. Juan Manuel Urtubey. Fondos destinados a importantes asesorías que bien podrían catalogarse de absurdamente inútiles para el bien común de la sociedad, no así para quien tiene como producto la asesoría, como Pro Yungas.
En tanto, en el territorio todo sigue igual; los corredores y áreas protegidas existen únicamente en los papeles y en los vacíos discursos que necesita el Gobierno para calmar los embates de estas ONG que necesitan del conflicto mediático para mantener vigencia y recaudar fondos.
También expusieron otros funcionarios sobre la experiencia en Salta sobre distintos aspectos como el manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) e infraestructura del Chaco salteño.
Sobre esta última cuestión, la realidad me exime de todo comentario. En lo que refiere al citado manejo de bosques, no existe siquiera normativa en la provincia que lo reglamente y a pesar de haberse creado el comité provincial del MBGI han pasado cuatro años sin que se avance en normativa alguna.
Podremos decir que existen distintos sistemas de habilitación de tierras como el desbajerado, silvopastoriles, pero de ninguna manera se los puede asociar al MBGI.
Todos, en diversa medida, son participes necesarios del "Desordenamiento Territorial de Bosques Nativos" que, de paso, lleva 10 años de atraso en la actualización que la ley prevé cada 5 años como mínimo.
Como salteño, no me opongo a brindar servicios ambientales a la Humanidad, pero parece lógico suponer que quienes sean compensados por dichos servicios sean los habitantes de nuestro Chaco y no las ONG profe sionales o los intereses externos.