La Cámara de Diputados salteña otorgó ayer media sanción a la ley que aprueba los compromiso que se añadieron al Consenso Fiscal que firmó el Gobierno nacional y las provincias.
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La Cámara de Diputados salteña otorgó ayer media sanción a la ley que aprueba los compromiso que se añadieron al Consenso Fiscal que firmó el Gobierno nacional y las provincias.
El proyecto, que envió el Ejecutivo a la Legislatura, fue tratado en sesión extraordinaria.
Con el complemento que se rubricó en septiembre pasado, las provincias que tuvieron equilibrio fiscal en 2018 podrán aumentar el gasto el próximo año. Además, se pone freno a un recorte en impuestos provinciales.
A su vez, el Estado nacional no aumentará el porcentaje del impuesto a las ganancias, pero se derogarán exenciones totales o parciales del impuesto a las ganancias para funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, así como exenciones sobre actividades de ahorro, de crédito y financieras.
La ley fue aprobada ayer por la mayoría oficialista de la Cámara Baja y se registraron 15 votos en contra.
El diputado del PJ Mario Vilca, titular de la comisión de Hacienda, puntualizó que la política que lleva adelante el Gobierno nacional es el endeudamiento.
Agregó que como consecuencia del nuevo endeudamiento con el FMI, uno de los puntos tiene que ver con equilibrar las cuentas publicas, pero que si no se alcanza ese objetivo, "sin duda, derivará en una situación de finanzas publicas muy complejas para los argentinos".
Dijo que el Estado nacional ha planteado un mix de alternativas que plantean, por un lado, la necesidad de incrementar los recursos y, por otro, la reducción de gastos.
El primer tema, agregó, está directamente vinculado con el pacto fiscal que se pidió acompañar a los gobernadores por mayor capacidad de ingreso a través de impuestos que gravan diferentes actividades.
Consideró que la presión tributaria va a ser muy grande para el pueblo argentino.
Sobre la reducción de gastos, dijo que se plasmó en el presupuesto nacional 2019 con la baja en la obra publica y con el traspaso de gastos corrientes a las provincias.
A la caída de obras en las provincias, sumó la eliminación del subsidio al transporte y de la tarifa social y también del fondo de la soja.
Vilca señaló que la ley en tratamiento es un complemento del consenso fiscal de 2017 y cuyos objetivos eran armonizar y promover el empleo, la inversión, el crecimiento económico y el impulso de políticas que posibilitaran el desarrollo económico del país.
Sobre el impuesto a los sellos en esta provincia, tras recordar que iba a decrecer hasta desaparecer en el 2022, dijo que esa acción se suspenderá por un año y habrá mayor capacidad de recaudación por parte de la Provincia.
Consideró que esa mayor recaudación debe tener mayor afectación a políticas sociales, a insumos hospitalarios, fortalecer copa de leche y a programas sociales.
Vilca señaló que el oficialismo cree importante garantizar las condiciones de capacidad contributiva y de coparticipación que pueda tener la Provincia y los municipios y de allí la importancia de acompañar la ley que envió el Ejecutivo a la Legislatura. La ley con media sanción será aprobada mañana por el Senado.
Sin alternativa
Dionel Ávalos
El diputado del PRS calificó al pacto como “un fracaso más del Gobierno nacional” y dijo que “la Provincia no tiene otra alternativa que acatar”.
Mario Vilca
Dijo que “el Estado nacional plantea un mix, exigiendo incrementar los recursos y, por otro, la necesidad de reducción de gastos”.
Silvia Varg
Consideró se trata de “otro impuestazo” e insistió que “la Cámara tiene 61 diputados con la asunción de la suplente por Rosario de la Frontera”.
La posición de bloques opositores
Los 15 votos en contra de la adenda del consenso fiscal fueron sostenidos a partir de fundamentos expresados por diputados de bloques opositores.
Julio Moreno (SST) criticó la ausencia de un plan de gobierno y dijo que solo se colocaron parches pasajeros en la economía de Salta. Dijo que con el ritmo de gasto público actual va a ser insostenible la situación nacional y provincial, y advirtió que “se establecen medidas que perjudican al pueblo y al sector empresarial”.
Claudio Del Plá (PO) señaló que el pacto fiscal y el presupuesto nacional están diseñados para recaudar, cumplir con los acreedores internacionales y “exprimir lo más que se pueda a las provincias; en Salta existen esquemas mentirosos: hay reducciones en el fondo de soja, pero se aumenta el boleto del transporte, reducción de carreras terciarias, precarización laboral”.
Desde UCPS, Guillermo Martinelli lamentó que no exista una alternativa por parte de la provincia al consenso fiscal y observó que el impuesto a la ganancia es cada vez más un impuesto al trabajo con el que se está quitando hasta lo último al trabajador. “Hace poco aprobamos un superávit del presupuesto provincial y ahora resulta que este acuerdo es indispensable para la economía salteña”, dijo.
Para el diputado Ramón Villa (PV) en el consenso fiscal “hay muchas medidas que atentan contra la calidad de vida de los salteños”.