Los antecedentes del gran fraude que sufrió la producción agrícola del sur de la provincia se remontan a mayo último, cuando Nutribras firmó un contrato para la adquisición de 10.000 toneladas de poroto negro.
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Los antecedentes del gran fraude que sufrió la producción agrícola del sur de la provincia se remontan a mayo último, cuando Nutribras firmó un contrato para la adquisición de 10.000 toneladas de poroto negro.
Las entregas se completaron en julio, a un valor de 450 dólares más IVA por tonelada. El valor de las legumbres despachadas a Venezuela rozó los 4,5 millones de dólares.
En principio, la firma presidida por Maximiliano Tieri cumplió con los pagos, pero desde fines de agosto los cheques diferidos comenzaron a ser rechazados por falta de fondos en las cuentas bancarias.
Intermediaria china
Nutribras responsabilizó por los incumplimientos a una empresa china, Sinograins Co Ltd, que había intervenido en las operaciones.
Ante el rechazo de los cheques, productores afectados iniciaron un largo peregrinaje hacia las oficinas comerciales de Nutribras, en Buenos Aires, para reclamar los montos impagos. Las idas y vueltas insumieron más de un mes sin ningún resultado.
La firma aprovechó ese tiempo para desplegar una maniobra que comenzó a quedar expuesta el pasado 31 de octubre, cuando Tieri solicitó la apertura del concurso preventivo en el Juzgado Nacional en lo Comercial 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese contexto, un reducido grupo de acreedores, entre los que se contaba Miguel Francisco Medina, titular de la empresa Agsof, le propuso a Tieri tomar la planta de Güemes como parte de pago de las deudas que, en sus casos, totalizaban unos $40 millones, según pudo reconstruir El Tribuno con diversas fuentes consultadas.
Ante la propuesta, el titular de Nutribras les manifestó entonces que “bajo ningún concepto” cedería esas instalaciones.
Poco después, sin embargo, Tieri suscribió con Medina un acuerdo que puso a Agsof al frente de la planta procesadora en la que la masa de productores afectados en Anta, Metán y Rosario de la Frontera ve alguna posibilidad de recuperar parte del dinero perdido.
Algunos radicaron denuncias penales por estafa y apuntaron a embargos. La mayoría consideró como mejor salida un esquema cooperativo respaldado por el Gobierno provincial.
Esta última alternativa fue presentada a Diputados el pasado 27 de noviembre, pero el mismo día en que ingresó la nota en la que se pedía a la Cámara Baja que interceda ante el Ejecutivo, Agsof publicó en internet un nuevo sitio con el que anunció que habilitaba al día siguiente su nueva fábrica de alimentos en la planta que Nutribras instaló, hace dos años, con medidas de estímulo concedidas por el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.
El primer contrato
Un contrato de promoción industrial, firmado por el exministro Javier Montero Sadir el 3 de agosto de 2016, le permitió a Tieri acceder a una exención total de los impuestos a las actividades económicas y de sellos por 8 años. Nutribras también recibió créditos fiscales por $3 millones. Se trata de certificados que sirven para cancelar impuestos y son transferibles, lo que permite negociarlos por dinero en efectivo.
A cambio de los sustanciales beneficios, Tieri se comprometió, entre otras obligaciones, a cubrir 14 puestos de trabajo.
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Incumplimientos
Con la cesación de pagos que declaró la empresa el 28 de agosto, esas fuentes de empleo quedaron en el aire.
Ese solo incumplimiento habilitaba al Gobierno provincial a reclamar por la vía de la ejecución fiscal la inmediata restitución de los millonarios montos implicados tanto en la exención de los impuestos como en los certificados de crédito fiscal, con las correspondientes actualizaciones, intereses y costas.
En uno de los puntos del contrato de promoción firmado en 2016 se estableció que ante cualquier incumplimiento a los compromisos asumidos por Nutribras, la cartera que encabezó hasta hace pocos días Paula Bibini demandaría la ejecución fiscal de las fuertes sumas implicadas ante el fuero civil y comercial de Salta. Por otra cláusula, la novena, se le prohibió a Nutribras “ceder o transferir por cualquier medio los beneficios otorgados, como así también las obligaciones emergentes”, con la única excepción de los créditos fiscales transferibles que debía reintegrar a la Provincia con dinero o en especie en diez años, con cinco de gracia, sin actualización alguna.
Para mantener los beneficios, la empresa tenía que cumplir todas y cada una de las obligaciones que asumió y abstenerse de cualquier cesión, como la que dejó a Agsof a cargo de la planta. En la cláusula novena se estipuló que el incumplimiento a la prohibición determinaría “la pérdida de los beneficios promocionales otorgados” y habilitaría la vía judicial.
Promoción adicional
Idénticas condiciones y restricciones se convinieron en un segundo contrato de promoción industrial con el que Nutribras accedió el 18 de julio de 2017 a otros $3 millones en certificados de créditos fiscales, para ampliar las líneas de procesamiento de legumbres en la planta del Parque Industrial de General Güemes, con la incorporación de otros seis puestos de trabajo permanentes.
Lejos de activar las correspondientes vías de cobro por ejecución fiscal, el ahora llamado Ministerio de Ambiente, Producción y Trabajo autorizó el contrato de alquiler que Tieri suscribió con Medina en noviembre.
Una movida que tiene aval oficial
El Ente de Parques y Áreas Industriales autorizó el pase de Nutribras a Agsof.
A lo largo de la semana pasada El Tribuno intentó obtener precisiones oficiales sobre el cambio de manos advertido en la planta de Nutribras, pero ninguna autoridad competente accedió al requerimiento periodístico. En medio de la convulsión provocada por la renuncia de Paula Bibini, fuentes del Ministerio de Ambiente, Producción y Trabajo confirmaron extraoficialmente a este diario que el Ente General de Parques y Áreas Industriales de la Provincia autorizó el controvertido contrato de alquiler en línea con una disposición adoptada por el Juzgado Nacional en los Comercial 3, a cargo de Jorge Sicoli, para mantener en pie la planta procesadora de General Güemes y los puestos de empleo afectados.
La apertura del concurso preventivo de Nutribras, que decretó el juez Sicoli, el jueves último, contiene medidas que contradicen el supuesto aval judicial. El polémico contrato de alquiler instaló un tenso clima en la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, entidad que es presidida por Miguel Francisco Medina, titular de Agsof y explotador de la planta con la que Nutribras dejó un tendal de agricultores defraudados con cheques sin fondos. Medina, además, es el nuevo concesionario de Salta Forestal, a través de Anta del Plata, grupo en formación en el que está asociado Diego Ruiz, de Paramérica, que se quedó con el ingenio San Isidro.
Otro capítulo que se suma a una saga escandalosa
El gran fraude de Nutribras ocupa a la Justicia en Salta y Metán.
La planta que ahora explota Agsof en General Güemes desató un escándalo el pasado 26 de octubre, cuando el hoy suspendido diputado provincial Kuldeep Singh se llevó maquinarias con su camión para cobrarse una deuda de $1,8 millones en cheques rechazados. En la causa, la jueza de Garantías 1 del Distrito Centro, Ada Zunino, ordenó la prisión preventiva del legislador por Rosario de la Frontera que perdió los fueros y de otros partícipes que están imputados por privación ilegítima de la libertad y robo calificado.
Los hechos habían sido registrados por las cámaras de seguridad del lugar y el fiscal penal Federico Jovanovics consideró al material fílmico como prueba suficiente para formular los cargos y pedir el desafuero del diputado.
En Metán
En Metán, tres productores afectados presentaron el pasado 21 de noviembre una denuncia contra Maximiliano Tieri y su esposa, Miriam Candia Ferrario, por estafa. Ambos son apoderados de Nutribras y firmaron más de 900 cheques, por $110 millones, que fueron rechazados por falta de fondos.
Mario Ezequiel Tedeschi, Federico Biurrun y Abel Eduardo Vico fueron defraudados con 71 cheques por un total $11.740.666. Así lo expusieron en la denuncia que recayó en la fiscal penal Susana Redondo y aún se encuentra en etapa de investigación preliminar. En la presentación, que se conoció a través del portal de noticias Código Abierto Metán, los denunciantes aclararon que, además de las 71 órdenes de pago detalladas en el escrito, fueron afectados con más cheques, por otros $17 millones, que no tenían en ese momento en su poder.
Recordaron los viajes que hicieron hasta Buenos Aires sin poder cobrar 2.600 toneladas de poroto. Manifestaron que durante las tratativas Tieri escrituró 4 departamentos a nombres de amigas de su esposa y que recibieron de la intermediaria china pagos que pusieron en una caja de seguridad para burlar a los acreedores. “Fue una maniobra fraudulenta premeditada”, afirmaron Tedeschi, Biurrún y Vico en la denuncia penal.