El Poder Ejecutivo promulgó la ley 8.124, que prorroga por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2019, los desalojos a familias rurales y pequeños productores.
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El Poder Ejecutivo promulgó la ley 8.124, que prorroga por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2019, los desalojos a familias rurales y pequeños productores.
Para ello, las dos cámaras de la Legislatura provincial modificaron el artículo 9 de la ley 7.658.
El texto establece que se suspenden por un año, a partir del 31 de diciembre de 2018, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial.
Con la nueva ley se procedió a modificar una vez más la medida original que fue establecida a través del artículo 9§ de la ley 7.658, sancionada en el 2010.
Esta ley dispone un programa de regularización de dominio y de asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales.
Además de establecer la confección de un registro, fija una serie de beneficios para el desarrollo productivo, agroindustrial y económico de estos sectores.
Durante el tratamiento de la ley, en la Cámara de Diputados se puntualizó que la medida abarca a todos los casos y se señaló que se trata de un tema que debe ser tomado muy en cuenta para que "no haya malas interpretaciones de jueces y que puedan perjudicar a los más vulnerables".
"Es indignante que los sectores de privilegio, los grandes terratenientes y latifundistas no paguen impuestos, mientras que tengamos que prorrogar una normativa para que los más vulnerables no pierdan sus pequeñas extensiones de tierras", señaló en el recinto el titular de la Cámara Baja, Manuel Godoy.
Pero también se emitieron mensajes para el Ejecutivo.
El diputado por Rivadavia, Jesús Villa, cuestionó la falta de avances con el programa de regularización de dominio y de asistencia que determina la ley 7.658.
"Desde el Ejecutivo pensaron que en seis meses se resolverían los problemas pero está a las claras que no es así y es por eso que debemos seguir insistiendo con estas prorrogas desde hace varios años", sostuvo el legislador, quien es promotor de la ley que se aprobó en el 2010 para resolver la situación de los pequeños productores.