En estos días los gremios estatales se sentarán a la mesa de las paritarias en Salta. Las perspectivas son sombrías. La inflación, que bajó menos de los esperado, y una economía privada que no termina de sentirse cómoda y segura con el gobierno de Cambiemos, genera un clima de insatisfacción que es perceptible.
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En estos días los gremios estatales se sentarán a la mesa de las paritarias en Salta. Las perspectivas son sombrías. La inflación, que bajó menos de los esperado, y una economía privada que no termina de sentirse cómoda y segura con el gobierno de Cambiemos, genera un clima de insatisfacción que es perceptible.
El "gradualismo", la estrategia a la que apuesta el gobierno de Mauricio Macri, tarda en ofrecer resultados. En la reunión del jueves pasado, el ministro Nicolás Dujovne les informó a Juan Manuel Urtubey, Fernando Yarade, Paula Bibini y Emiliano Estrada que "la frazada es corta, en serio".
El dato es contundente. Los déficit fiscal y comercial acumulados desde noviembre de 2011, cuando se instaló el famoso cepo cambiario, se tradujeron en una recesión que recién ahora comienza a ceder, pero Salta debió pagar este último verano cien millones de dólares de una deuda a la que debió apelar para pagar sueldos. Esa ayuda, probablemente, ya no esté disponible, pero es absolutamente seguro que no lo va a estar si las negociaciones paritarias de las provincias desbordan el austero 12% que estableció la Nación.
Para Salta la disyuntiva es muy dura. El 54% del total de sus ingresos se aplica a sueldos, y cada punto de aumento contribuye a incrementar el rojo de las cuentas.
Claro que para el trabajador estatal, que vive de su sueldo, lo primordial es que los acomodamientos de las tarifas y el aumento general de precios carcomen su salario y es complicado pedirle, en esa circunstancia, que comprenda la situación global y, sobre todo, asuma la promesa de Dujovne: un 2018 de austeridad para recomponer las cargas a partir de 2019.
No basta, para generar entusiasmo, la reducción de gastos oficiales y el congelamiento de los sueldos jerárquicos puesto en práctica en la provincia. Es cierto, y más fácil de entender, que el Estado no quiebra pero que no puede pagar más de lo que le dan las cuentas. Un dilema difícil que solo se puede resolver con un tacto que no abunda.
El problema salarial estatal es el problema de miles de familias salteñas, porque la provincia lleva décadas de constante desindustrialización. Más allá de los anuncios sobre los parques industriales, cuya real productividad y eficiencia nunca está clara, son muchas las industrias locales, abastecedoras de maquinaria y herramientas para el campo y la minería, que fueron cerrando sus puertas. Se calcula que esas empresas brindarían hoy cinco mil puestos de trabajo en Salta capital.
Pero la industrialización requiere políticas activas, que incluyen la creación de las condiciones para la inversión y la garantía permanente del Gobierno para que las empresas se mantengan en actividad. Nada de eso ha ocurrido en los últimos años.
El mesianismo ambientalista no solo entorpece la actividad rural sino que sataniza a la minería. Ambas son fortalezas naturales para la provincia. En nombre de valores que mucha gente considera nobles, no solo se cierran las puertas a las grandes inversiones sino que se destruyen puestos de trabajo y fuentes de producción.
La distancia, los fletes, la falta de infraestructura, la presión tributaria, los costos del crédito y los caprichos de los mercados son problemas a los que se suma la mitología verde.
Y el otro factor, que los empresarios denuncian, es un gremialismo anarquizado, con el que no logran negociar y que tira "demasiado de la cuerda".
El regreso de la violencia
El resurgimiento de un activismo violento, capaz de llevar a cabo acciones premeditadas, podría ser el primer paso para una fractura entre los gremios que cobijan esa metodología y una sociedad que sigue escaldada con la experiencia de los años setenta. Si alguien sospecha que la gente solo repudia a los militares represores, podría estar incurriendo en un error de cálculo.
En realidad, desde que le brindara su apoyo a Julio De Vido en el Congreso, da la impresión de que la izquierda radicalizada apunta a capturar una módica porción del voto cristinista, en la certidumbre de que la expresidenta ya es “pretérito pluscuamperfecto”.
En las acciones violentas, desafiantes y de alto impacto, el trotskismo y el kirchnerismo residual van de la mano.
Estas circunstancias políticas confluyeron en estos días al producirse la crisis de los dos ingenios azucareros de Salta. El sindicato del rubro avanzó con medidas de las que ahora deberán hacerse cargo los dirigentes. Campo Santo perdió la fuente de trabajo de 1.200 personas, aunque el grupo Gloria no venderá el ingenio.
En Orán, el despido de 181 empleados fue la alternativa para postergar el cierre de San Martín de Tabacal y el cambio de actividad de Seaboard, en rubros con rentabilidad sin tormentas. Ahora estalló el caos. Es posible que los incidentes aceleren un proceso que se viene anunciando hace años