La Justicia Federal del Salta tardó más de 10 años en resolver una tercera parte de los casos de privación ilegítima de la libertad agravada, denunciados en los departamento San Martín y Orán durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Al tratarse de causas variadas, dispersas y complejas, el juez Miguel Antonio Medina solo pudo concluir la investigación de 27 de los 82 hechos que conforman el expediente de marras. En tal sentido, procesó a siete exintegrantes de la plana mayor del Ejército, de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia.
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La Justicia Federal del Salta tardó más de 10 años en resolver una tercera parte de los casos de privación ilegítima de la libertad agravada, denunciados en los departamento San Martín y Orán durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Al tratarse de causas variadas, dispersas y complejas, el juez Miguel Antonio Medina solo pudo concluir la investigación de 27 de los 82 hechos que conforman el expediente de marras. En tal sentido, procesó a siete exintegrantes de la plana mayor del Ejército, de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia.
Por estar fallecidos, en la lista no figuran los principales jerarcas de la represión ilegal de aquella época. Se trata del general Héctor Ríos Ereñú (exjefe del Regimiento de Infantería 28 Tartagal) y del coronel Carlos Alberto Mulhall (exjefe de la Guarnición Ejército Salta).
A la cabeza de los imputados está, una vez más, el coronel Miguel Ángel Gentil, quien hasta el momento cuenta en su haber con una batería de condenas a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su desempeño como jefe de la Policía de Salta. Su reemplazante en el cargo, el también coronel (r) Virtom Modesto Mendíaz, es otro de los procesados por Medina.
El año pasado, en el juicio por la megacausa de la UNSa III, este militar fue sentenciado a perpetua. El comisario Arturo Madrigal y el comandante de Gendarmería Diego Varas aparecen de nuevo en escena por su desempeño como jefes en la comisaría de Embarcación y en el Escuadrón 20 Orán, respectivamente. Ambos estuvieron en el banquillo de los acusados en 2017, junto a Mendíaz, y fueron condenados a 4 y 5 años de prisión, respectivamente. El magistrado, además, procesó al coronel Ernesto Alejandro Repossi, quien se desempeñaba como segundo jefe del Regimiento de Tartagal y a los comandantes Pablo Ramón Caballero y Alfredo Wenceslao Montoya.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Moisés Villagrán, uno de los 300 detenidos la noche del 24 de marzo de 1976 por orden de Ríos Ereñú. La mayoría de los vecinos de Tartagal fueron sacados a punta de ametralladoras de sus domicilios y alojados en la unidad militar. Algunos fueron liberados horas más tarde y otros permanecieron días y meses en calidad de detenidos. Hubo casos como el de Eva Garnica, quien fue puesta a disposición del Gobierno nacional y la liberaron en 1982. En su resolución el juez Medina, con la intervención del fiscal Eduardo Villalba, determinó que en los casos investigados se probó que hubo un menoscabo a la libertad corporal de las víctimas, con el agravante de que las detenciones fueron dispuestas de manera ilegal, sin orden judicial.
"Las constancias obrantes en autos conducen a sostener que las conductas atribuidas a los imputados Repossi, Varas, Caballero, Montoya, Gentil, Mendíaz y Madrigal encuadran en las figuras de privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida con violencia y también por su calidad de funcionarios públicos", dice el fallo. En el caso de Repossi, debe responder por la prolongación indebida de las detenciones por más de un mes. Para Medina, la cantidad de víctimas, los hechos investigados, los pedidos de informes solicitados, las testimoniales en distintas sedes y demás medidas grafican la envergadura y la complejidad de la causa.
Hechos ocurridos hace más de cuatro décadas
Más de 40 años han transcurrido del último golpe militar. En su resolución el juez Miguel Medina deja entrever que por el tiempo transcurrido se dificulta la posibilidad de resolver todas las denuncias que figuran en el expediente. En el fallo que dictó a comienzo de este mes el magistrado pudo probar que hubo 27 casos que se enmarcan dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad. Los testimonios coincidentes de los denunciantes que atestiguaron en las distintas etapas del proceso confirman que los siete imputados fueron los responsables de la privación ilegal de las personas.
Para el magistrado resultó un indicativo de tal extremo lo manifestado por las víctimas en sus denuncias, señala en su resolución. Estas denuncias -según el juez- fueron corroboradas por las testimoniales de José Luis Molina, quien era militante de la Juventud Peronista; Héctor Julio Pereyra, periodista y dirigente gremial de Tartagal; Abraham Nicolás, auxiliar docente en la UNSa, sede Orán, y luego legislador provincial y Aurelia Vera, militante de la JP en el norte. Otra de las personalidades conocidas fue Juan Caballero (f), exintendente en la Municipalidad de Embarcación y su colega de Morillo, René Eugenio Vaca, además de Juan Domingo Romero y Antonio Salvatierra, funcionarios del municipio de Pichanal.
En su fallo el juez Miguel Antonio Medina señala, además, que esta circunstancia encuentra respaldo en una publicación del diario El Tribuno en relación a los detenidos de Tartagal. El título del artículo dice: “Están detenidas 57 personas en el Regimiento de Monte 28 de Tartagal”. Por su parte, sobre el mismo hecho, el diario El Intransigente tituló: “Detenidos en Tartagal”. En ambos periódicos figuran como detenidos muchas de las personas nombradas.
También consigna las declaraciones testimoniales prestadas por José Luis Molina, Marta Olga Juárez, Héctor Julio Pereyra, Abraham Nicolás Rallé, Eduardo Fernández Muiños y Aurelia Vera, en el marco de la causa por el caso “Fronda y otras acumuladas”.